Andinización de Santa Cruz

Hoy día, lo más plurinacional en términos de diversidad— se lo encuentra en Santa Cruz.
El límite del acercamiento occidental-popular masista hacia Santa Cruz, dice el exrector de la UAGRM y exministro, Reymi Ferreira, siempre ha sido “la perspectiva andina”. Hubo momentos y actores relevantes de mayor conexión, como el exvicepresidente Álvaro García Linera o el exministro de Gobierno, Carlos Romero, destaca el analista. Pero fatalmente, “los actores locales no los veían como locales, sino como de la parte andina del país”.

Ahora, al llamado “andinocentrismo” occidental, especialmente paceño, acaso haya que añadirle la persistencia de un cierto “desprecio” del paceño hacia el resto del país, destaca el sociólogo cochabambino José de la Fuente. No es nada inocente, deplora, por ejemplo, la usual expresión de “la gente del interior del país”, que cuando cruceños, tarijeños o cochabambinos llegan a una reunión en La Paz, del modo más natural se diga que “ya ha llegado la gente del interior”. No es inocente porque si una cara de la moneda es la subestimación del otro, “interior”, la otra cara es la sobreestimación de sí, del centro occidental.

Pero son los momentos de crisis cuando afloran las tendencias peores, desintegradoras, llamó la atención la politóloga Susana Bejarano en el Piedra, Papel y Tinta de la semana pasada.
“A mí me parece peligroso abonar el discurso como si Santa Cruz no perteneciera a Bolivia; Santa Cruz es Bolivia, como lo son los otros departamentos del país. Es peligroso porque abona sentimientos regionalistas, que luego no nos han llevado a buenos puertos”.

Para Bejarano, así como el “centralismo” gubernamental, radicado en La Paz, no deja de ser un hecho cotidiano, patente, sobre todo en la gestión pública, y que por esto la lucha contra el centralismo es una de las banderas de los cívicos cruceños, también puede ser el pretexto que está encubriendo las propias ineficiencias de la gestión pública local o departamental; a la fecha, uno de los defectos que más se le echa en cara al gobernador Luis Fernando Camacho es precisamente su baja ejecución presupuestaria en obras de inversión; de aquí la evidente instrumentalización del censo por parte de la élite cívica, que por unos meses de adelanto en su fecha se iban a resolver prácticamente todos los problemas de educación, salud y otros.

En la anterior entrega de Animal Político, el director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Rodrigo Puerta, hacía la significativa precisión de que casi toda la coparticipación tributaria municipal (el recurso estatal por el que se está luchando hoy día en la pelea por el censo lo antes posible) va a sostener a la burocracia edil y al funcionamiento de las alcaldías.

Ahora, con todo lo perjudicial que ha sido el paro indefinido por el censo en 2023, esta crisis ha revelado el momento verdaderamente histórico que vive el país, destacó en el mismo Piedra, Papel y Tinta, el comunicador y politólogo Manuel Mercado.

“Bolivia está pasando por un momento que no veíamos, quizás, desde principios del anterior siglo (el XX), justamente con el traslado del poder económico del sur, Potosí y Chuquisaca, hacia el norte, “federalista” aquella vez, paceño”. Un hecho que esa vez “nos ha costado una guerra civil”, destacó Mercado.

Hoy día es ese traslado hacia Santa Cruz centro económico es lo que está manifestándose, aunque no del mejor modo: el reclamo cívico ‘desde ahora, nada sin Santa Cruz’, no deja de tener su grado de objetividad.

Hoy, con sus particularidades, dice Mercado, “tenemos un centro económico muy pujante, muy legítimo; hoy lo más plurinacional, en términos de diversidad, se lo encuentra en Santa Cruz; creo que todos los bolivianos tenemos o una parte o la mitad de la familia en Santa Cruz”.
Es un nuevo crisol, “no mejor ni peor, sino diferente al que se ha constituido en La Paz”, destaca el politólogo. Pero he aquí un efecto central de todo esto: “esa innegable capacidad de atracción que tiene Santa Cruz está planteando al país la necesidad de redefinir muchos ejes de trabajo”, muchos ejes de la agendapaís.

Por este peso económico, poblacional y social de Santa Cruz, preocupa la actual dirigencia política cruceña, apunta el sociólogo De la Fuente. Es una “oligarquía que está enojada con el proceso político del MAS, porque han dejado de vivir del Estado, aun cuando siguen beneficiándose de la subvención del gas y otros”.

Una oligarquía enojada también en lo político, porque ha dejado de estar en el poder central. Antes del MAS, “siempre ha estado en el gobierno, desde el mismo (Víctor) Paz Estenssoro, es más, la reforma agraria no llegó a Santa Cruz. En estos 14 años han pasado a la segunda fila: más importante es Oruro, El Alto, y contra su racismo y la pérdida de poder, ‘no pueden razonar’”, asegura De la Fuente.

Preocupa la dirigencia por el práctico harakiri que el paro cívico indefinido significa para la economía y futuro cruceños.

Siempre se ha hablado de la migración hacia Santa Cruz, que por eso se reclama Censo-2023. Sin embargo, hay un hecho poco conocido y que recién se lo trata de cuantificar: la intensa migración de gente de tierras bajas, pero especialmente de Santa Cruz, hacia Chile, apunta el sociólogo, especializado en migración, Alfonso Hinojosa. “Santa Cruz urbana, Plan 3.000, ciudades intermedias, Montero, Warnes, muchísima gente está ligada a las cosechas en el centro y sur de Chile; en Santa Cruz mismo no se visibiliza esta salida de población”.

Desde el punto de vista demográfico, desde los 80 lo que hubo fue la “andinización” del departamento, asegura el sociólogo, aunque es un hecho complejo: en las últimas movilizaciones, recuerda Hinojosa, se pudo identificar que muchos jóvenes “son descendientes de collas, pero con un discurso muy fuerte anticolla”.

Sobre el calado social que puede tener la consigna del federalismo en el mismo departamento de Santa Cruz, Hinojosa es enfático al afirmar que no es “algo que venga “desde abajo”. Incluso a futuro mediato, dice el sociólogo, “no sé si sea un proyecto que tenga una capacidad de ser hegemónico”.

El ‘’federalismo” es más discurso de la élite. Otra cosa es, dijo, la demanda, que hay que tomar en serio, de la región chaqueña, en partes de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

(Desde un punto de vista sociológico, no viene al caso hablar de ganadores o perdedores luego del paro cruceño que duró 36 días y que culminó el 26 de noviembre. El proceso social y político boliviano continuará; en medio de ello, una crisis terminó y la vida sigue.

Lo relevante, para el conocimiento y el análisis, es lo que nos deja la crisis, al tratarse de un evento en el cual las cosas se presentan con mayor claridad. Emerge aquello que por lo general está sumergido.

Según René Zavaleta, las clases “aprenden las dimensiones de su poder y la eficiencia de su poder no desde los análisis previos, que son todos incompletos o presuntivos o totalmente inexistentes, como consecuencia de aquellos límites cognoscitivos de este tipo de sociedades (como la boliviana) en el momento de su quietud, sino a partir de su práctica; aquello que pueden y aquello que no pueden es lo que son”.

El sociólogo orureño continúa señalando que en la crisis ocurre “la súbita capacitación del sujeto, que es la clase, para conocer lo que antes le estaba vedado, de la presentación ‘llena’ de la sociedad, que antes no se presentaba, sino en su parte legalmente aceptada, pero que solo ahora se presenta como todo su número y, por último, la crisis como escuela, porque solo la clase que se ha preparado puede en ese momento conocer lo que ocurre”.

En el conflicto, que cesó al aprobarse la ley del Censo en la Cámara de Diputados, claramente hubo dos partes confrontadas, dos actores principales. De un lado, el Gobierno nacional y, del otro, el Comité Interinstitucional cruceño. El presidente Luis Arce y su gabinete ministerial comandaron de un lado las acciones. Tras ellos estuvieron el Ejecutivo y el MAS con su militancia, pero también con sus contradicciones y pugnas internas a cuestas.

Del otro estuvieron el gobernador, Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Pro Santa Cruz (CPSC), Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar. Fueron respaldados por buena parte de la sociedad cruceña, mayoritaria sobre todo en la zona central y norte de la capital cruceña.

Es necesario recordar sintéticamente cómo se llegó al conflicto, que luego derivó en crisis. El 21 de julio de 2021, el presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 4546, que estableció que el Censo de Población y Vivienda se realice el 16 de noviembre de 2022. A partir de entonces, ministros, funcionarios gubernamentales y del Instituto Nacional de Estadística (INE) fueron emitiendo declaraciones en las que aseguraron que el Censo estaba en marcha.

Confirmaron, una y otra vez, que se contaba con todo lo necesario y que el conteo poblacional se realizaría de acuerdo con la programación.

El 12 de julio se reunió el Consejo Nacional de Autonomías en la sede de gobierno. En la cita, las autoridades presentes y sin la participación del gobernador Camacho, determinaron recomendar que el Censo poblacional se realice “entre mayo y junio de 2024 y en fin de semana”, según informó el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz.

El 13 de julio de 2022 fue emitido el Decreto Supremo 4760, que modifica el 4546 y establece que el Censo “será ejecutado por el INE como máximo entre los meses de mayo y junio de 2024”.

Esta decisión fue súbita y la dirigencia cruceña reaccionó inmediatamente. Se realizaron dos paros cívicos en Santa Cruz. El primero, de 24 horas, se llevó a cabo el 25 de julio. El segundo, de 48 horas, tuvo lugar el 8 y 9 de agosto.

Por lo que se pudo entender, el objetivo del Gobierno fue postergar los resultados censales para evitar entrar en el debate de la redistribución de escaños y recursos en el escenario previo a las elecciones generales de 2025. Con esto esperaba ahorrarse complicaciones en temporada de campaña electoral.

Se inició un largo debate que incluyó reuniones y mesas de diálogo que no prosperaron. Sin embargo, la oposición logró posicionar efectivamente que no era admisible el retraso en la redistribución de escaños y recursos hasta luego de las elecciones generales de 2025. En el tiempo, el Gobierno nacional fue cediendo en esto y acabó concediendo que esto ocurriría en 2024. Pese a esto, la posición cruceña se mantuvo inalterable y porfió con que la fecha de realización del Censo debía ser, indefectiblemente, en junio de 2023. Esto fue ratificado por el cabildo del 30 de septiembre.

El paro estuvo precedido por declaraciones y acusaciones de uno y otro lado, se reprochaban mutuamente no buscar una solución dialogada. El paro comenzó, tal como estaba programado, el sábado 22 de octubre. Ese mismo día se produjo un encuentro entre una delegación presidencial y los tres líderes del Comité Interinstitucional. Se cumplieron los requisitos demandados por los dirigentes cruceños: fue en Santa Cruz de la Sierra y fue transmitido por televisión.

En esa reunión, el Gobierno nacional presentó una propuesta: Censo en abril de 2024 y resultados en octubre de 2024. La posición cruceña se mantuvo inalterable: Censo en 2023.
El 27 de octubre, el Gobierno nacional determinó el cierre de las exportaciones de aceite y harina de soya. La medida estuvo vigente por 48 horas y se destrabó con un diálogo.

Los días del paro indefinido transcurrían. El presidente Arce citó a una reunión de autoridades nacionales y subnacionales para el 28 de octubre en Cochabamba. No se lograron avances y las posiciones se mantuvieron inalterables. Camacho no asistió y el rector Cuéllar presidió la representación cruceña.

“Ninguna de las propuestas fue considerada. Ustedes saben que no era un escenario técnico, era un escenario eminentemente político. Lo que ha hecho el Presidente es recibir los insumos para que, en función de eso, tomar una decisión”, explicó la autoridad académica.

Ante los fracasos y la imposibilidad de alcanzar acuerdos, el presidente Arce convocó, finalmente, a reunión de mesas técnicas en Trinidad, con el objetivo explícito de definir ahí la fecha para el conteo poblacional. El viernes 4 de noviembre, en la capital beniana, se inició el trabajo. El rector Cuéllar nuevamente presidió la representación cruceña y el gobernador Camacho no asistió.

Las críticas a las mesas técnicas fueron constantes desde un inicio por parte de Cuéllar y otros miembros de la delegación cruceña. Finalmente, optaron por retirarse anticipadamente. La madrugada del miércoles 9 de noviembre culminó el trabajo y la conclusión fue recomendar que el Censo se realice en marzo o abril de 2024.

Esta reunión marcó un punto de inflexión en la actitud del Gobierno nacional hacia la dirigencia cruceña que impulsaba la protesta del paro indefinido en Santa Cruz. No volvió a insistir en el diálogo. A partir de entonces el conflicto dejó de ser comprensible como una disputa posible de resolverse con argumentos técnicos a una medición de fuerzas, con todo lo que ello implica. La ciudadanía cruceña quedó atrapada entre dos voluntades políticas contrapuestas y entregada a la anomia que se apoderó de las calles.

El destino del paro se selló en ese momento y se pudo constatar que sus organizadores no estaban en condiciones de mantener el control de lo que estaba pasando en las calles.

El MAS dejó de confrontar. Se dio un repliegue en las amenazas de cerco y de desbloqueos. La Policía fue reduciendo su presencia en las refriegas, que cada vez resultaron siendo menos.

El paro y la ciudad quedaron, prácticamente, en manos de los organizadores de la movilización. Las contradicciones entre los tres liderazgos del Comité Interinstitucional comenzaron a aflorar, empeorando el descontrol y la falta de dirección.

Se dio la escasez de combustible, que afectó a todos por igual. Ahí se vieron perjudicados sirios, judíos, moros y cristianos. Esto forzó a que afloje la dureza del paro, para por lo menos mantener activas las diferentes cadenas de abastecimiento para la población.

El paro como tal comenzó a mostrar su lado más negativo, perjudicial y autodestructivo. La capital cruceña se volvió el escenario irreal de una película distópica postapocalíptica. Los ánimos comenzaron a caldearse a niveles muy altos, con ciudadanos entrando en actos de violencia incomprensibles en otras circunstancias.

El 13 de noviembre, con 23 días de paro indefinido a cuestas, se llevó a cabo el segundo cabildo de este ciclo de conflictividad. Se plantearon cinco preguntas. La primera fue la siguiente: ¿Están todos de acuerdo en instruir a nuestros legisladores para que de manera inmediata gestionen la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del Censo antes de las elecciones de 2025.

Este fue recién el punto de inflexión en la posición cruceña. Se dejó de demandar que el Censo se realice en 2023 y se concentró el reclamo en que los resultados se apliquen, en cuanto a la redistribución de escaños, en los comicios nacionales próximos.

Con esto, se aceptaba de manera directa y a letra muerta, la propuesta hecha por el Gobierno nacional el sábado 22 en Santa Cruz, en la reunión televisada solicitada por los tres líderes del Comité Interinstitucional, en la que se les ofreció exactamente eso.

La segunda pregunta decía: ¿Están de acuerdo en delegar al Comité pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional que en el marco legal y democrático revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano? Hasta hoy no se registra ningún avance concreto en ese sentido.

Las preguntas tres y cuatro se dirigieron a los otros ocho departamentos.
Se planteó “reclamar y exigir” que “se unan a esta lucha”. Les dieron un plazo de 72 horas para plegarse “formalmente” y “con medidas efectivas”.

En cada día que llevaba el paro hasta entonces estaba presente la esperanza de que, de algún modo casi milagroso y ya pronto, el resto de Bolivia se uniría a Santa Cruz en su cruzada.
En ese momento, todos los bolivianos serían liderados por los tres ilustres cruceños hasta el dorado paraíso del Censo en 2023.

Pasó todo lo contrario, tal hecho no se dio en ningún momento, pese a los denodados y constantes esfuerzos de líderes opositores en todos y cada uno de los ocho departamentos.
Esto puso en evidencia una lección fundamental que deja la crisis: el cruceñismo es muy potente en la capital cruceña, sobre todo, en las zonas central y norte, pero es absolutamente inútil e impresentable en el resto del país. Esto deja una tarea para la investigación social, porque el camachismo, que expresa la versión de esa dirigencia del repertorio regionalista, tampoco se mostró capaz de entender, menos de comunicarse o entrar en contacto con la población cruceña migrante que vive mayoritariamente en los barrios populares de los cuadrantes este, oeste y sur de la capital.

Tampoco alcanza para relacionarse con municipios como Yapacaní, Cuatro Cañadas, La Guardia, Mairana y tantos otros.

Más aún, el estilo político del camachismo, puesto en evidencia mediante la conminatoria al resto de departamentos a quienes se les dio un ultimátum para cohesionarse bajo su conducción, no solo es burda e irrespetuosa, sino que está profundamente reñida con cualquier idea mínima de cultura democrática.

Dicho de otro modo, la conducción de la protesta por parte de Luis Fernando Camacho tensionó al máximo al propio regionalismo cruceño. El líder de Creemos llevó a este discurso y sus valores hasta el límite de sus posibilidades.

La creencia al respecto es que esta visión encarna lo bueno existente en el mundo y que, si es bien entendida, será abrazada por todos y que la clase dirigente que la sustenta podrá sustentarse en el poder en paz y sin cuestionamientos.

Si bien existen grupos importantes de la sociedad cruceña que impulsan y aceptan estas creencias, quedó en claro que eso no es así para el resto, dentro y fuera de Santa Cruz
Quedó demostrado que, en adelante, para cualquier Gobierno instalado en la Casa del Pueblo, Santa Cruz constituye una realidad compleja, nada fácil, pero que no puede ser pasada por alto y debe gestionarse, si se quiere gobernar en paz.

El MAS en Santa Cruz no ha logrado enraizarse. Es visto como un proyecto foráneo, sobre todo, en la capital. El Gobierno también mostró que no cuenta con un equipo que le esté conduciendo a abrirse espacios en la sociedad cruceña urbana. Las ocasionales reuniones con grupos empresariales son necesarias, pero en modo alguno constituyen alianzas políticas sostenibles en el tiempo.

El último cabildo dejó un desafío: revisar la relación entre Santa Cruz y el resto del país. Es algo necesario para unos y otros. Significa, para las dirigencias cruceñas, que deben dejar de pensar en el resto como masas inferiores a las que pueden someter o frente a quienes pueden imponerse a punta de ultimátum. Abre también la necesidad de pensar de qué se trata esa Santa Cruz de la que se habla. El Gobierno, la autoridad mayor en el país, tiene ahora la palabra y la oportunidad de volver a imaginar su relación con las sociedades cruceñas, sobre todo con las clases medias urbanas.

La quinta pregunta del cabildo era: ¿Están de acuerdo en mantener el paro hasta que dentro de 72 horas sean liberados los ciudadanos detenidos ilegalmente en el ejercicio de su derecho a la protesta y se garantice el fin de la persecución judicial contra el pueblo y sus dirigentes?
El cabildo, con claridad apuntaba ya en ese momento a que tenga un desenlace y se daba un plazo para esto. En el plazo de las 72 horas se liberó a 15 de 17 detenidos por actos de violencia que se registraron y que incluyeron la quema de la sede de los campesinos en la capital cruceña. Al forzar la implementación de la movilización y con las promesas maximalistas y colmadas de apelaciones religiosas que fueron hechas en el transcurso de los días, no les era posible desescalar.

Se impuso la necesidad fáctica de contar con algún resultado posible para mostrar, a menos simbólicamente.

El lunes 21 de noviembre se filtró un audio en el que se escuchaba a parlamentario de Creemos en reunión con el rector Cuéllar, discutiendo quién iba a informar que no iba a lograr imponerse la posición del Censo 2023 en la ALP.

La cuestión no era ya ni las consideraciones técnicas sobre el Censo ni la pulseta con el Gobierno, sino cómo se iban a repartir las responsabilidades por no entregar el paraíso prometido del conteo poblacional en 2023.

De pronto, contar con una ley se convirtió en la salida desmovilizadora posible. Ya no estaba en cuestión lo que diga la misma. El miércoles 23 de noviembre, Luis Fernando Camacho declaró que “el tema de la fecha (del Censo) vendría a ser el concho, pero no vendría a ser lo determinante”. Indicó que se alcanzó el 90% de lo demandado y pidió a los parlamentarios dar celeridad al tratamiento de la ley.

La madrugada del sábado 26 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó la ley que establece la entrega de los resultados censales en septiembre de 2024. Al mediodía, Rómulo Calvo anunció el fin del paro indefinido.

El maestro rural y sindicalista Pedro Castillo ha tenido una presidencia convulsionada.
Desde un inicio enfrentó los intentos de la derecha parlamentaria, bloque en el cual ha predominado la ultraderecha, para destituirlo. Pero también se debilitó por el abandono de las propuestas de cambio que despertaron muchas esperanzas, las serias falencias de su gestión, reiteradas muestras de inoperancia, cuestionados nombramientos y escándalos de corrupción.

Fueron cuatro intentos para sacarlo de la presidencia antes que Castillo decidiera dar un golpe contra el Congreso, intentando cerrarlo en una decisión inconstitucional que fracasó.

Castillo ganó sorpresivamente las elecciones de 2021. En unas elecciones atomizadas pasó a la segunda vuelta con 19 por ciento de los votos y en el balotaje derrotó ajustadamente a Keiko Fujimori. Hasta ese momento era un personaje ajeno a la clase política, que se había hecho conocido por encabezar una larga huelga magisterial en 2017.

De origen campesino y andino, la mayoría de los sectores históricamente excluidos se identificaron con él, lo veían como uno de los suyos llegando por primera vez a la presidencia.
Ganó las elecciones con un discurso de cambio del modelo económico neoliberal y reivindicación de esos sectores marginados. Y con la promesa de convocar una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución neoliberal heredada de la dictadura fujimorista. Esas promesas no se cumplieron. Castillo mantuvo el discurso de cambio, pero no aplicó medidas de gobierno para llevarlas a la práctica.

Y la Asamblea Constituyente no pudo despegar por la oposición del Congreso controlado por la derecha.

Acoso de la derecha. La derecha intentó desconocer el legítimo triunfo electoral de Castillo aduciendo un inexistente fraude electoral. Ese primer intento golpista de impedir que asuma la presidencia fracasó. Pero los ataques no cedieron. Desde el primer día de su gobierno, esa extrema derecha maniobró para destituirlo.

Castillo asumió con minoría en un Congreso controlado por diversos grupos de derecha. Ganó las elecciones como candidato del partido Perú Libre (PL), que se define como marxista- leninista, aunque Castillo siempre negó ser comunista. Su gobierno se inició como un frente progresista, al que se sumaron otros sectores de izquierda ajenos a PL. Pero las divisiones internas estallaron rápido y en seis meses se rompió ese frente.

Luego fue separado de PL. Se rodeó de un entorno que lo aisló políticamente y lo complicó seriamente con sucesivos escándalos de corrupción.

Cuando apenas había cumplido cuatro meses de gobierno, la ultraderecha presentó un primer pedido para destituirlo alegando “incapacidad moral permanente” del presidente por denuncias de corrupción que estaban en investigación.

Esta ambigua figura se presta para la arbitrariedad si se tienen los votos necesarios.
Las denuncias contra Castillo estaban basadas en testimonios no corroborados. Con 46 votos, ese primer intento de destitución quedó lejos de los 87 necesarios, dos tercios del Congreso unicameral, para ser aprobado. En marzo, la derecha volvió a intentar sacar al presidente por la misma causa y los mismos argumentos. Volvió a fracasar al lograr solo 55 votos.

En octubre la Fiscalía presentó al Congreso una denuncia contra Castillo acusándolo de encabezar una organización criminal para direccionar licitaciones públicas.

La acusación se sustenta en testimonios de exfuncionarios de su gobierno y empresarios que sindican a Castillo de cobrar sobornos.

Los acusadores de Castillo están siendo procesados por corrupción y han canjeado sus testimonios acusatorios contra el presidente por beneficios judiciales.

Esta denuncia fiscal dio lugar a que en el Congreso se le abra un juicio político, otro camino para destituirlo, a pesar de que la Constitución no permite acusar a un presidente en ejercicio por los delitos que la Fiscalía imputa a Castillo; solo puede ser procesado por traición, cerrar inconstitucionalmente el Congreso o impedir las elecciones.

Con base en esta denuncia fiscal, la oposición parlamentaria armó un tercer proceso de destitución del mandatario por “incapacidad moral permanente”, que se debía ver este miércoles, pero antes Castillo cerró el Congreso. Había una gran incertidumbre si se alcanzarían los 87 votos para destituirlo.

Acusación absurda. Antes de este tercer pedido de destitución, la oposición parlamentaria le abrió a Castillo otro juicio político, en este caso por traición a la patria. Una acusación absurda, sin fundamento, basada en una declaración periodística del mandatario en la que expresó su simpatía con la demanda de Bolivia de una salida al mar y habló de la posibilidad de un referéndum para consultar a los peruanos si respaldan esa demanda, lo que nunca se llevó a la práctica. A pesar de lo insólito de esta acusación, una comisión parlamentaria la aprobó en primera instancia, pero el Tribunal Constitucional anuló ese proceso señalando que no tenía sustento.

Otra maniobra en el Congreso para sacar a Castillo fue aprobar hace unos días una norma que permite “suspender” al presidente por incapacidad temporal con 66 votos en lugar de los 87 necesarios para la destitución. La Constitución permite una suspensión temporal del presidente, pero referido a problemas de salud u otros que le impidan ejercer temporalmente la presidencia. La derecha pretendía aplicarla alegando las denuncias de corrupción contra Castillo. Era el Plan B de la derecha si no lograban los 87 votos para la destitución por “incapacidad moral permanente”.

En ese contexto de acoso de la derecha, y de serios problemas y debilidades de su gobierno, y denuncias de corrupción en su contra, Castillo apostó por contraatacar anunciando el cierre del Congreso —con lo que cayó en el golpismo que le criticaba a la derecha— pero se quedó solo y ha terminado detenido.(*) Corresponsal en Perú de Página 12 de Argentina. Artículo tomado del portal Other News. Voz en contra de la corriente.