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BOLIVIA

Bolivia busca subirse al tren del litio – Página/12

Bolivia posee alrededor 21 millones de toneladas métricas de litio en el salar de Uyuni (Potosí) cuantificadas por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), según un reporte de enero de 2021. Hace casi un año, el gobierno boliviano relanzó su estrategia para exportar litio con valor agregado, incluyendo a dos salares adicionales al salar de Uyuni: Pastos Grandes (Potosí) y Coipasa (Oruro).
En un país en el que durante mucho tiempo se ha priorizado el control estatal sobre el litio y otros recursos naturales, sobre todo bajo el gobierno de Evo Morales, la estrategia del año pasado supuso una ligera ruptura hacia una convocatoria internacional para trabajar con empresas privadas extranjeras que buscan utilizar métodos de extracción directa de litio (EDL). Según explica Gonzalo Mondaca, investigador de la temática Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), los EDL son «un conjunto de tecnologías que utilizan desde resinas absorbentes, solventes y también otros materiales como filtros o membranas especiales para acelerar el proceso de extracción del mineral».
En junio pasado se conocieron los nombres de las seis empresas y asociaciones que están en carrera para trabajar con Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), empresa estatal responsable de su explotación, en la extracción directa de litio. Son Brunp, filial del fabricante de baterías CATL, junto a China Molybdenum (CMOC); el grupo CITIC Guoan, junto al China Railway International Group (CRIG); el grupo Xinjiang TBEA y Fusion Enertech, también de China. La estadounidense Lilac Solutions y la rusa Uranium One Group completan la lista.
El próximo paso es reunirnos con las empresas para plantearles nuestras condiciones soberanas respecto al litio”, dijo el presidente de la empresa estatal, Carlos Ramos, y además explicó que se podría trabajar con más de una firma a fin de acelerar la industrialización.
El cambio de estrategia es significativo por varias razones. Una de ellas es que las instalaciones construidas en el salar de Uyuni son muy diferentes a las que necesitan las tecnologías EDL. También se necesita claridad sobre cómo se van a gestionar los residuos después del proceso de extracción de litio. Y lo más importante: ¿cuánta agua dulce se va a utilizar en el proceso?
Desde el punto de vista técnico, Juan Carlos Zuleta, analista de la economía del litio y exgerente ejecutivo de YLB, explica que si bien se conoce el tipo de muestras que se entregó a las empresas para las evaluaciones, no se sabe en qué etapa del proceso de evaporación solar se calcularon las tasas de recuperación de litio ni la eficiencia total de cada firma.
De acuerdo a las condiciones de Uyuni, las tecnologías EDL tendrían que aplicarse utilizando un modelo híbrido, consistente en el uso de salmuera extraída en alguna etapa del proceso de evaporación solar. En experiencias similares realizadas en China, donde dicho sistema híbrido se usa desde 2017, se observa que las tasas de recuperación total de litio no superarían el 59 por ciento, lo cual contradice lo expuesto por el presidente de YLB, quien había anunciado que las seis empresas seleccionadas reportaron una tasa de recuperación de litio “mayor al 80 por ciento».

Respecto a la extracción y procesamiento del litio y otros recursos evaporíticos en los salares de Pastos Grandes y Coipasa, incluidos en la nueva estrategia boliviana, «habría que pensar en construir nuevas infraestructuras, con costos que están alrededor de 900 a mil millones de dólares», indica Zuleta.
Los esfuerzos bolivianos para la explotación del litio datan de hace más de 30 años. Están muy ligados a la lucha social del pueblo potosino, la región minera por excelencia desde la época colonial, por mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El departamento situado al sur del país genera cerca de 2 mil millones de dólares en exportaciones cada año, con un 88 por ciento procedente de la minería. Pero paradójicamente, cuenta con los mayores porcentajes de pobreza, según datos de la Cepal.
«Nosotros somos los dueños de los minerales, pero nos quedamos con miserias y contaminación», sostiene Roxana Graz, presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo). La apreciación de Graz tiene que ver con que desde la década de los ’80, los gobiernos bolivianos han intentado firmar contratos con empresas extranjeras, casi siempre con desventajas económicas, según refiere el estudio “Un presente sin futuro. El proyecto de industrialización del litio en Bolivia”. El último intento fue en 2019, cuando en el gobierno de Evo Morales se tuvo que anular contratos con firmas de Alemania (ACI Systems) y China (Xinjian Tbea) debido a las protestas potosinas por regalías y mejores condiciones para el país. De hecho, el ahora exmandatario atribuye su derrocamiento a intereses foráneos por controlar el mineral.
Fruto de las demandas constantes y con el fin mantener el control sobre los recursos minerales, se modificaron y promulgaron leyes como la Minera (2014) y la Ley de Creación de Yacimientos de Litio Bolivianos-YLB (2017) que dejan por sentado que todo proceso de extracción e industrialización deben estar a cargo del Estado.
En 2008, durante la presidencia de Morales, Bolivia incursionó en la industrialización del litio con un préstamo de 771 millones de dólares por parte del Banco Central de Bolivia. Actualmente, el país cuenta con una planta industrial de cloruro de potasio, que costó al Estado 188,1 millones de dólares, y se espera que pronto termine la construcción de la planta industrial de carbonato de litio, que costará 111,1 millones de dólares, también con fondos propios. Ambas están en el salar de Uyuni.
En una entrevista con el canal estatal, el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez, mencionó que durante el 2021 se produjeron alrededor de 990 toneladas de carbonato de litio, por las que se recibió 75 millones de bolivianos, equivalente a 11 millones de dólares.
El carbonato de litio es materia prima fundamental para la fabricación de baterías de equipos electrónicos, entre ellos vehículos eléctricos. En tanto, el cloruro de potasio, es uno de los componentes del NPK, un fertilizante muy completo, conformado por Nitrógeno, Fósforo y Potasio.
Diego Von Vacano es profesor boliviano de ciencias políticas de la Universidad Texas A&M en Estados Unidos. Como ex asesor informal del presidente Luis Arce en temas de litio, ve con buenos ojos que haya empresas de tres países -China, Rusia y Estados Unidos- con diferentes ideologías políticas en este nuevo proceso con tecnologías EDL. Sin embargo, advierte que el contexto geopolítico, marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania, complica el panorama. «Yo creo que Bolivia debe tener algún tipo de acuerdo con Rusia, pero no estoy muy seguro de que el litio sea el rubro correcto», considera. 
Las compañías chinas cuentan con la ventaja relativa de que el país asiático controla casi todo el mercado global del litio. “Habría que cuidar que las empresas chinas no estén en Bolivia solo para manejar el precio mundial del litio”, advierte. En el caso de Estados Unidos, la empresa en carrera todavía no cuenta con mucha experiencia en el sector litífero.
Lejos de la perspectiva del mercado mundial, Roxana Graz, la dirigente que representa a los potosinos, lamenta que en los 14 años que lleva el primer proceso de industrialización “se tarda mucho y ahora quieren hacerlo rápido (mediante EDL), pero sin conocimiento ni información. Han hecho todo top secret y han gastado mucho dinero”, asegura Graz, que además reclama que “la lucha por los recursos naturales de Bolivia es ahora”.
*Universidad Mayor de San Andrés. Este artículo fue publicado originalmente en Diálogo Chino.
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