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BOLIVIA

Bolivia compite con al menos 74 países en la venta de quinua – La Razón (Bolivia)

Monday 29 Aug 2022 | Actualizado a 08:42 AM
Nacional
Monday 29 Aug 2022 | Actualizado a 08:42 AM
El principal competidor de Bolivia continúa siendo Perú, que en 2021 comercializó 51.598 toneladas del cereal por un valor de $us 104,8 millones.
Quinua en el altiplano paceño.
Por Yuri Flores
Imagen: ARCHIVO LA RAZÓN
/ 29 de agosto de 2022 / 03:20
Al cierre de 2021, el número de países exportadores de quinua llegó a 75, por lo que Bolivia compite con al menos 74 naciones. Aunque algunas comercializaron menos de una tonelada por un valor inferior a $us 1.000.
De acuerdo con los datos del Centro de Comercio Internacional (International Trade Centre, por su sigla en inglés ITC), procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y facilitados a LA RAZÓN, el año pasado, el número de Estados europeos que exportaron el grano se incrementó (más datos en las infografías).
El principal competidor de Bolivia continúa siendo Perú, que en 2021 comercializó 51.598 toneladas del cereal por un valor de $us 104,8 millones. En cambio, Bolivia alcanzó las 28.158 toneladas por $us 61,7 millones. Eso muestra que el país exportó en volumen un 45,4% menos que la nación vecina y un 41,1% menos en valor.
Desde 2017, otros mercados como Países Bajos, Estados Unidos, Alemania, España, Canadá, Italia, Francia, Bélgica, Ecuador, India, Austria, Eslovenia, Israel, Reino Unido, Suecia, Bulgaria, Polonia y Rusia también empezaron a cultivar y exportar la quinua.
Hasta antes de 2013, Año Internacional de la Quinua, el número de países exportadores llegaba a 17, que era liderado por los Estados andinos sudamericanos: Bolivia, Perú y Ecuador, donde crece naturalmente el cereal.
AÑO.
Mediante la Resolución 66/221, del 22 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), declaró a 2013 Año Internacional de la Quinua en reconocimiento de los pueblos andinos que habían mantenido, controlado y protegido la quinua como alimento para las generaciones actuales y venideras.
Además, se realizaron degustaciones en las que se promovieron el cereal y su valor nutritivo en Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, China, Colombia, Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Hungría, Indonesia, Italia, Jamaica, Japón, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Marruecos, Nicaragua, el Níger, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Perú, República Dominicana, Suiza, Tayikistán y Uruguay, donde, en la mayoría de esas naciones, se cultiva y exporta el alimento.
El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, lamentó el incremento de países productores en el mundo, que creció en casi seis veces más, ya que eso afecta a la producción nacional del cereal andino y resta los mercados de exportación.
“El sector quinuero (boliviano) es un sector que está atravesando muchas dificultades en el contexto global que se ha modificado, han cambiado las reglas del mercado. Cuando nosotros alentamos el Año Internacional de la Quinua en 2012, 2013, solamente habían 17 países productores, ahora más de 100 países producen. La quinua ha llegado a países como España, uno de los principales países proveedores para la Unión Europea, entonces han ido perdiendo mercado. Y eso es una situación difícil”, complementó.
Indicó que eso redujo las exportaciones de quinua en los últimos años, lo que afectó a los productores del cereal, principalmente en la zona andina del país.
En esa línea, el gerente general de Quinoabol, Raúl Véliz, afirmó que la reducción de las ventas de quinua al extranjero se debe a que en suelo boliviano hay una baja productividad, ya que por hectárea se produce hasta una tonelada y media de este alimento, mientras que en otras naciones, principalmente en Europa, la producción alcanza hasta las cinco toneladas por hectárea.
“Estas cosas son las desventajas que tenemos como Bolivia y por eso es que estamos cayendo año tras año en las exportaciones, el mercado mundial no ha bajado, lo que pasa es que otros están copando el mercado”, remarcó.
Añadió que otra de las razones para la reducción en las exportaciones es la poca promoción que se realiza por parte del Gobierno para hacer conocer al mundo las bondades de la quinua boliviana.
“Entonces falta una promoción, publicidad, ahí el Gobierno central tiene su parte, debería hacer una promoción como lo hace ProPeru”, dijo Véliz a LA RAZÓN.
Consideró que el ingreso de nuevos productores al mercado de la quinua, principalmente provenientes de los países europeos como España y Francia, afecta a las ventas al exterior desde Bolivia.
Otro factor, continuó Véliz, es que la quinua convencional boliviana es el doble de lo que ofrecen los productores europeos.
“Otro problema grande es que Europa ha empezado a producir quinua convencional, España, Francia sobre todo. España está ofreciendo quinua a Estados Unidos a un precio de 800, 900 dólares la tonelada, nosotros no podemos vender a ese precio, estamos ofreciendo a un precio de 1,600, 1.700 dólares la tonelada de quinua convencional, entonces ahí es una desventaja grande”, indicó.
SITIAL.
Hasta 2014, Bolivia se mantenía como el primer exportador mundial de este grano, mientras que Perú ocupaba el segundo lugar. En esa gestión, las ventas nacionales alcanzaron los $us 196,64 millones, frente a los $us 153,26 millones obtenidos por el país vecino, de acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística.
El factor precio influyó ese año para que el país ocupe el primer lugar en ventas, porque en volumen la producción peruana superó a la nacional. La diferencia fue de 5.240,51 toneladas más exportadas por la nación vecina. En volumen total, los productores peruanos exportaron 34.745,98 toneladas y los bolivianos, 29.505,47 toneladas.
Un sector de los productores de quinua del sur del altiplano del territorio nacional determinó asumir medidas de presión, como el bloqueo de caminos con un “tractorazo”, ante falta de atención por parte del Gobierno por la disminución en la exportación del cereal.
Ante esa medida, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, se reunió con representantes de productores de quinua del país y se acordó la conformación de mesas de trabajo para viabilizar la reactivación de este sector productivo.
La autoridad dio a conocer que se coordina con representantes de la Cámara Nacional de Productores de Quinua las acciones para fortalecer la producción del grano en el territorio nacional.
“Se necesita los insumos para saber sobre qué vamos a trabajar (…). Hasta 2025 queremos saber los caminos por dónde va a ir el sector de la quinua y ustedes sepan qué políticas vamos a sacar como Gobierno y cualquiera que venga sepa qué caminos seguir”, dijo Gonzales en el encuentro con los productores de quinua, que se llevó a cabo la semana pasada.
Se conformaron 10 mesas de trabajo con representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), para definir los lineamientos de manera coordinada, para reactivar y apoyar al sector de pequeños productores de quinua. El sector quinuero identificó al menos cuatro factores que afectan a la exportación del cereal: la baja productividad, la falta de promoción, altos precios del grano que se ofrecen en el mercado internacional y nuevos países productores, los que redujeron las exportaciones de la quinua boliviana. En el primer semestre de 2022 se exportó 12.302,2 t por $us 25,2 millones. Mientras que a igual periodo de 2021 se vendió 13.699 t del cereal por $us 30,3 millones.
Empieza la quinta semana de pugnas entre dos sectores de productores de La Paz.
Los vecinos continúan con las barricadas para protegerse de nuevos enfrentamientos.
Por Judith Ochoa , Luis Mealla y Roberto Guzmán
Imagen: roberto guzmán
/ 29 de agosto de 2022 / 03:38
Comienza la quinta semana de conflictos en la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, en medio de tensión, protestas de vecinos y convocatorias para analizar nuevas medidas de presión. No hay señales de diálogo.
Por una parte, Freddy Machicado, quien lidera el bloque de cocaleros del mercado de Villa Fátima, convocó a todas sus bases a una reunión para esta jornada, con el objetivo de definir nuevas acciones con el fin de lograr el cierre definitivo del “mercado paralelo” que abrió Arnold Alanes, otro dirigente del sector, en Villa El Carmen, donde sigue con la comercialización.
Asimismo, las bases que respaldan a Alanes demandaron que se respete esa directiva y “se reconozca el nuevo mercado”, además que se declararon en “estado de emergencia” ante los anuncios y amenazas hechas por Machicado.
Ante este escenario, el Gobierno convocó en reiteradas oportunidades a ambos sectores para dialogar; sin embargo, los encuentros fracasaron, pues Machicado afirmó que solo dialogará con dirigentes “legalmente reconocidos”.
CONCERTACIÓN.
Ayer, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, insistió en que este conflicto debe resolverse por la vía de la concertación; no obstante, dejó en manos de los dirigentes cocaleros la convocatoria para un nuevo encuentro.
“Como Gobierno, vamos a estar atentos a que nos den la posibilidad de que están predispuestos a sentarse a dialogar y en cuanto así lo hagan, nosotros inmediatamente vamos a convocar al diálogo (…) los mecanismos son netamente entre ellos”, afirmó la autoridad gubernamental en declaraciones a la televisora estatal.
Asimismo, Gonzales explicó que la Ley General de la Coca reconoce el mercado Adepcoca en el departamento de La Paz, y que todos sus socios están autorizados para poder comercializar la hoja, hacer la transacción y están regulados, por lo que afirmó que el Ejecutivo hace cumplir la norma.
“Otra cosa es que el edificio donde funciona el directorio de Adepcoca esté en disputa (…). No es que los Adepcoca que están con Alanes sean ilegales, los productores son legales, los productores de Machicado también son legales Ahora, ¿quién es el directorio de todos estos productores?, lo tienen que definir ellos”, enfatizó la autoridad gubernamental.
El mercado de comercialización de coca no es un edificio, sino la transacción entre un vendedor y un comprador. El Gobierno prefiere que esta transacción se dé en un solo lugar, pero si no hay condiciones, por disputas entre los dirigentes, no hay inconvenientes en ampliar el control a los puntos de compraventa, agregó.
MEDIDAS.
Con todo, los sectores enfrentados no ceden y los vecinos expresaron su preocupación; también, resolvieron asumir medidas para evitar más enfrentamientos, que afectan a vecinos, colegios, comercios y el transporte, además que continúan las barricadas y la vigilia es permanente.
Anoche, por ejemplo, el Comité Ad-hoc de vecinos ce Villa El Carmen emitió un pronunciamiento en el que se rechaza la instalación del mercado en esa zona y descarta el respaldo a Alanes. Además, la Asociación Comunitaria del Macrodistrito 3 de la ciudad de La Paz convocó a un “bloqueo de las 1.000 esquinas” para este martes 30 de agosto, publicó urgente.bo.
El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que las autoridades judiciales que no demuestren eficiencia en sus labores, “se irán a su casa”.
El ministro de Justicia, Iván Lima, este domingo. Foto: Roberto Guzmán
Por Luis Mealla
/ 28 de agosto de 2022 / 14:29
El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que tras concluir el proceso de institucionalización de 489 jueces interinos, se evaluará el desempeño de los más de 1.000 magistrados de todo el país, en busca de la excelencia en la Justicia.
La autoridad afirmó que las autoridades judiciales que no demuestren eficiencia en sus labores, “se irán a su casa”.
“El martes sale una convocatoria interna a los 489 jueces para eliminar la transitoriedad, terminaremos ese proceso en su integralidad a fines de octubre; luego, teniendo a todos los jueces como parte de la institución del Órgano Judicial, pasarán a la evaluación de desempeño, en noviembre, a los más de 1.000 jueces del país”, explicó Lima, en una entrevista con la televisora estatal.
El ministro afirmó que este proceso se impulsa en coordinación con el Consejo de la Magistratura, como parte del compromiso que asumió el Gobierno, en función a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI- Bolivia) y la visita de relator de Naciones Unidas sobre la independencia judicial, Diego García-Sayán.
En ese marco, se abrió un proceso para verificar los requisitos magistrados interinos; después, se tomará un examen de competencia; y, al final, se hará una entrevista, para que hasta antes de fin de año, esos 489 funcionarios transitorios pasen a ser jueces de carrera.
“Tiene que haber evaluación del desempeño, porque lo que estamos buscando es excelencia en el servicio judicial”, pues los jueces deben conocer la ley, saber de doctrina, de jurisprudencia y que permanentemente estén formándose en la escuela judicial, afirmó Lima.
“Necesitamos jueces que solucionen los problemas de la gente y esos jueces tienen que estar bien formados. Cuando un juez tiene un expediente de 2020 y no lo ha resuelto en 2022, no tiene un buen desempeño (…);  si un juez tiene que tardar en un expediente en materia penal un año, y tarda un año y un día, está teniendo un mal desempeño, si un juez tiene que dictar 300 sentencias y dicta 50, es un mal desempeño y tiene que irse a su casa”, enfatizó la autoridad.
Añadió que este proceso es parte de una serie de acciones en el marco de la Reforma Judicial, que lleva adelante el Gobierno, en función a ajustes normativos y labores administrativa, en el marco de la integralidad.
A esto se sumará también la renovación de los 26 altos cargos del Órgano Judicial, en las elecciones judiciales del próximo año.
La viceministra de Comunicación informó que el proceso con las regiones concluyó con acuerdos y que la planificación del proceso cumple parámetros internacionales.
La viceministra Gabriela Alcón, este domingo. Foto: Roberto Guzmán
Por Aylin Peñaranda
/ 28 de agosto de 2022 / 14:23
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó este domingo que el proceso de socialización del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el Censo de Población y Vivienda concluyó en el país con la realización de acuerdos, incluido el departamento de Santa Cruz, donde no se realizaron críticas ni observaciones de fondo en la reunión, pese a que en esta región hubo hasta medidas de presión para pedir el adelanto de fecha de la encuesta.
“En Santa Cruz, el 15 de agosto, el INE ha desarrollado su presentación por cerca de dos a tres horas y no se han tenido observaciones (…) Son tres horas que ha expuesto el Instituto Nacional de Estadística y no se han hecho preguntas con relación a la exposición, al cronograma, la etapa precensal (…) El INE realizó la presentación del nuevo cronograma a todas las instituciones presentes, no se han hecho observaciones sobre este punto”, indicó la viceministra, en Bolivia TV, a tiempo de leer el primer punto del acta de la mesa técnica de Santa Cruz y que cuenta con firmas de los representaciones de las instituciones participantes.
Entre los pedidos está que se remita el cronograma a las regiones al concluir la socialización, Alcón indicó que corresponde hacer llegar esta información durante esta semana. La viceministra afirmó que en la mesa técnica de Santa Cruz la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) tuvo la oportunidad de presentar su propuesta, empero, no recibió el visto bueno por ser inviable y se le solicitó complementarla con información del INE.
“El Gobierno está cumpliendo con los estándares internacionales, la metodología que se tiene junto con el acompañamiento de instituciones internacionales, a la cabeza del INE. Han pedido participación, diálogo, se han abierto estos espacios, conclusión de las autoridades, de la AMB (Asociación de Municipalidades de Bolivia) en la reunión, tiene que despolitizarse, por tanto, esto es técnico y se lleva en este escenario”, afirmó Alcón.
El Censo de Población y Vivienda debía realizarse este año, tras cumplirse el plazo normativo de 10 años del último proceso, no obstante, el Consejo Nacional de Autonomías, con la participación de los gobernadores del país, solo con excepción de Luis Fernando Camacho, de Santa Cruz, pidió su postergación hasta 2024, lo cual el INE aprobó.
Representantes de Santa Cruz, incluido el gobernador, manifestaron su rechazo a la nueva fecha y exigen el censo para 2023, lo que llevó incluso a paros en la región. El INE emprendió mesas técnicas para socializar el sustento del proceso, el cual terminó el viernes, empero, en el departamento cruceño no se descarta “medidas de hecho”.
“No hay observaciones de fondo al cronograma que ha sido presentado por el INE, que establece estas fechas, mayo o junio de 2024. Seis regiones lo han respaldado y está reflejado en las actas (…) En este momento no existen argumentos para llevar a cabo movilizaciones, porque estamos cumpliendo lo que hemos acordado de manera participativa”, afirmó la autoridad.
Hay 414 que cuentan con licencia para operar de forma regular.
Guardias de seguridad realizan sus actividades de control y prevención del delito.
Por Luis Mealla
Imagen: la razón-archivo
/ 28 de agosto de 2022 / 04:23
El Gobierno, a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, detectó la existencia de 1.500 empresas ilegales de seguridad privada en todo el país. Ante esta situación, las autoridades realizan continuos operativos para que esos negocios no sigan operando.
Además, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, explicó a LA RAZÓN que en el territorio nacional hay registradas 414 compañías que operan de forma regular y que otras 100, actualmente, tramitan la renovación de sus licencias de funcionamiento.
Según la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su respectivo reglamento, estas entidades de seguridad privada deben renovar sus licencias de funcionamiento cada tres años, a partir de la fecha de la resolución administrativa que entrega la Policía.
Este relevamiento de datos fue hecho por el Departamento Nacional de Autorización y Control de Empresas Privadas de Vigilancia (Denacev), dependiente de la Policía, en coordinación con las Jefaturas Departamentales de Empresas Privadas de Vigilancia (Jedecev).
“En ese marco, se han detectado al menos 1.500 empresas ilegales en todo el país (…). Son ilegales porque no han cumplido con las exigencias establecidas en la Ley 264 de Seguridad Ciudadana, lo que representa un riesgo tanto para las personas como para las empresas que requieren estos servicios”, explicó el viceministro.
Ante ese escenario, Ríos afirmó que se activaron controles permanentes en el país, sobre todo en el eje troncal, donde se detectó la proliferación de esos negocios.
CONTROL.
“Una vez identificada a la empresa ilegal, se procede al llenado del acta de clausura correspondiente, se entrega la respectiva notificación al propietario, gerente, socio, administrador, representante legal de la empresa y se procede al precintado”, detalló la autoridad.
Indicó que estas labores se realizan en coordinación entre el Comando de la Policía Departamental de la jurisdicción correspondiente y las Jedecev.
En caso de que la empresa ilegal sea clausurada y continúe prestando servicios de vigilancia, se realiza una nueva clausura y se remite el caso ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el Ministerio Público, para solicitar el secuestro de bienes muebles de esas entidades.
En ese marco, el Viceministerio de Seguridad Ciudadana proyecta, en el corto plazo, un informe de la cantidad de empresas clausuradas y de los procesos iniciados en el país, para sentar un precedente y así evitar la proliferación de estos negocios ilegales.
“El asesor jurídico de la Jedecev brindará apoyo legal en los procedimientos de clausura de la empresa y la inhabilitación del dueño o propietario, así como el seguimiento permanente, coadyuvando la labor del fiscal y de la FELCC para investigar los delitos”, explicó Ríos.
En cuanto a las empresas que funcionan de manera regular, el viceministro ponderó los mecanismos de coordinación establecidos con la Policía, para fortalecer las labores de prevención, pues las privadas implementaron medidas de vigilancia, como sistemas cerrados de seguridad y cámaras que coadyuvan a resolver ilícitos.
Además, “son los guardias de seguridad los que, mediante información, ayudan a la Policía a la detención de delincuentes, pues muchas veces son los primeros en intervenir en esos hechos”, añadió.
En ese marco, de forma constante se realizan actividades de actualización e intercambio de experiencias con otras organizaciones, en el ámbito nacional e internacional, a fin de fortalecer el trabajo de esas entidades privadas.
El Viceministerio de Seguridad Ciudadana trabaja en un nuevo reglamento para normar el funcionamiento y la emisión de autorizaciones para las empresas privadas de vigilancia que, entre otras cosas, establece la simplificación y modernización de trámites, para que puedan brindar sus servicios a la población en general y a las entidades que las contratan.
El reglamento “establece los procedimientos y los requisitos, la emisión de una resolución del Comando de la Policía, por el cual se autoriza el funcionamiento, que luego se remite al Ministerio Gobierno, para que entreguemos la homologación y otros documentos, para que la empresa pueda empezar sus actividades”, explicó el viceministro del área, Roberto Ríos.
La autoridad señaló que el actual reglamento data de 2013, por lo que urge una actualización. Si bien se establecerán más controles, también se simplificarán plazos. Por ejemplo, ahora el trámite para abrir una empresa de seguridad dura más de 90 días, lo que se prevé reducir a un mes, además que las gestiones serán virtuales.
Los guardias de seguridad privada están restringidos de realizar tres acciones, entre ellas usar armas letales, pues su labor es básicamente prevenir el delito.
Un informe del Viceministerio de Seguridad Ciudadana señala que estos efectivos tampoco pueden realizar detenciones ni pueden ejecutar intervenciones directas en el lugar del delito.
El informe de esa repartición estatal es enfático en establecer que los guardias están restringidos de “usar cualquier tipo de armamento ya sea letal o no letal”.
Además, establece cinco atribuciones que tienen los guardias de seguridad privada.
FACULTAD.
La primera está referida a la vigilancia y custodia de locales comerciales, bienes inmuebles, instituciones bancarias. En ese marco, este elemento de seguridad tiene la obligación de informar a la Policía sobre cualquier hecho para prevenir, mantener o restablecer el orden público.
En segundo lugar, deben controlar la identidad en el acceso a determinados inmuebles; evitar la comisión de actos delictivos brindando información veraz y oportuna. Asimismo, deben proteger el almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores u objetos valiosos.
Por último, estas personas deben responder a las alarmas que se activen y que corresponden a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
En cuanto a las prohibiciones que establece la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, los guardias de seguridad privada quedan prohibidos de utilizar cualquier tipo de arma, macana garrote, torito, paralizador eléctricos u otros que puedan ser considerado armas blancas o instrumentos contundentes.
Asimismo, la norma restringe la fabricación, importación, exportación, el tránsito, el transporte nacional e internacional, comercialización y uso de armas de fuego, municiones, explosivos, sus partes, componentes y otros materiales relacionados al uso militar y/o policial.
Según la norma y la reglamentación vigente, para abrir una empresa de seguridad privada, se deben cumplir varios requisitos, que están divididos en dos áreas.
REQUISITOS.
El primero es el “expediente empresarial”, que consta de 19 cláusulas que deben ser cumplidas, entre ellas, la presentación de un memorial de solicitud de autorización; el NIT; licencia de funcionamiento municipal; registro a la Caja Nacional de Salud (CNS) u otra institución similar; además de las constancias documentales de que todo el personal cuenta con un seguro de vida, con un capital mínimo de $us 3.000.
Asimismo, debe contar con un Seguro de Responsabilidad Civil, a favor de todos sus contratantes y/o terceros que pudieran ser afectados por el desarrollo de actividades; además, tiene que contar con un Seguro de Transporte de Valores caudales y monedas, en el que conste la ampliación de cobertura de todo riesgo de pérdida y/o daño como consecuencia de robo, atraco y/o asalto.
La segunda área de requisitos es el “Expediente de recursos humanos y materiales”, que es la relación nominal del personal en el cual detalla los antecedentes de los guardias de la FELCN, FELCC, Tránsito, Interpol, y Certificado de No Violencia vigente; asimismo, deben hacer constar sus documentos que avalan su respectiva capacitación, emitida por la Unipol, y otros datos personales de los elementos de seguridad.
En el marco del Congreso Panamericano de Seguridad Privada 2022, que se desarrolló el 11 y 12 de agosto, el Viceministerio de Seguridad Ciudadana identificó tres tareas prioritarias que se deben consolidar con las empresas privadas de vigilancia, que se deben consolidar a corto y mediano plazo.
“Se trata de tareas fundamentales: la coordinación operativa de las actividades de las empresas de vigilancia junto con la Policía; sistemas de comunicación oportuna ante algún suceso de delitos o violencia; y la captura de información estadística de hechos de inseguridad, que son atendidos por vigilantes”, explicó a LA RAZÓN el viceministro del área, Roberto Ríos.
La autoridad manifestó que estas empresas han adquirido notoriedad y relevancia en los últimos años, no solo por el aporte a la reactivación económica del país, sino también por el impacto social al bienestar y “a la seguridad de la comunidad y la búsqueda de una convivencia pacífica”.
Asimismo, Ríos enfatizó que con una coordinación adecuada “se puede mejorar las condiciones de vida y aportar al desarrollo”.
En ese marco, destacó la realización del Congreso Panamericano, en el que se conoció la labor que realizan empresas de seguridad de países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Perú, entre otros, con los que se intercambió experiencias y se tomaron en cuenta una serie de sugerencias para establecer las tres tareas prioritarias a ser asumidas en el país. En el evento participó personal de la Policía y de las Jefaturas Departamentales de Empresas Privadas de Vigilancia (Jedecev).
Tres exministros y los Camacho no serán indagados por sedición ni conspiración.
Arturo Murillo, Luis Fernando Camacho, Yerko Núñez y Luis Fernando López.
Por JUDITH OCHOA, LUIS MEALLA
Imagen: la razón-archivo
/ 28 de agosto de 2022 / 03:23
La Fiscalía rechazó la denuncia por sedición y conspiración, interpuesta por la exdiputada Lidia Patty (MAS), en contra de tres exministros de Jeanine Áñez, además de Luis Fernando Camacho y su padre, en el caso denominado Golpe de Estado I.
“Resolvemos el rechazo de la denuncia presentada por la ciudadana Lidia Patty Mullisaca en contra de Luis Fernando Camacho Vaca, José Luis Camacho Parada, Arturo Carlos Murillo Prijic, Yerko Martín Núñez Negrette y Luis Fernando López respecto a los delitos de sedición y conspiración, tipificados en el Art. 123 y 126 del Código Penal” (sic), señala el documento al que accedió LA RAZÓN.
Asimismo, la comisión de fiscales que indaga este caso expresó que asumió esa determinación “en pleno uso específico de nuestras funciones y atribuciones conferidas por ley y el Art. 225” de la Constitución Política del Estado, de conformidad a lo previsto por el artículo 304 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
En marzo de este año, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional y expulsó del ordenamiento jurídico el delito de sedición, a través de la Sentencia Constitucional 04/2022, es así que la denuncia por esos delitos es inviable, pero la investigación del caso Golpe de Estado I continúa por el delito de terrorismo en contra de las cinco personas mencionadas.
RESOLUCIÓN.
Esta determinación fiscal se asumió el 23 de agosto; no obstante, recién la información se hizo pública en pasadas horas, debido a que el 24 del mes en curso, la Fiscalía aclaró y corrigió parte de la resolución, pues hubo un error de redacción en la argumentación.
“Con un error de taipeo, en el acápite VII, se consideró el Art. 304 núm. 1 del CPP., siendo que todo el fundamento y motivación de la resolución fiscal de rechazo se basa en el Art. 304. Núm. 4” (sic), señala el documento del Ministerio Público.
Teniendo los indicios suficientes, el exministro de Defensa Luis Fernando López fue imputado la semana pasada por el delito de terrorismo, en el marco del caso Golpe de Estado I, lo que abre la posibilidad de que continúe la investigación por seis meses más. El Ministerio Público pidió la detención preventiva de la exautoridad por seis meses.
En 2020, la exdiputada Patty presentó la denuncia por sedición, terrorismo y conspiración contra los que considera que fueron promotores de la crisis política y social en 2019, en la que Áñez es la principal acusada, junto a sus tres exministros, además de Camacho y su padre. En la querella también se incluyó a exjefes militares y policiales.
Por su parte, el abogado de Jeanine Áñez, Alaín de Canedo, informó que hasta la fecha ninguna de las partes fue notificada con esta resolución y que esta semana, una vez conocido oficialmente el documento, asumirán las acciones legales correspondientes.
“El Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre la inviabilidad del delito de sedición, e implícitamente, del de conspiración; simplemente el Ministerio Público está cumpliendo la sentencia del Tribunal Constitucional”, explicó el abogado De Canedo.
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