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BOLIVIA

“Bolivia, el país con menos inflación del mundo” – la diaria

El ministro de Economía de Bolivia, Marcelo Montenegro, habla durante un encuentro con la prensa internacional, en La Paz.
Foto: Martín Alipaz, Efe
“¿Qué? ¿Que la gasolina en Bolivia no sube de precio, ni siquiera ahora con la guerra de Ucrania-Rusia? ¡Qué loco! Porque en Ecuador se disparó 30%; en Argentina, 18%; en Chile, 40%; en Brasil, 49%; en Paraguay, 59%; en Perú, 64%, y ni hablar de Uruguay: ¡84% de incremento!”. Este era el contenido de un anuncio del Ministerio de Economía boliviano, emitido a mediados de julio de este año. Su publicación coincidió con una serie de noticias de la prensa internacional sobre la baja inflación registrada en el país andino durante el primer semestre de este año. Bolivia se hizo célebre por anunciar una inflación de 1,2% en los primeros seis meses del año, la más baja de la región. En consecuencia, también en esos días, el mismo ministerio lanzó al aire otro anuncio: “Bolivia, el país con menos inflación del mundo”.
Como se sabe, la relación entre una y otra cosa –es decir, entre el congelamiento del precio de los carburantes y la inflación baja– es directa. El principal impulso inflacionario en todo el mundo lo proporciona hoy el alza de los precios de la energía, que se han elevado fuertemente a consecuencia de la guerra en Ucrania. En Bolivia, los combustibles no suben desde finales del siglo pasado, cuando fueron congelados por el gobierno de Hugo Banzer (1997-2000), quien cometió así una de las primeras y más importantes incoherencias respecto del modelo neoliberal vigente entonces.
Banzer comenzó a subsidiar la gasolina y el diésel, que son los principales carburantes que se consumen en el país, porque estaba preocupado por el malestar social que ya comenzaba a sentirse durante su gobierno y que estallaría en 2000 en la denominada “guerra del agua”. Esta movilización, que paralizó la ciudad de Cochabamba por más de una semana, bloqueó una medida neoliberal tan impopular como la libre flotación de los precios de los carburantes: la indexación de las tarifas del agua potable en función de la devaluación del boliviano.
La guerra del agua fue el antecedente directo del levantamiento general contra el orden establecido y el derrocamiento en 2003 de Gonzalo Sánchez de Lozada, el “patriarca” del neoliberalismo boliviano, que hoy vive exiliado en Washington a sus 92 años. Así se crearon las condiciones para el triunfo democrático de Evo Morales en 2006. Con él, los campesinos y trabajadores llegaron al poder organizados en el frente único de la izquierda boliviana, el Movimiento al Socialismo (MAS).
Paradójicamente, en 2010 Morales quiso suspender el subsidio a la gasolina y el diésel, alegando que este estaba endeudando al Estado. Y es que si bien Bolivia es un país productor de hidrocarburos, los que produce son los más livianos, principalmente el gas natural y el gas licuado de petróleo, en tanto que cuenta con muy poco petróleo ligero y nada de petróleo pesado, que es la materia prima del diésel. El aprovisionamiento nacional, entonces, requiere la importación de estas sustancias, a un precio creciente en el tiempo.
Morales vivía el auge de su poder y su popularidad, pero no pudo imponer el llamado “gasolinazo” por la reacción de las bases de su propio movimiento. Debió recular. Para ello usó la consigna, que sólo le sirvió en ese momento y nunca más, de “gobernar obedeciendo”. A quien debía obedecer, claro está, era al pueblo. Un pueblo que, en general, daba órdenes más bien ambiguas, que podían interpretarse de muchas formas, pero no en este caso. Respecto de los precios de la energía, la voz de mando popular fue muy clara: cero incrementos. Hoy mismo, en Bolivia sólo los ultraliberales creen que puede eliminarse el subsidio a los combustibles (que este año le costará al erario unos 1.500 millones de dólares) sin graves consecuencias sociales. La centroderecha respalda en público este gasto, aunque acariciando en secreto la esperanza de que la magnitud del mismo termine socavando el modelo económico que ha tratado de enfrentar sin éxito durante las dos últimas décadas.
Uno de los aspectos fundamentales de este modelo es el control férreo de la inflación. La macroeconomía de Luis Arce, primero como ministro de Economía de Evo Morales, y actualmente como presidente del país, está orientada centralmente a este objetivo. En esto coincide plenamente con los economistas ortodoxos. La obsesión antiinflacionaria viene de la historia de la izquierda boliviana, que debió pagar con 20 años de aislamiento y marginación su participación en el gobierno hiperinflacionario de los años 80, presidido por Hernán Siles Zuazo.
Si el objetivo de una baja inflación es compartido por los dos tipos de pensamiento económico preponderantes en el país, el estatista y el neoliberal, las diferencias que existen entre ellos sobre cómo lograrlo resultan enormes. Las “Arcenomics” han logrado derribar el mito neoliberal de que los controles de precios nunca funcionan. Con cuotas para exportar algunos productos y subsidios, han logrado capear la inflación mundial de 2007, así como el alza actual de los cereales y la carne. A su favor juega la capacidad productora de alimentos del país, que se autoabastece de ellos en 70%. Y, por supuesto, la pequeña dimensión de la economía, que puede estabilizarse a un costo relativamente bajo. Por ejemplo, el gasto por el ya mencionado subsidio de los combustibles es importante pero no va a llevar, en sí mismo, al fisco a la ruina.
Otro elemento clave del modelo (y de la baja inflación) es la eliminación de la devaluación del boliviano mediante la implantación de un tipo de cambio fijo desde 2011. Sin devaluación, los comerciantes no necesitan aumentar los precios para cubrirse del riesgo cambiario. El boliviano se conserva fuerte, lo que es bueno para la pujanza de la demanda interna y para las expectativas de la población; en este período, por primera vez desde hace mucho tiempo, quizá desde siempre, las familias no temen ahorrar en moneda nacional. Las expectativas son tan sólidamente optimistas que han derrumbado otro baluarte neoclásico: déficits fiscales y comerciales como los que ha tenido el país desde 2015 deberían haber debilitado la moneda nacional y empujado a la gente hacia el dólar; en una palabra, deberían haber dado lugar a una crisis financiera. Esta no ha ocurrido hasta ahora. Lo que sí ha ocurrido es que el país se fue volviendo más caro en dólares.
Al gobierno le favorece, a este respecto, el alza durante el presente año de los precios de las materias primas que vende Bolivia, un fenómeno que hasta diciembre se traducirá en un superávit comercial de, quizá, 1.300 millones de dólares. Sin embargo, el riesgo existe. El tipo de cambio fijo exige que el gobierno cuente con suficientes dólares para entregarlos a los importadores y viajeros y para pagar su deuda, o de lo contrario el público dejaría de considerar que el boliviano es “fuerte” y, en ese caso, se produciría una crisis financiera.
Así que las reservas de divisas son las que han tenido que soportar el peso del modelo antiinflacionario de Arce. En el tiempo del superciclo de las materias primas (2004-2014) estas reservas fueron muy numerosas, alimentadas por una industria del gas muy poderosa (llegaron a 50% del PIB), pero desde 2015 los ingresos por este ítem han ido cayendo, los precios del gas han sido menores (hasta este año) y su producción ha ido decreciendo. Por tanto, las reservas se han desplomado desde 15.000 millones en 2014 a los actuales 4.100 millones de dólares: 1.000 de ellos en divisas líquidas, el resto en oro; esta suma podría cubrir seis meses de importaciones en caso de que el oro se monetizara.
El superávit comercial y el superávit de capitales esperados para este año deberían traducirse en un incremento de las reservas de divisas, pero eso no está pasando. Se debe a que las fuentes de estos superávits son principalmente privadas y no estatales, como ocurría en el período anterior. Los dueños de las divisas no las depositan en los bancos por distintos motivos: algunos agroindustriales las dejan fuera del país, supuestamente por razones logísticas; los mineros cooperativos que producen y revenden oro (en el segundo caso, luego de comprarlo de contrabando de Perú) prefieren mantenerse en la informalidad; quienes reciben remesas de sus parientes en el extranjero cambian los dólares en el mercado no bancario, que paga algo más por ellos, etcétera. Por otra parte, buena parte de los dólares que ingresan al país salen rápidamente de él porque son usados por los contrabandistas que traen productos de los países vecinos, en particular de Argentina, cuya elevada devaluación incentiva el comercio informal hacia Bolivia (por cierto, el contrabando de productos baratos argentinos explica una parte de la baja inflación boliviana).
Para fortalecer las reservas el gobierno está activando un plan de endeudamiento en dólares que se aprovecha de que la deuda externa boliviana sólo asciende, todavía, a 31% del PIB, lo que le deja aún un margen importante para obtener nuevos créditos del extranjero. Y está en marcha otro plan de “sustitución de importaciones” de resultados discutibles.
Lo que la oposición le exige al gobierno es que recorte el déficit fiscal. Algo ha hecho Arce en este sentido, lo que ocasiona que desde su propio partido lo critiquen porque “faltan obras”. En general, sin embargo, el modelo sigue basándose en un fuerte gasto e inversión públicos, lo que hace preciso aumentar cada año las recaudaciones tributarias y elevar constantemente el crédito que concede el Banco Central al aparato estatal. Este es un tercer concepto neoclásico que ha quedado en cuestión: pese al aumento del crédito interno y de la masa monetaria, la inflación no ha subido.
Los economistas se devanan los sesos pensando por qué. La respuesta más verosímil es, una vez más, la de las expectativas de la población; esta supone que la estabilidad de la que ha gozado los últimos 30 años se mantendrá en el futuro. También cuenta la existencia de pocos monopolios en Bolivia (estando los pocos que existen, como el de la cerveza, desafiados por el contrabando). Con pocas expectativas de alza de precios y una competencia fluidificada por el Estado o por el contrabando, el resultado es que Milton Friedman fracasa en Bolivia: sube la cantidad de dinero, pero no suben los precios.
El asunto se reduce, entonces, como suele ocurrir en América Latina, a las divisas. Todo depende de que el gobierno tenga la capacidad de reunir suficientes dólares para mantener en pie la arquitectura que hemos descrito. Los economistas del oficialismo y la oposición siguen el indicador de las reservas internacionales como si fuera el de sus inversiones en la bolsa.
Si el gobierno lograra evitar, por todos los medios, el tener que devaluar, al final de su gestión, en 2025, nadie podría quitarle la medalla por haber conseguido que los bolivianos atravesaran con más comodidad que sus pares sudamericanos la difícil etapa económica creada por la guerra mundial.
Fernando Molina es periodista y escritor. Es autor, entre otros libros, de El pensamiento boliviano sobre los recursos naturales e Historia contemporánea de Bolivia. Este artículo fue publicado originalmente en Nueva Sociedad.
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