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Bolivia | Organizaciones sociales marcharon contra el “intento de un nuevo golpe de Estado” – nodal.am
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Notas sobre el tema
Al grito de “Lucho no estás solo”, una masiva marcha recorrió este jueves las calles del centro de La Paz y Miraflores manifestando su apoyo al presidente Luis Arce, exigiendo un Censo con consenso y rechazando cualquier “intento de un nuevo golpe de Estado”.
La manifestación, conformada por organizaciones sociales y gente que apoya la gestión de Gobierno, recorrió las principales calles de La Paz gritando estribillos en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a quien acusan de promover un nuevo intento de golpe de Estado, con un paro indefinido que ya lleva 13 días.
“Estamos en estado de emergencia, la derecha, el imperio están queriendo gestar nuevamente un golpe de estado, no lo vamos a permitir, por eso tenemos que estar en alerta constante, en movilización, no podemos permitir que nuevamente maten al pueblo”, manifestó un representante de la coordinadora de organizaciones, colectivos y plataformas de La Paz y El Alto.
Participaron organizaciones vecinales, juventudes del MAS, sectores sociales y afines al Gobierno.
“El pueblo organizado estamos aquí para decirle a Camacho que tiene dos caminos: o comienza a dialogar o tiene que renunciar, no vamos a permitir nuevamente un golpe. Qué renuncie. Ya estamos cansados de que los logieros traten de imponerse frente a las mayorías”, dijo un ciudadano de El Alto.
Los manifestantes reclamaron, además, contra el paro indefinido que lleva 13 días en Santa Cruz, donde el Comité Interinstitucional exige que el Censo se realice en 2023 y no en 2024 como propone el Gobierno.
La Razón
El Gobierno espera que los líderes del paro cívico en Santa Cruz sean parte de la solución y no del conflicto en el diálogo que será inaugurado este viernes en Trinidad, Beni, y que se extenderá el tiempo necesario hasta consolidar de manera técnica la fecha del censo, afirmó el portavoz presidencial Jorge Richter.
“Esperamos que Santa Cruz pueda sumarse, pueda estar presente y aportar para ser parte de la solución y no así del conflicto. Esperemos que el diálogo pueda encauzarse rápidamente para que Santa Cruz levante estas medidas que tienen un alto costo en lo que significa riesgo físico y daño económico a las capacidades productivas de la región”, explicó en una entrevista en la cadena CNN.
Desde hace 14 días que en Santa Cruz se cumple un paro cívico convocado por el gobernador Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Unidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, exigiendo adelantar el censo -sin una justificación técnica- al 2023. El Gobierno propuso que una comisión técnica defina la fecha.
No obstante, ya comprometió que -independiente de la fecha- en octubre de 2024, sobre la base de los resultados iniciales del censo, se procederá a la redistribución de los recursos de coparticipación tributaria. Hasta el momento solo en Santa Cruz se verifica un paro, aunque transporte y gremiales realizan sus labores con relativa normalidad.
Richter advirtió que se vive en estos momentos algo parecido a lo de 2019, cuando el mismo Camacho y Calvo lideraron una protesta cívica violenta que, sumado a un motín policial y a la “sugerencia” militar de dimisión, acabó en la obligada renuncia de Evo Morales.
“La situación en nuestro país pareciese vivir una réplica de lo que han sido los intentos del año 2019 de poder encontrar nuevamente el camino que conduzca a una ruptura institucional, bajo el argumento del proceso censal, que es una cuestión fundamentalmente técnica”, advirtió.
Este viernes empezará el diálogo técnico en Trinidad. “La comisión tiene que trabajar, seguramente esto llevará 10, 15, 20 días de trabajo para poder definir la fecha”, perfiló en torno a los plazos.
Hasta el momento el paro se caracterizó por violencia, racismo y discriminación.
A la cita de este viernes y días posteriores están invitadas las autoridades de las universidades públicas, de las 9 asociaciones municipales, los nueve alcaldes de ciudades capitales más El Alto, las autoridades de los gobiernos indígena originario campesinos, los nueve gobernadores de Bolivia y los representantes del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfp) y de la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Celade-Cepal).
Cada uno de ellos deberá acreditar a una persona de su equipo técnico, para iniciar el trabajo correspondiente.
ABI
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