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Bolivia y Perú acuerdan fortalecer un mecanismo para la lucha contra el narcotráfico – La Razón (Bolivia)

Friday 30 Sep 2022 | Actualizado a 23:07 PM
Nacional
Friday 30 Sep 2022 | Actualizado a 23:07 PM
Bolivia y Perú establecieron el plan operativo 2022 – 2023 de cooperación en materia de desarrollo alternativo, integral y sostenible con prevención del consumo, rehabilitación, control del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
El encuentro binacional celebrado en Santa Cruz. Foto: Ministerio de Gobierno
Por Luis Mealla
/ 30 de septiembre de 2022 / 23:07
En el marco de la IX Reunión de la Comisión Mixta Boliviana Peruana de Lucha Contra el Narcotráfico, ambos países acordaron fortalecer el Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (Cerian), para consolidar la batalla contra ese ilícito en la región.
“Expresamos la decisión de fortalecer el Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (Cerian), con base operativa en Bolivia, para enfrentar el problema del tráfico ilícito de drogas de manera integral y desarticulando las organizaciones criminales transnacionales dedicadas a este ilícito”, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
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En ese marco, Bolivia y Perú establecieron el plan operativo 2022 – 2023 de cooperación en materia de desarrollo alternativo, integral y sostenible con prevención del consumo, rehabilitación, control del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
Del Castillo recordó que en la Declaración de La Paz, firmada por los presidentes Luis Arce (Bolivia) y José Pedro Castillo (Perú), en ocasión del Gabinete Binacional de octubre de 2021, se acordó luchar contra el narcotráfico, un flagelo que amenaza a la seguridad de ambos Estados, “desestabilizando las instituciones democráticas, fomenta la corrupción, repercutiendo negativamente en el ámbito económico y el desarrollo sostenible”.
El encuentro se llevó a cabo este viernes, en Santa Cruz, donde participaron autoridades de ambos países.
En ese marco, el ministro de Gobierno boliviano resaltó el modelo soberano de lucha contra el narcotráfico, el sistema de erradicación y racionalización de cultivos de coca, con resultados más efectivos que en el pasado, cuando se tenía presencia estadounidense.
En la oportunidad, Del Castillo informó que en 2021 se logró erradicar cerca de 9.500 hectáreas de coca ilegal, bajo un esquema de concertación, debate y diálogo con productores de la hoja.
Este año, se prevé llegar a las 10.000 hectáreas erradicadas y racionalizadas, anunció el ministro.
En cuanto a incautación de cocaína, la autoridad precisó que hasta la fecha se secuestró 16 toneladas, “un récord en comparación a los últimos cinco años”.
Ese documento da cuenta que una auditoría hecha por expertos de la OEA permitió detectar “irregularidades graves” que imposibilitaban validar los resultados de esos comicios.
La expresidenta transitoria Jeanine Áñez. Foto: Jeanine Áñez
Por Luis Mealla
/ 30 de septiembre de 2022 / 22:42
La expresidenta transitoria Jeanine Áñez planteará una demanda internacional cuyo principal sustento jurídico será el reporte que el Departamento de Estado de EEUU envío al Congreso de ese país, que avaló el informe de la Organización de los Estados Americano (OEA) sobre las elecciones generales de 2019.
Ese documento da cuenta que una auditoría hecha por expertos de la OEA permitió detectar “irregularidades graves” que imposibilitaban validar los resultados de esos comicios.
Lea más: EEUU avala informe de la OEA sobre las elecciones generales de 2019 en Bolivia
En ese marco, se proyecta una demanda en el ámbito internacional, afirmó Carolina Ribera, hija de la exmandataria.
“Vamos a llegar a todas las instancias internacionales y ya estamos en curso, y con todas estas pruebas, vamos a tener lo que corresponde qué es la libertad de mi madre de todos los presos políticos”, explicó Ribera.
Añez y dos sus exministros fueron capturados y enviados a la cárcel, con detención preventiva, en marzo de 2021, en el marco del caso denominado Golpe de Estado I, en el cual son procesados por el delito de terrorismo.
Durante ese tiempo, la expresidenta también fue procesada por otro caso, denominado Golpe de Estado II, en el cual ya recibió una sentencia de 10 años de cárcel, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por lo hechos registrados en 2019, que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
“El informe (de EEUU) confirma que en 2019 existió un fraude electoral, que no va a poder ser tapado (…). Lo que sucedió en 2019 se encuentra marcado en la historia, es de conocimiento de la comunidad internacional y, efectivamente, no puede ser ocultado”, explicó Luis Guillén, abogado de la expresidenta Áñez.
Este reporte, que fue solicitado por el Congreso de Estados Unidos, sistematiza información respecto a esos comicios, que fueron anulados tras conocerse los resultados de la auditoría realizada por la OEA, a solicitud del entonces presidente Evo Morales, quien había ganado las elecciones.
El documento dio cuenta de una “manipulación dolosa” e “irregularidades graves” que no hacía posible validar los resultados emitidos originalmente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Al respecto, el canciller Rogelio Mayta afirmó este viernes que ese reporte “no tiene trascendencia ni en Bolivia ni en ningún país del mundo”.
Agregó que esa postura es una cuestión interna de Estados Unidos, pues, en su criterio, pasó del Departamento de Estado al Congreso.
“El Departamento de Estado remitió sus criterios al Congreso de los Estados Unidos, y esas consideraciones no tienen ninguna trascendencia ni en Bolivia ni en el mundo; son consideraciones que nos parecen impertinentes”, enfatizó Mayta, en una conferencia de prensa.
El documento de la OEA dio cuenta de una “manipulación dolosa” e “irregularidades graves” que no hacían posible validar los resultados emitidos originalmente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Por Luis Mealla
/ 29 de septiembre de 2022 / 23:26
El Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos (EEUU) avaló el informe que emitió la Organización de los Estados Americano (OEA) sobre las elecciones generales de 2019, en las que se detectó “irregularidades graves” que imposibilitaban validar los resultados de esos comicios.
Este reporte, que fue solicitado por el Congreso de Estados Unidos, sistematiza información respecto a esos comicios, que fueron anulados tras conocerse los resultados de la auditoría realizada por la OEA, a solicitud del entonces presidente Evo Morales, quien había ganado las elecciones.
Lea más: Bolivia pide una comisión para revisar el informe de la OEA sobre comicios de 2019
El documento dio cuenta de una “manipulación dolosa” e “irregularidades graves” que no hacía posible validar los resultados emitidos originalmente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Conocidas esas conclusiones y en medio de protestas cívicas, el 10 de noviembre de 2019, Morales determinó anular esos comicios, empero, esa decisión no frenó la crisis, por lo que horas después decidió renunciar a la presidencia del Estado, en medio de un motín policial y la presión de las FFAA.
Según el informe, que fue publicado por Unitel, se validan los resultados de las dos auditorías aplicadas al proceso electoral de 2019.
La primera auditoría fue elaborada por la empresa Ethical Hacking, que fue contratada por el TSE, y la segunda, está referida a la que ejecutaron expertos de la OEA.
“Ethical Hacking, una consultora de ciberseguridad contratada por el TSE para auditar la elección, también encontró vulnerabilidades, incluidas aquellas que hacían posible la interceptación y alteración del código fuente, de registros, de votos y de fotografías en el sistema electoral; la interceptación y lectura del TREP y sus comunicaciones”, señala parte del informe.
Respecto a la auditoría de la OEA, primero, recuerda que fue realizada a petición del entonces gobierno de Morales, y luego señala que resultado de sus investigaciones se pudo determinar que “se construyó deliberadamente una infraestructura informática oculta con la capacidad de cambiar los resultados de la elección y borrar cualquier rastro de haberlo hecho”.
De acuerdo con el Departamento de Estado, esas observaciones deterioraron la legitimidad del proceso electoral.
En el informe también consta la postura expresada por la Unión Europea (UE) que validó los resultados de la auditoría hecha por la OEA, en ese marco, el bloque europeo sugirió la necesidad de convocar a un nuevo proceso electoral con el objetivo de restaurar la “confianza y credibilidad en el sistema democrático boliviano”.
Al respecto, la expresidenta transitoria Jeanine Añez, afirmó que ese documento “reconfirma” que en esos comicios hubo “fraude electoral”, promovido por el entonces mandatario Evo Morales.
“El informe de EUA reconfirma el fraude electoral en Bolivia, cometido por Evo Morales y el gobierno del MAS en 2019, igual que lo denunciado por @OEA_oficial y Unión Europea @UnionEuropeaRD ¡Juicio de responsabilidades contra autores materiales e intelectuales!” (sic), escribió en su cuenta de Twitter.
El informe fue solicitado por congresistas de EEUU, en marzo de este año, situación que fue informada por el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, quien entonces señaló que se trata de un informe sobre “el rol de la Secretaría General de la OEA, en 2019, mediante expertos internacionales y sobre los hechos de violencia que se vivieron en el país”, señala un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
En el caso de los comicios presidenciales de octubre de 2020, en los que ganó Luis Arce, el informe señala que este proceso es “considerado libre y justo por los observadores independientes, incluida la OEA”.
Según Unitel, consultó a la Embajada de Estados Unidos sobre su opinión respecto a este informe y esa legación diplomática respondió que “como política establecida no comentamos sobre documentos internos o correspondencia entre el Departamento de Estado y el Congreso”.
El informe de la OEA fue objetado por expertos e institucionales internacionales. La representación de Bolivia en la OEA indicó que no recibió respuesta para la entrega y revisión del documento por parte del secretario general del organismo, el uruguayo Luis Almagro.
“Ya no es funcionaria”, aseguró Callisaya, ante la consulta de la prensa, debido a que horas antes trascendió información extraoficial respecto a que Cruz había sido ratificada como delegada adjunta, cargo que ejercía hasta 2019, cuando fue nombrada Defensora interina.
La exdefensora Nadia Cruz. Foto: APG
Por Luis Mealla
/ 29 de septiembre de 2022 / 23:02
El nuevo defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó este jueves que Nadia Cruz aún visita las oficinas de esa entidad, pero no en calidad de funcionaria, sino para cerrar el tema administrativo, en el marco de una transición institucional.
“Ya no es funcionaria”, aseguró Callisaya, ante la consulta de la prensa, debido a que horas antes trascendió información extraoficial respecto a que Cruz había sido ratificada como delegada adjunta, cargo que ejercía hasta 2019, cuando fue nombrada Defensora interina.
Lea más: Tras aprehensiones por el conflicto de Adepcoca, el Defensor del Pueblo busca un ‘espacio de diálogo’
Ante esa situación, Callisaya negó ese extremo.
“Eso no es evidente, lo único que acontece es que por responsabilidad institucional tenemos que hacer una transición. Esta es una institución del Estado, que se rige por normas del Estado (…). Si no hago esa transición de información, yo voy a ser el responsable de la forma y el estado en que me va a dejar la institución”, enfatizó el nuevo Defensor del Pueblo.
La pasada semana, Callisaya fue elegido por dos tercios de la Asamblea Legislativa, como nuevo Defensor del Pueblo. Tras su posesión, afirmó que entre sus tareas prioritarias están los cambios de personal, las evaluaciones internas y una eventual auditoría, a la gestión de Nadia Cruz.
Si amerita una auditoría a la institución, “la vamos a realizar en la medida en que sea necesaria”, afirmó Callisaya en la oportunidad.
“Tiene que haber un informe, tienen que haber absolutamente todos los elementos que me permitan  hacer la evaluación y después, seguramente, adoptar las medidas que sean las más convenientes”, ratificó este jueves el nuevo Defensor.
“Estamos evaluando, estamos haciendo acercamiento inicial y queremos generar un espacio de diálogo, siempre y cuando ambas partes quieran entrar a este diálogo”, afirmó Pedro Callisaya.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. Foto: Rodwy Cazón
Por Luis Mealla
/ 29 de septiembre de 2022 / 22:11
Tras una serie de aprehensiones a dirigentes de Adepcoca, del bloque de Freddy Machicado, el nuevo Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que hace las gestiones pertinentes para abrir un espacio de diálogo para zanjar este conflicto.
“Estamos evaluando, estamos haciendo acercamiento inicial y queremos generar un espacio de diálogo, siempre y cuando ambas partes quieran entrar a este diálogo”, afirmó Callisaya la tarde de este jueves.
Durante más de ocho semanas, las facciones contrarias lideradas por Machicado y Arnold Alanes protagonizaron enfrentamientos por el control de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz.
Luego que Alanes se desmarcó del mercado de coca de Villa Fátima, decidió abrir otro centro de abasto “paralelo” en Villa El Carmen, acción calificada como “ilegal” por el bloque de Machicado.
Tras reiterados pedidos al Gobierno de cerrar definitivamente ese mercado y que esta demanda no fuera escuchada, los cocaleros afines a Machicado tomaron por la fuerza, el 8 de septiembre, esas instalaciones.
Durante la toma violenta en Villa El Carmen, se registraron destrozos, se incendió el edificio y se agredió a mujeres, a cocaleros que respaldan Alanes, a algunos periodistas, e incluso a niños.
Por ese motivo, la Fiscalía inició una investigación de oficio y emitió 15 mandamientos de aprehensión en contra de los principales dirigentes de Adepcoca.
En el marco de este caso, hasta la fecha, tres líderes cocaleros, entre ellos Machicado, fueron capturados y luego detenidos preventivamente en la cárcel por seis meses; el miércoles, se realizó una nueva aprehensión.
La dirigente Gudelia Botitano fue capturada durante una acción policial, en la que se denunció presuntos excesos por parte de los uniformados.
Ante esa situación, la Defensoría del Pueblo inició una investigación y prevé tener, hasta la próxima semana, un informe final al respecto, para establecer si hubo una vulneración de Derechos Humanos.
“Estamos en proceso de investigación, estamos desplegando todos los elementos personales, institucionales para esclarecer esta situación (…). Seguramente, la próxima semana vamos a tener un informe de evaluación de todo lo que ha acontecido”, afirmó Callisaya.
Agregó que se velará por el debido proceso, además que se están pidiendo los informes necesarios y se realiza el seguimiento del caso. “Lo que más nos alarma, ahora, es el hecho de que en estas situaciones, particularmente, los derechos de las mujeres y de los niños están en peligro (…), pues los niños están sin sus madres”, enfatizó el Defensor.
Un juzgado de La Paz rechazó eventuales riesgos procesales y determinó liberar a Gudelia Botitano, luego que fue vinculada por la Fiscalía en la toma violenta del mercado de coca de Villa El Carmen, controlado por el dirigente cocalero Arnold Alanes.
La dirigente Botitano, cuando fue aprehendida. Foto: APG
Por Luis Mealla
/ 29 de septiembre de 2022 / 17:53
La dirigente cocalera Gudelia Botitano, afín al bloque liderado por Freddy Machicado, se defenderá en libertad, luego que fue aprehendida, el miércoles, y pasó la noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en espera de su audiencia cautelar.
Un juzgado de La Paz rechazó eventuales riesgos procesales y determinó liberar a la mujer, luego que fue vinculada por la Fiscalía en la toma violenta del mercado de coca de Villa El Carmen, controlado por el dirigente cocalero Arnold Alanes.
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“El juez cautelar, habiendo valorado todos los elementos presentados, desvirtuó la probabilidad de autoría, peligro de fuga y de obstaculización, ha determinado que la señora Gudelia pueda defenderse en libertad”, explicó Evelyn Cossío, abogada de Adepcoca.
Si bien Botitano no correrá la misma suerte que Machicado —detenido de forma preventiva por seis meses—, el juez determinó el cumplimiento de algunas medidas cautelares, para garantizar que la dirigente continúe aportando elementos para esclarecer el caso.
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“Debe presentarse cada 15 días en la Fiscalía, además, debe presentar un garante personal simple; asimismo, está prohibida de concurrir a lugar de los hechos. Es lo que ha dispuesto la autoridad jurisdiccional del Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal”, precisó Cossío.
Botitano fue aprehendida durante una acción policial, en la que se denunció excesos por parte de los uniformados; en ese marco, se le atribuyó la comisión de 15 delitos, sin embargo, la Fiscalía no pudo determinar la participación de la dirigente cocalera en los actos violentos registrados el 8 de septiembre.
En esa oportunidad, cocaleros afines a Machicado ingresaron por la fuerza al mercado de Villa El Carmen, donde se realizaron destrozos, se incendió el edificio y se agredió a mujeres, a cocaleros que respaldan Alanes, a algunos periodistas, e incluso a niños.
Por ese motivo, la Fiscalía inició una investigación de oficio y emitió 15 mandamientos de aprehensión en contra de los principales dirigentes de Adepcoca.
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