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BOLIVIA

‘Camachismo’ en tiempos de pandemia – La Razón (Bolivia)

Sunday 16 Oct 2022 | Actualizado a 07:09 AM
Sunday 16 Oct 2022 | Actualizado a 07:09 AM
‘Camachismo’ en tiempos de pandemia
Imagen: LA RAZÓN ARCHIVO
El cabildo, el paro sin fin que se viene en Santa Cruz, están poniendo a prueba la solidez y perspectiva de esta otra élite cruceña liderada por Luis Fernando Camacho
Imagen: LA RAZÓN ARCHIVO
Por Pablo Deheza y Gerson Rivero
/ 16 de octubre de 2022 / 07:07
El liderazgo de Luis Fernando Camacho revive sobre la base de su característica más conocida: la confrontación.
En noviembre de 2019, la revista Globo de Brasil envió a la periodista Janaina Hirst a Santa Cruz de la Sierra. En ese momento, la irrupción de Luis Fernando Camacho en la política boliviana les parecía un ‘Déjà Vu’ de lo que había pasado con Jair Bolsonaro unos años antes. Hirst detallaba el uso de la imaginería religiosa (la Virgen, la Biblia, el rosario, el Cristo, etc), el discurso anticomunista, el liderazgo mesiánico y la reivindicación conservadora como señales inequívocas de un ‘bolsonarismo’ en ciernes.
Han pasado tres años, una elección nacional y otra subnacional que lo sitúa como gobernador de Santa Cruz.
En el trayecto, una serie de acciones y situaciones que quedarán entre la historia y el anecdotario. Sin embargo, hoy por hoy la coyuntura lo mantiene al frente, nuevamente, de la principal oposición del Gobierno. Esta vez el adversario ya no es Evo Morales, sino Luis Arce Catacora. No es el mismo escenario de 2019, pero se recurre al mismo método: un paro cívico indefinido. Los vaivenes para llegar a esta situación, entre las posturas de uno y otro lado, han resaltado el carácter intransigente del Gobernador cruceño y algunos analistas ya empiezan a hablar del “camachismo” como en algún momento se habló del “banzerismo”.
Aunque la trayectoria de Camacho no llega aún ni a la décima parte del expresidente Hugo Banzer, los paralelismos se dan por el discurso político conservador, su origen de clase y regional, ambos de Santa Cruz; además, por la presencia de algunos personajes en su entorno vinculados en su momento a Banzer o a Acción Democrática Nacionalista (ADN), como el exministro de Gobierno Guido Náyar, la familia Matkovic o su propio padre, José Luis Papi Camacho, señalado como paramilitar durante la dictadura banzerista.
Sin embargo, también hay diferencias que hacen que el ‘camachismo’ sea, hoy por hoy, un fenómeno para estudiar. “A diferencia de la Falange o ADN, el camachismo no tiene proyección nacional”, sostiene el exministro y exrector Reymi Ferreira. “Termina siendo un fenómeno muy local, urbano, un fascismo aldeano que no llega a tener ni siquiera una construcción ideológica”, resume.
El exsecretario de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, lo precisa como un resabio de los sectores tradicionalistas de Santa Cruz.
“Son herederos del tradicionalismo cruceño, que intenta rearticular un modelo, con sus luces y sus sombras, afectado por la modernización, la migración, e incluso por el proyecto político de Demócratas (de Rubén Costas), que era más abierto. De ahí que esta élite se sienta desplazada”, señala Peña. “A eso, sumemos la asunción del MAS, que desplaza a la vieja élite cruceña de la toma de ciertas decisiones. Por ejemplo, antes del MAS, sea quien sea el partido de gobierno, estaba claro que el ministro de Agricultura, Desarrollo Rural, o como se denomine la cartera, tenía que venir del sector agroindustrial cruceño. Con el MAS eso cambió”, explica.
Cuando hablamos de una élite cruceña regionalizada, sin mirada nacional, el politólogo Luis Andia se remite al periodo de la Revolución Nacional gestada en 1952 como un parteaguas.
“Antes del 52, la élite cruceña coordinaba con las élites minero feudales del occidente. Cuando llega el MNR y destruye estas oligarquías, la élite cruceña se mantiene tal cual, mientras que las del occidente se comienzan a adecuar a la modernidad”, explica Andia. “El nacionalismo revolucionario nunca llegó al poder en Santa Cruz, aunque sí llegó a las bases. De hecho, los partidos tradicionales nunca pudieron establecer una fuerza como tal a nivel local, cuando tenían que tomar decisiones sobre Santa Cruz, tenían que negociar directamente con las élites”, rememora el analista.
Esta prevalencia de la élite cruceña, según coinciden todos los consultados se ve interpelada, irónicamente, con el crecimiento del departamento y, sobre todo, del área metropolitana.
El llamado “Modelo de Desarrollo Cruceño” no podría existir sin la participación de miles de migrantes que llegan a cultivar la tierra, trabajar en la construcción, administrar el comercio y hasta el transporte público y privado.
Resulta contradictorio que los discursos conservadores y de rechazo sean contra los migrantes, pero a la vez resulta un elemento aglutinador para la base política de Creemos, el partido creado por el ‘camachismo’.
Calificativos como el de “avasalladores”, “malagradecidos” o “traidores”, o frases recurrentes que refuerzan el criterio de la ‘otredad’, “si no les gusta se pueden ir”, “los nacidos y no nacidos en esta tierra” o “tienen envidia de esta tierra bendecida”, son muy utilizadas, sobre todo en las redes sociales, pero también en ciertos discursos. El más extremo tal vez fue el del presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, cuando, llamó “bestias humanas” a campesinos que bloqueaban una carretera en la Chiquitanía.
El politólogo Dorian Calvo hace notar que pese a ser un fenómeno local, es también un sino de los tiempos y volvemos al ejemplo inicial de esta nota, el ‘bolsonarismo’. Pero también el ‘trumpismo’, el ‘macrismo’ o la aparición de ‘outsiders’ de ultraderecha en Latinoamérica como Antonio Kast, en Chile o Javier Milei, en Argentina.
En Europa también se vive una ola de extrema derecha coronada con la reciente victoria de Giorgia Meloni en Italia, pero con otros triunfos en Suecia, Hungría o Polonia, además de otros fenómenos electorales como Vox en España o Marine Le Pen, en Francia.
“En un estudio del que estoy participando, hemos visto que en el mundo hay muchas incertidumbres que generan respuestas del estómago. En la pandemia (del coronavirus) se vio bastante. En el ‘camachismo’ se ve mucho de ese fenómeno global: política de identidad, defensa de valores religiosos, conservadores y patriarcales”, enumera el politólogo.
“Sin embargo, lo que me parece un factor nuevo es la irrupción de las iglesias evangélicas”, hace notar.
Las páginas de redes sociales de diferentes ministerios religiosos evidencian esta afirmación. Por ejemplo, uno de las más influyentes, la del apóstol Marcelo Salas, un atleta, exluchador profesional convertido en pastor cristiano, realizaba una oración todas las jornadas, durante los 21 días que duró el paro cívico de 2019 que concluyó con la salida del poder de Evo Morales.
En cada video, relacionaba un pasaje bíblico con el movimiento político que finalmente derrocaría a Morales.
En el cabildo previo a las elecciones de 2019 que desembocarían en la crisis, Salas posteó lo siguiente: “Después del Cabildo. ¿Cuál es el siguiente paso? Más allá de todas las resoluciones emitidas en el Cabildo, necesitamos mantenernos unidos en la oración porque en esta lucha nuestro mejor aliado es Dios”.
Luego, instruyó que sus fieles realicen una oración que culminaba de la siguiente manera: “A ti entregamos Dios todopoderoso el presente y el destino de esta nación, reconocemos que de tu mano vamos a derrotar la corrupción, la violencia, el temor y la injusticia. Creemos y confesamos que este 20 de octubre, tú levantas un nuevo gobierno. En el nombre de Jesús. Amén.!!” (sic).
Este apoyo explícito sobrepasa las diferencias religiosas, pues si bien Salas es evangélico, Camacho se asume como católico y durante sus intervenciones lleva un rosario y también en sus intervenciones durante los cabildos de 2019 era secundado por la imagen de una Virgen, dos símbolos característicos de la Iglesia de Roma.
A eso se suma que los cabildos son convocados al pie de la estatua de El Cristo, y los discursos se dan en el Atrio Papal, construido para la llegada del papa Francisco en 2015.
Dorian Zapata aclara que este componente religioso va acompañado de un factor tecnológico que es el ecosistema de las redes sociales.
Técnicamente, tiene un denominativo en inglés, ‘Echo chamber’, que traducido al castellano sería una ‘cámara de eco’. “Todo este mecanismo definido por los algoritmos permite reforzar el discurso pensado por una élite. Es una herramienta muy poderosa que la puede utilizar cualquiera”, concluye.
Todas las características mencionadas se aplican al liderazgo de Luis Fernando Camacho, con la salvedad de que su atrincheramiento en Santa Cruz parece aumentar. Incluso, según Reymi Ferreira, “es cada vez más urbano, con poca raigambre en las provincias y definitivamente sin conexión con lo nacional”.
No obstante, el departamento de Santa Cruz se prepara para un paro cívico indefinido, alentado por el ‘camachismo’, por encima de las dudas de la institucionalidad cruceña agrupada en la Comisión Impulsora del Censo, por encima del alcalde Jhonny Fernández, de la Asociación de Municipios (Amdecruz), el empresariado y, por supuesto, del propio Gobierno nacional.
Es una incógnita si logrará doblar la mano del Gobierno, que parece apostar a esta pulseta para determinar la real correlación de fuerzas en el país en las calles.
En sus diferentes discursos, sobre todo en septiembre, Camacho ha resaltado “la capacidad del pueblo cruceño” de “doblegar al centralismo”. Repitió siempre que pudo las “victorias políticas logradas (a) base (de) protestas” desde Santa Cruz, como la elección de alcaldes en los 80 y de gobernadores ya en este siglo, las regalías petroleras y hasta la renuncia de Evo Morales en 2019.
Si el ‘camachismo’ prospera o avanza solo el tiempo lo dirá.
La realización del Censo en 2023, como quiere la institucionalidad cruceña, se ha convertido en el punto de discordia principal de una nueva crisis política en el país. En un momento en el que el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, iba perdiendo popularidad y credibilidad, la demanda del Censo, secundada por la institucionalidad cruceña a través de la denominada Comisión Impulsora del Censo, ha vuelto a poner en situación de expectativa al líder de la agrupación política Creemos.
Camacho venía de romper su alianza con la UCS, el partido del alcalde Jhonny Fernández, mucho antes del quiebre definitivo entre ambos líderes a causa de las diferencias por la lucha en la demanda del Censo.
El Gobierno central dejó en evidencia su baja ejecución presupuestaria y la ausencia de obras visibles le valió las críticas incluso de disidentes de su tienda política. Además, dos casos de corrupción se ventilan en los juzgados, involucrando a funcionarios cercanos a su entorno en la Gobernación.
El caso más notorio es el de su exsecretario de Salud, Fernando Pacheco, que se encuentra prófugo, tras una denuncia de malversación de fondos del su secretaría.
Asimismo, el director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Alejandro Soljancic, se encuentra detenido por una denuncia de la compra irregular de un carro bombero.
Quedan seis días para que se venza el plazo dado por la Comisión Institucional para que el Gobierno abrogue el Decreto Supremo 4760, que dispone la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda para 2024. Si no, se viene un paro cívico indefinido, en una Santa Cruz, por ahora, dividida.
Según Reymi Ferreira, puede haber dos escenarios desde la perspectiva de la élite cruceña. “Primero, que obtengan su demanda y el Censo se adelante; y segundo, provocar un desgaste, sobre todo económico, a la gestión de Luis Arce, que les permita estar en igualdad de condiciones”.
(*)Gerson Rivero y Pablo Deheza Son periodistas de La Razón

Reseña del nuevo libro del sociólogo cochabambino Fernando Mayorga, ‘Transiciones’.
Por Luciana Jáuregui J / 16 de octubre de 2022

Por Wilder Molina Argandoña / 9 de octubre de 2022

Por Pablo Stefanoni / 9 de octubre de 2022
Este 10 de octubre, 40 años de democracia, fue sin duda un día para reflexionar y valorar lo que tenemos.
Por Héctor Arce Zaconeta
/ 16 de octubre de 2022 / 06:40
Doctrinalmente, la democracia “es el sistema de gobierno que institucionaliza la participación del pueblo en el ejercicio del poder público, mediante la intercomunicación y el diálogo permanente entre gobernantes y gobernados, dentro de una justa estructura de distribución de la riqueza”. Tautológicamente, es “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Según definiciones de Pablo Lucas Verdu y Abraham Lincoln. Con todos sus defectos, es sin duda el mejor invento político de la humanidad, solo comparable con el descubrimiento del motor a vapor o la invención de la imprenta, diría Karl Lowenstein.
Para Bolivia el concepto de democracia fue siempre esquivo y difícil de consolidar, las tendencias autoritarias siempre fueron más fuertes y venció el golpe de Estado, la asonada militar y el cuartelazo, en criterio del profesor boliviano de Derecho Constitucional Alipio Valencia Vega. Empero, llegó un momento inédito en que los astros finalmente parecen haberse alineado y la madurez política consolidó la que parecía la más grande y larga etapa democrática en la vida nacional. La fecha 10 de octubre de 1982, un punto de inflexión fundamental en nuestra historia en la que parecía se había dado un giro y tomado una ruta de la que jamás nos separaríamos. Así, con la estabilidad y la institucionalidad como banderas, empezaríamos a asemejarnos al resto de las naciones, aunque sea solo por nuestra estabilidad política.
Hernán Siles Suazo fue sin duda el paladín de la democracia en un momento en que todo parecía conspirar. Finalmente, el sujeto social, el pueblo que había derramado sangre y lágrimas en busca de la democracia, terminó consolidando el sistema de gobierno más extendido positivamente en la historia de la humanidad. Con más sombras que luces, el sistema de democracia pactada dejó un profundo sabor a poco en la población boliviana, que pese a todo siempre valoró y defendió un imperfecto sistema de gobierno, que no trajo los cambios que se esperaban sino hasta el surgimiento de la Revolución Democrática y Cultural el 2006.
Hasta el 2019, estuvieron en el poder nueve presidentes, desde Hernán Siles hasta Evo Morales, todos elegidos democráticamente o que asumieron el cargo por sucesión constitucional, de acuerdo la Constitución de 1967; todos basaron su legalidad y legitimidad en el texto constitucional que había sido defendido y mantenido, casi con pinzas, en las peores circunstancias, incluso en las crisis de 2003 y de 2005.
El 10 de noviembre de 2019, toda esta historia y rumbo sostenido con esfuerzo y sacrificio finalmente se quebró. Más allá de los errores, los hechos marcaron el tamaño de la desgracia y el retroceso: las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana sugiriendo la renuncia del presidente constitucional, la violencia extrema sembrada contra gente inocente a quien se persiguió, acosó, torturó y encarceló. La muerte autorizada por decreto, el desprecio a la vida humana, las masacres y ejecuciones sumarias de Sacaba y Senkata, de acuerdo al informe del GIEI-Bolivia, marcaron el fin prematuro. Una interrupción, se vería más adelante, de una democracia en construcción, que a todas luces parecía ya había superado todas las pruebas.
Una vez más fue el pueblo, el sujeto social fundamental que nunca deja de luchar contra la tiranía, la autocracia y la peor corrupción traducida en la explotación del hombre por el hombre, como diría Manuel Morales Dávila, quien desde la lucha, desde las calles y los caminos y desde el voto, le devolvió a la Nación la tan anhelada democracia.
El 10 de octubre, cuarenta años después, fue sin duda un día para reflexionar y valorar lo que tenemos. Quizá el quiebre constitucional de 2019 y el sufrimiento extremo que muchos de nosotros pasamos era necesario para valorar lo que es en realidad la democracia, para darnos cuenta de lo valiosa que es la libertad y el derecho. Parafraseando al presidente argentino Nicolás Avellaneda: “los pueblos que olvidan sus triunfos y sus derrotas, sus victorias y sus tragedias, pierden la conciencia de sus destinos”.
Ahora queda superar la página, hacer justicia, no por odio ni venganza, sino para evitar que algo así ocurra nuevamente en el futuro y sobre todo por respeto a quienes ya no están entre nosotros, fruto del golpe de Estado. Ahora toca profundizar la Revolución Democrática y Cultural, marcar definitivamente el fin del “Estado q’ara” como lo calificaría al Estado anterior a 2006 Eusebio Gironda Cabrera. Ahora toca también la estabilidad, la paz, la gestión y la construcción de una sociedad mejor en la senda de los últimos quince años, sin olvidar jamás este día.
(*)Héctor Arce Zaconeta es abogado, representante ante la OEA

Por Pablo Stefanoni / 9 de octubre de 2022

Por Wilder Molina Argandoña / 9 de octubre de 2022

A la fecha, el 45% de los títulos agrarios están a nombre de mujeres; hace 29 años, en 1993, esta cifra era del 10%.
Por Eulogio Núñez A / 16 de octubre de 2022
A la fecha, el 45% de los títulos agrarios están a nombre de mujeres; hace 29 años, en 1993, esta cifra era del 10%.
Por Eulogio Núñez A
/ 16 de octubre de 2022 / 05:56
Hasta 1993, después de 40 años de reforma agraria, las mujeres eran propietarias del 10% de las tierras rurales en el país. Las cifras más recientes señalan que a la fecha más de un millón de mujeres en Bolivia cuentan con un título agrario a su nombre, representando 45% del total de beneficiarios a nivel nacional. Estos datos implican un cambio sustancial, que representa esta condición para la vida de todas esas mujeres y sus familias, en una sociedad que como la boliviana todavía carga con prejuicios machistas y patriarcales, sobre todo en el área rural, donde la mujer muchas veces no logra ejercer a plenitud sus derechos.
Desde la promulgación de la Ley de Reforma Agraria en 1953 se da inicio a un largo camino de conquistas sociales, entre las que el derecho de las mujeres a la tierra y territorio ha sido uno de las más relevantes, tanto por la lucha realizada como por los resultados alcanzados. Hasta ese momento, no se reconocía el derecho de indígenas y campesinos, ni mucho menos de las mujeres, a la tierra que ellas y ellos mismos trabajaban.
A partir de allí se fueron promulgando otras normas, siendo la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria (1996), la que incorpora directamente los derechos de las mujeres a la tierra, garantizando la participación de forma abierta y por igual a hombres y mujeres en la ejecución de los procedimientos de saneamiento. Sobre la titulación señala que “cuando una persona individual o jurídica sea beneficiaria de un predio, se otorgará derecho de propiedad individual a su favor, sin discriminación de género”.
A su vez, la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria (2006) da el salto revolucionario que marca la diferencia entre todas las reformas agrarias de Bolivia y del continente. Esta ley garantiza y prioriza la participación de la mujer en los procesos de saneamiento y distribución de tierras, consignando el nombre de la mujer en primer lugar, independientemente de su estado civil.
Este derecho es ratificado en la Constitución Política del Estado (2009) donde se incorporan más avances respecto al tema de tierras para los campesinos e indígenas y también sobre los derechos de las mujeres para acceder a ella, sin discriminación por su estado civil, haciendo énfasis en su derecho a la herencia.
El cumplimiento de esta política de Estado es responsabilidad del INRA, y desde 2006 muestra resultados incuestionables que llegan a 45% de los títulos de propiedad de la tierra que favorecen a más de un millón de mujeres, a partir de directrices institucionales que promueven la aplicación de la equidad de género en cada una de sus intervenciones, en un trabajo conjunto y articulado con las mismas comunidades y las y los beneficiarios, que garantizan que este derecho se cumpla.
Para la mujer, es un gran paso para acceder de forma efectiva a la tierra y al territorio, lo que le permite un empoderamiento con abiertas posibilidades para lograr su participación efectiva con reconocimiento social, político, económico y cultural, en su comunidad; y, paralelamente, lograr otros fines como el acceso a créditos, a capacitación y tecnología, a servicios de comercialización y mercadeo y/o la gestión territorial, a administrar la tierra, a ser parte vital en la toma decisiones de su territorio, como en el acceso y cuidado de los recursos naturales.
Considerando que la brecha de género en el acceso a la tierra es todavía muy significativa en América Latina; que Bolivia haya alcanzado ese porcentaje (45%) de mujeres dueñas de sus predios, constituye una muestra incuestionable del esfuerzo y compromiso para con el país y, sobre todo, con las hermanas campesinas, indígenas, originarias, muchas de ellas protagonistas directas en la lucha para incluir dichos derechos en la Constitución y en otras normas y ser permanentes vigías para su cumplimiento.
Para 2025, Año del Bicentenario de la fundación de nuestro Estado Plurinacional, se tiene como meta concluir el proceso de saneamiento de tierras rurales en todo el país, aplicando políticas de equidad de género e inclusión en el acceso a la tierra.
El cambio histórico, actualmente en curso, de reconocimiento de los legítimos derechos de las mujeres a la propiedad de la tierra es la mejor muestra de que la tierra, ahora sí, tiene nombre de mujer.
(*)Eulogio Núñez A. es abogado, director del INRA

El 6 de octubre es el Día del Cadete, en memoria de 162 cadetes que en 1933 se ofrecieron para ir al combate.
Por Bertha Alarcón de Guillén / 2 de octubre de 2022

Este 10 de octubre se cumplen 40 años del retorno a la democracia. Una historia con dos grandes tramos
Por Iván Bustillos / 9 de octubre de 2022

Por Wilder Molina Argandoña / 9 de octubre de 2022
Reseña del nuevo libro del sociólogo cochabambino Fernando Mayorga, ‘Transiciones’.
Por Luciana Jáuregui J
/ 16 de octubre de 2022 / 05:22
La interpretación de la crisis política de 2019 es hasta ahora una querella política y académica por definir las coordenadas, los sujetos y los objetos de disputa del campo político. Sobre todo porque la lucha se definió en torno al sentido de una palabra: democracia. Escudriñar esta coyuntura no puede quedarse en una lectura epidérmica, hace falta descifrar ese momento decisivo en que la lucha política se libró por articular o desarticular el significado de la democracia.
Fernando Mayorga tuvo la agudeza intelectual de leer las coordenadas reales de la lucha política y de redefinir los términos del debate en este contexto de incertidumbre y desconcierto generalizado. El libro Transiciones reúne una serie de ensayos que se elaboraron desde el golpe de Estado de 2019 hasta la recomposición del campo político tras las elecciones nacionales y subnacionales de 2020 y 2021. Si bien cada uno de ellos puede leerse por separado, aluden a una línea de tiempo común conformada por tres momentos: la reconstitución del bloque oligárquico señorial, la recuperación de la iniciativa política y reorganización del MAS-IPSP y, finalmente, el desemboque de las relaciones de fuerza tras el retorno del MAS-IPSP al gobierno un año después. Su aporte fundamental está en reconstruir los términos en que se libró la lucha hegemónica durante este periodo entre dos proyectos distintos —el oligárquico liberal y el indígena nacional-popular— desmontando la narrativa dominante que buscaba expiar el contenido social y político de una movilización orquestada “desde arriba”. Su objetividad analítica y sensibilidad política le permite identificar con precisión los bloques en conflicto, su plataforma programática, los objetos en disputa, así como las estrategias y resultados que derivaron de estas luchas sucesivas.
Particularmente, el libro desestructura tres grandes argumentos que se instalaron como marco interpretativo de este periodo: el carácter democrático de la movilización de los “pititas”, la asimilación del MASIPSP a la figura de Evo Morales, y la persistencia de una lectura en clave de polarización en el momento político actual. En el primer caso, los dos primeros ensayos desmontan la falsa dicotomía golpe-fraude y reconstruyen la trama sociopolítica que subyació realmente al relato democrático y al sujeto “ciudadano”. Se evidencia la existencia de un plan sistemático y combinado de desestabilización política, la dirección del movimiento por parte de las élites cruceñas, el carácter oligárquico de su proyecto político y, por supuesto, la centralidad de las fuerzas del orden en la definición de la salida de Evo Morales del gobierno. Este proceso derivó de la conformación de una coalición opositora unificada solo por negación al MAS-IPSP, que progresivamente cedió al ala más radical de la derecha. Sin embargo, es claro que esto no hubiera sido posible, como muestra el texto, sin la parálisis estratégica y la clausura temporal del MAS sobre sí mismo. Con todo, la verdad del golpe de 2019 trasciende la cuestión de los procedimientos, su carácter se revela en la materialidad de las masacres de Sacaba y de Senkata.
El segundo elemento que desarrolla el libro es el papel determinante de las organizaciones sociales en el MAS-IPSP, considerando que hasta entonces se tendía a encasillarlo despectivamente dentro de la categoría de populismo y a reducir las relaciones entre el gobierno y las organizaciones a la cooptación. El análisis de su desenvolvimiento durante la coyuntura crítica muestra más bien un espacio complejo y conflictivo, en el que se producen relaciones de fuerza variables entre distintos actores y lógicas de ejercicio político. De ahí que la caída de Evo Morales no implicó la extinción del MAS, sino una recomposición interna que reposicionó a las organizaciones sociales. Sin esa flexibilidad político-organizativa y vitalidad de las estructuras sindicales y comunitarias, la reapropiación de la democracia y la victoria contundente de 2020 resultaría prácticamente inexplicable. Empero, sería un error pensar que el MAS-IPSP se mantuvo indemne, la crisis política conllevó el fin de un modelo decisional y un reacomodo de las coaliciones internas, cuya deriva aún está abierta. En todo caso, estos dos elementos señalados hasta aquí resultan fundamentales para suturar el agujero explicativo que dejó la épica “pitita”, pues no hay movilización democrática sin movimiento popular ni MAS-IPSP sin organizaciones.
El tercer aspecto es el nuevo mapa político que surgió de este periodo convulso, tras los procesos electorales de 2020 y 2021. La caracterización de los bloques sociales principales en términos de campo — el campo oligárquico liberal y el campo nacional popular— mina la comprensión monolítica, homogénea y sosegada de las fuerzas políticas, que se extendió equívocamente en el debate después de la polarización. Si bien es claro que la categoría de campo aún delimita un espacio regido por sus propias lógicas y fronteras, abre la posibilidad de aprehender la compleja trama de relaciones de cooperación y de conflicto que acontece en cada uno de ellos. Sobre todo, porque el texto sostiene que actualmente el campo político transita de una lógica bipolar a una multipolar, en el que el derrotero de las fuerzas sociales depende precisamente de su capacidad para redefinir su cohesión interna: ya sea para evitar la disgregación, como sucede en el movimiento indígena nacional popular, o para unificarse más allá del antimasismo, en el caso de la oposición. Lo cierto es que la fragmentación y el recambio de liderazgos ya habla del agotamiento de determinadas articulaciones y figuras políticas que dejaron de expresar las formas subjetivas emergentes.
Finalmente, cabe situar la hipótesis que el libro desliza de modo sugerente a manera de título: Transiciones. Esto quiere decir que los acontecimientos descritos no se agotan en el tiempo, pues interfieren directamente en el proceso político general. La coyuntura política de estos años fue un punto de inflexión antes que un recorte temporal, tanto por sus efectos dislocatorios como por sus luchas por el sentido. Empero, no existe una ruptura y resultado indefectible, como avizoraban las tesis de “fin de ciclo”, se trata más bien de un momento de redefinición de los consensos ideológicos y los equilibrios políticos, que evoca, al menos por ahora, cambios en la continuidad. Quizás entonces las preguntas que el libro deja abiertas sean: ¿hasta dónde se debilitó la capacidad de articulación política del MAS-IPSP?, ¿de qué modo la coyuntura incidió en la composición y posibilidades políticas de la oposición?, ¿cuál es el significado político de la fragmentación después de la polarización?, ¿qué otras coordenadas se empiezan a delinear en el campo político? En todo caso, es claro que asistimos a un momento de apertura, cuyo derrotero dependerá de la capacidad de las fuerzas políticas de cambiar la correlación de fuerzas en una u otra dirección.
(*) Fragmento del prólogo del libro Transiciones. Ensayos sobre democracia en tiempos de crisis (Bolivia 2019-2020).
(*)Luciana Jáuregui J. es socióloga (*)

En la reciente elección en Italia, se hizo con la mayoría en su Parlamento un partido etnonacionalista.
Por Patricia Guzmán C. / 2 de octubre de 2022

El 6 de octubre es el Día del Cadete, en memoria de 162 cadetes que en 1933 se ofrecieron para ir al combate.
Por Bertha Alarcón de Guillén / 2 de octubre de 2022

‘Le Capital’ representó la primera puerta de acceso a la obra de Marx para lectores de varios países.
Por Marcello Musto / 2 de octubre de 2022
Este 10 de octubre se cumplen 40 años del retorno a la democracia. Una historia con dos grandes tramos
Plaza San Francisco en La Paz. Una de las mayores concentraciones. Fue para recibir a Hernán Siles Zuazo, que con la UDP había ganado las elecciones de 1978, 1979 y 1980.
Por Iván Bustillos
/ 9 de octubre de 2022 / 04:16
Mañana, 10 de octubre, se cumplen 40 años del llamado retorno a la democracia, en 1982. Hasta ahora, es el periodo democrático más largo de la historia del país. Habrá quien diga que solo son 39, dado el año del gobierno transitorio, “de facto”, de la entonces senadora Jeanine Áñez (noviembre 2019-noviembre 2020); pero también habrá quien insista en la “sucesión impecable”.
Materia en pleno debate-definición, por ahora mejor pasarla por alto. Lo fundamental de los 40 años —se propone aquí— es que éstos podrían dividirse en: tres de “transición” (1982-1985); 18 de “democracia pactada” (1985-2003); dos de sucesiones (2003-2005); y 17 de lo que los politólogos llaman “sistema de partido predominante” (2005-2022, exceptuando, como se dijo, 2019-20).
Además de la supervivencia de nuestra democracia (toda una generación), vale la pena reflexionar acerca de sus mayores logros y las trabas que aún tiene; y he aquí que los dos estudiosos invitados, ambos doctores en Ciencia Política, el comunicador José Luis Exeni y el sociólogo Fernando Mayorga, coinciden en que si hay algo hoy día que distingue a la democracia boliviana es su avance, con sus glorias y miserias, de lo que se vino en llamar “democracia intercultural” y la paridad de género en la participación política.
Ahora, pese al menosprecio con que algunos ven a la “democracia pactada”, para ser justos tiene lo suyo.
Bolivia tuvo un periodo largo de cinco coaliciones que sustentaron, de manera sucesiva, a los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro (1985- 1989), Jaime Paz Zamora (1989- 1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), Hugo Banzer Suárez- Jorge Quiroga Ramírez (1997-2002) y Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), apunta Exeni en su libro Democracia (im) pactada. Coaliciones políticas en Bolivia 1985-2003 (Plural, 2016)
ESTABILIDAD.
Rasgo distintivo de la democracia pactada, recuerda Exeni, es que convergió con el neoliberalismo, pero en sí misma tiene dos caras, la positiva y la negativa, sugiere el entrevistado: “Una positiva, porque permitió un periodo amplio, casi dos décadas, de estabilidad política asentada en coaliciones multipartidistas, parlamentarias, así como de gobierno”.
Impulsaron un programa de estabilización y ajuste estructural —continúa—, “generaron un proceso de reforma político-institucional, impulsaron el proceso de consolidación de la democracia en el país; creo que eso es importante subrayar”.
Pero el problema con la democracia pactada, dice, “es que muy pronto devino en partidocracia”; una élite, la triada MNR, ADN y MIR, que fueron rotando en las diferentes coaliciones, que ejercieron el poder en una suerte de “pasanaku”.
El otro gran problema de las coaliciones de la democracia pactada es que éstas “no siempre fueron programáticas, sino principalmente con base en cuotas de poder, cuoteos de poder”. Algunas de estas alianzas acaso merezcan el calificativo de “promiscuas, como la de Jaime Paz y Hugo Banzer, el 89”, apunta Exeni. “El hecho es que no necesariamente generaron procesos de ampliación y profundización de la democracia”, interpela.
Ahora, destaca el comunicador, tener copado el Parlamento no siempre era garantía de gobernabilidad.
La “megacoalición” de Banzer, por ejemplo, que tenía más dos tercios en el congreso “no fue suficiente para mantener la gobernabilidad, porque ésta estaba por fuera, en organizaciones sociales, en las calles, que demandaban una democracia que les resuelva sus problemas económicos, de marginalidad, pobreza, desigualdad; que genere inclusión. Fue el agotamiento de este modelo el que precisamente terminó en la fuga de Sánchez de Lozada”.
El mayor mérito que Exeni ve en la democracia pactada es que “ha contribuido a la consolidación de la democracia representativa en el país”. Los acuerdos de febrero del 91 (agenda de reformas al sistema electoral) y julio del 92 (la firma del denominado “Acuerdo por la Modernización del Estado y el Fortalecimiento de la Democracia”) son muy valiosos.
“Claro, solo como parte de la partidocracia, estando fuera los partidos de izquierda y las organizaciones sociales; pero con este límite, se permitió avanzar en la reforma político- institucional”, destaca Exeni.
Aparte de la creación de importantes instituciones, también aquí se avanzó el proceso de la Participación Popular, un hecho que “permitió democratizar el poder local y generar espacios de redistribución”, asevera.
REFORMAS.
También están en su haber las dos primeras reformas parciales de la Constitución, de 1994 y de 2004, “donde se reconoce a las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, a los diputados uninominales, la iniciativa legislativa”, entre otros avances.
Pero la democracia pactada “se degradó”, concluye el comunicador.
“No le servía para nada tener dos tercios en el Congreso, porque se había divorciado de la sociedad, de sus necesidades.
Y el haber asumido de manera muy instrumental la democracia, se convirtió en una partidocracia ensimismada”.
Coincidiendo con Mayorga, Exeni remarca que el gran parteaguas fueron las elecciones de diciembre de 2005. “El sistema de partido predominante, es lo que se inaugura el 2005, es cuando un partido gana sucesivamente las elecciones, con mayorías absolutas, o especiales, el Movimiento Al Socialismo (MAS). Y, lo más importante, ligado a un proyecto de transformación del Estado, a la demanda de una Asamblea Constituyente”, remata Exeni.
Ahora, “un dato central de la democracia boliviana en estos 40 años es que se la puede evaluar como un proceso de ampliación de la democracia, es decir, de la incorporación cada vez mayor de sectores excluidos, claramente mujeres, campesinos, que ha tenido un momento determinante cuando se funda el Estado plurinacional en 2009”, llama a la reflexión el sociólogo cochabambino Mayorga.
COMUNITARIA.
Un dato no menor es la constitucionalización de las tres formas de democracia, la tradicional representativa, la participativa y “lo más importante, la democracia comunitaria, que implica incorporar lógicas de designación y elección de autoridades de forma distinta a la forma occidental individualista clásica”, asegura.
“Y esta combinación de tres formas de democracia en la Ley del Régimen Electoral va a ser conceptualizada como ‘democracia intercultural’; un avance muy importante, al que se suma la consolidación de la paridad democrática, con la presencia en las tres últimas elecciones de casi la mitad de mujeres en cargos de representación en las dos cámaras”, redondea el sociólogo.
La democracia boliviana, destaca Mayorga, también se mueve en lo que llama “los dos sentidos de la democracia, la libertad y la igualdad, a lo que yo incorporaría la plurinacionalidad.
La cuestión es que tenemos que buscar un punto de equilibrio entre libertad, igualdad y plurinacionalidad, o que se alimenten de manera mutua”, interpela la forma de ver la democracia “a la boliviana”.
Lo que se ha tenido en los últimos años, dice Mayorga, es una “disputa por el sentido de la democracia”.
Por ejemplo, “el MAS perdió, regaló, cedió la democracia como libertad a la oposición el momento en que no se respetó el resultado del referendo de 2016”.
La oposición transformó eso diciendo “estado de derecho, alternancia, pluralismo, y esas libertades; y el MAS se ubicó en la igualdad, en la idea de justicia social, de sus políticas redistributivas”.
Hay que recordar que en 2019, para deponer a Morales, la consigna era la defensa de la democracia, de la libertad, en oposición al ‘autoritarismo y dictadura’ que representaba Evo Morales.
Pero, he ahí cómo es de dinámico todo esto, destaca el sociólogo, el gobierno de Áñez llegando al poder bajo la consigna de defensa de la democracia y la libertad, pronto ésta se volvió contra ella misma, dado el carácter marcadamente represor del gobierno de Áñez. “Y el MAS y los movimientos sociales, el Pacto de Unidad, los sindicatos, aparecen como los defensores de la libertad, bajo la consigna de reconducción democrática, pero además a través de procedimientos institucionales, normales, como son las elecciones”.
Tras volver a incorporar la libertad a su discurso, en el MAS se ve que sigue muy fuerte el sentido de la igualdad, la redistribución de la riqueza, insiste el estudioso cochabambino; “dada la crisis sanitaria, la recesión económica, la gente exige que se mantenga el modelo económico.
Además, en el enfrentamiento con Áñez, la reivindicación de la plurinacionalidad se cristalizó en la defensa de la wiphala, en la protesta contra el racismo”.
Y, para terminar de englobar, Mayorga asegura que “hoy día creo que está en juego el tipo de combinación de esos elementos”, la vigencia del Estado de derecho (la democracia como libertad), pero también la continuidad de las políticas redistributivas (democracia como igualdad), y avanzar en la construcción del Estado plurinacional (la democracia como plurinacionalidad); “que los tres elementos puedan estar articulados”.
INTERCULTURAL.
Lo mejor que le puede pasar a nuestra democracia, dice el sociólogo, es “que la democracia intercultural se expanda. Se tiene democracia intercultural en la Cámara de Diputados, con diputados indígenas; en las asambleas departamentales; las seis autonomías indígenas.
En algunos concejos municipales ya se está incorporando la elección por normas y procedimientos propios. Se trata de combinar, no son excluyentes; no es que ‘o voto universal o democracia comunitaria’”. En algunos casos conviven, asegura. En las asambleas departamentales hay de 5 a 15 por ciento de asambleístas indígenas elegidos mediante sus normas, el resto es por voto universal, informa.
“Hay que ver que esto avance en los concejos municipales, porque está en juego la calidad de la representación y, por tanto, la legitimidad de las decisiones”. Y, segundo, tiene que avanzar la democracia paritaria, la participación de mujeres no solamente en los órganos de representación, en los legislativos, sino que tiene que pasar al ámbito del Ejecutivo.
Estos son los pendientes. Una amalgama entre democracia paritaria e intercultural”, concluye Mayorga.
Para Exeni, finalmente, la Constitución “amplió sustantivamente la democracia, las democracias; asume una alternativa al desarrollo, el Vivir Bien con reconocimiento de los derechos de la naturaleza; el pluralismo jurídico; la economía plural”.
En 2009, con la nueva Constitución, “hemos dado un salto cualitativo muy grande en términos de horizonte democrático; el reconocimiento de tres formas de democracia: representativa, directa o participativa y comunitaria rompe la tradición de 184 años de vida republicana, en la cual democracia era sinónimo de gobierno representativo. Y nos platea el desafío de asumir que la democracia no es solo el principio de representación política o ser una democracia electoral, sino que también implica mecanismos de participación ciudadana, de deliberación pública, de control social, de libre determinación, o sea, hay un proceso de ampliación sustantiva de la democracia, esto que Boaventura llama el principio de demodiversidad”.
HORIZONTE.
Como Mayorga, Exeni recuerda que fue en la Ley del Régimen Electoral (2010) donde nace la denominación “democracia intercultural”; “es muy valioso, en términos de horizonte democrático, incluso conceptuales, hablar de una democracia intercultural que implica el desafío del ejercicio complementario de igual jerarquía de diferentes formas de democracia”, define la interculturalidad el comunicador.
“El horizonte político boliviano es intercultural y paritario, y este es un gran avance; por supuesto que todavía hay límites, lo importante es que es un proceso de construcción, de disputa por la construcción democrática, que tiene que ver en la calidad de la propia democracia, que no es la democracia como un objeto conseguido; es algo por lo cual se está disputando permanentemente, y es algo que hay que defender frente a un contexto en el que hay un desencanto con la democracia, una fuerte presencia de expresiones de ultraderecha que va interpelando la propia democracia y generando retrocesos en derechos humanos. Un contexto adverso para la democracia, que creo que en Bolivia solo se va a poder enfrentar con la democracia intercultural y paritaria”.
Finalmente, provoca Exeni, acaso haya que tener presente dos grandes distorsiones, cuando se habla de democracia intercultural: “una, asociarla con la democracia comunitaria; la democracia comunitaria es una de las tres formas de democracia, cuyo conjunto hace a la democracia intercultural; y, la otra, el gran error de vincular, no solo a la democracia intercultural, sino al propio Estado plurinacional con un partido o proyecto político.
Soy un convencido de que el proceso constituyente y de refundación estatal del país, por supuesto impulsado por el gobierno del MAS, pero sobre todo por las organizaciones sociales, de la sociedad civil, de mujeres y jóvenes, etcétera, va más allá de un gobierno o de un liderazgo como el de Evo Morales; tiene que ver con un proceso”.
 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Los factores sociales y actores que interfieren el funcionamiento de la provisión estatal de justicia no solo se encuentran en los ámbitos donde se tramitan los juicios, se expanden también a otros círculos de la sociedad, pero poco se los toma en cuenta en el momento de los análisis y las soluciones. La consecución de un sistema judicial (capacidad del juez para resolver disputas entre personas) con los atributos de transparente, autónomo, idóneo, pronto, será difícil lograr solo con cambios de organización administrativa o nuevos mecanismos procesales. Mas en esa línea se adscriben, en general, las propuestas de abogados, incluso entre los etiquetados de juristas notables, porque su lectura del problema es reduccionista y parcial, ya que se remiten a lo judicial, organizacional o normativo solamente.
El modo en que se hace funcionar y culminar un proceso judicial en Bolivia no es solo una cuestión de organización, de buenos o malos jueces, es resultado de varios otros factores.
Por un lado, es reflejo del modo en que los grupos sociales, las personas, desplazan sus estrategias de “defensa o ataque” y forman sus concepciones sobre los procesos judiciales, sus operadores y sus valores.
Por otro lado, es resultado del modo que los políticos en función de poder construyen y ejercen su rol respecto a la designación y actuación de magistrados, jueces y fiscales.
Esos modos de actuar se desprenden de lo que los sociólogos del derecho identifican como la cultura jurídica de la gente. Por tanto, como resultado de un abordaje científico de la cuestión, la solución a largo plazo tiene que ser integral, de transformación de la cultura política de políticos y operadores de justicia con relación a la administración de justicia, acceso similar a la información sobre derechos y justicia entre los ciudadanos, cambios en la calidad de vida en diferentes ámbitos de la estructura social, único modo de que todos tengan mayores capacidades de defensa judicial y el acceso a la justicia no solo sea principista.
Hasta ahora, se pone énfasis en mejoras de la organización interna, ampliación de capacidades administrativas y mayor asignación de operadores de justicia. Otros análisis se remiten a los métodos de reclutamiento.
Por ejemplo, insisten en la selección de profesionales honestos, asumiendo que la situación pasa por actitudes individuales, de voluntarismo altruista.
La elección popular de magistrados mediante votación ciudadana ha sido clasificada ya como un fracaso, incluso por sus impulsores, respecto al logro de independencia judicial.
Aunque, en realidad, el método no es la causa; a éste se le echa la culpa, justamente, por una interpretación errada respecto a los factores determinantes. En Estados Unidos los magistrados se eligen por el presidente y nadie desconfía de la designación discrecional, dado que existe una tradición de responsabilidad cívica de elección basada en la idoneidad profesional y ética.
En el país no son los métodos de selección que hacen fracasar los propósitos de reforma, los factores de desviación tanto de los métodos aplicados como de la actuación de los jueces electos, se encuentran en la cultura política y jurídica de los ciudadanos. Desde el inicio de la selección de candidatos a jueces supremos, hasta la campaña de promoción hacia la votación, la influencia del activismo político-partidario estuvo presente, dando lugar a la generación de lealtades de ida y vuelta, que luego se ponen en práctica, afectando la neutralidad respecto a las leyes y la independencia, y a la calidad profesional de aquellos.
Todas las propuestas de solución parecen asumirse como cuestión de voluntarismo personal, cuando son condicionantes estructurales los que están influyendo, cada día, desde los círculos de la sociedad hacia jueces, fiscales y abogados; desde el sistema político hacia magistrados, jueces y fiscales; y, desde los ámbitos del sistema judicial hacia los litigantes.
Aunque los tribunales son órganos del Estado por excelencia, y simbolizan la neutralidad y la universalidad de la función judicial, así como la autonomía del derecho, en realidad son impactados por fuerzas sociales que se ubican en el campo político, económico y la educación; por ello reciben las influencias de esas fuerzas. El análisis nos lleva a concluir que las instituciones judiciales no pueden ser estudiadas ni reformadas de manera aislada, sino que deben ser transformadas, al mismo tiempo que se trabaja en cambios en otros campos de la sociedad como son la cultura jurídica, la educación jurídica de base y las desigualdades estructurales de acceso a información e ingresos entre los bolivianos.
(*)Wilder Molina A. es sociólogo, profesor de investigación jurídica

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