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BOLIVIA

Caso ABC: Lima afirma que se investigarán todas las actividades de la empresa china en Bolivia – La Razón (Bolivia)

Sunday 18 Sep 2022 | Actualizado a 14:36 PM
Nacional
Sunday 18 Sep 2022 | Actualizado a 14:36 PM
El ministro de Justicia explicó que corresponde activar este procedimiento judicial cuando se detecta un caso de “lavado de dinero” o legitimación de ganancias.
El ministro Iván Lima, en conferencia este domingo. Foto: Roberto Guzmán
Por Luis Mealla
/ 18 de septiembre de 2022 / 14:36
El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que se investigarán todas las actividades de la empresa constructora china Harbour Engineering Company (Chec) en Bolivia, luego que se detectó una presunta coima, que implica también a funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), para la adjudicación de una carretera en Chuquisaca.
La autoridad explicó este domingo, durante una entrevista en la televisora estatal, que corresponde activar este procedimiento judicial cuando se detecta un caso de “lavado de dinero” o legitimación de ganancias.
“Por compromiso internacional de Bolivia, por convenios internacionales, cuando hay un caso de lavado de dinero, hay la necesidad investigar todas las actividades de la empresa en Bolivia”, precisó Lima.
En ese marco, detalló que esto implica investigar todas las actividades que realizó la empresa en el país, desde que llegó hasta el último contrato, “y eso no implica que los anteriores contratos sean irregulares”, aclaró el Ministro de Justicia.
Por este caso, Jin Zhengyuan (representante de la empresa china) y el ciudadano boliviano Esteban A. S., fueron enviados al penal de San Pedro, de La Paz, por seis meses con detención preventiva.
El empresario chino es acusado de favorecerse con la adjudicación de la construcción de la carretera doble vía Sucre-Yamparaez, mediante una coima de Bs 18 millones.
Lima agregó que también se investiga a todos los funcionarios de la ABC que participaron del proceso de licitación en el que se detectaron irregularidades, como el hecho de que el 27 de diciembre de 2021, al inicio del trámite, se presentaron documentos notariales que fueron impresos y vendidos el 26 de enero de 2022.
“No era posible que en esa fecha la empresa china Harbour hubiera presentado el documento (…) que se tiene que presentar ante la comisión el 27 de diciembre de 2021, pues no existía, porque el papel recién se iba a vender en enero”, precisó el ministro.
En ese marco, aseveró que ahí quedó en evidencia la responsabilidad de la comisión de calificación y por lo tanto “requerimos un proceso penal, que aclare esta situación”.
Contrato y ejecución de la obra
Respecto a la ejecución de la obra, Lima indicó que hasta la fecha se desembolsó el 20% para el contrato.
“Toda la ejecución y todo el dinero que se ha gastado está en el lugar, en maquinaria, en movimiento de tierra, se está realizando la obra, se está garantizado el cumplimiento y todo el dinero que se entrega está garantizado por boletas bancarias de ejecución inmediata”.
El ministro explicó que si en el escenario de “diálogo y negociación” entre la ABC y la empresa china, se logra una “explicación coherente” y se comprueba de que ese ciudadano chino actuó aisladamente a la responsabilidad corporativa, “se podrá seguir con la obra”.
“Pero necesitamos evidencia contundente de que él no es parte de una estructura dentro de la corporación (…). Si ocurre lo contrario, lo que dice el contrato, la norma administrativa, es que deberemos ejecutar las boletas bancarias, resolver el contrato y contratar otra empresa. Todo esto en el marco del debido proceso y de las normas de contratación del estado boliviano”.
Con todo, Lima sostuvo que el Gobierno garantiza la conclusión de la obra en los plazos pactados, pues se recurrirá a “toda la fuerza legal y contractual” vigente para cumplir ese objetivo.
El ministro Iván Lima afirmó que el Gobierno nunca solicitó la detención preventiva de la exautoridad y que el proceso es impulsado por la actual alcaldesa alteña Eva Copa.
La exalcaldesa Soledad Chapetón, cuando fue aprehendida. Foto: Rodwy Cazón
Por Luis Mealla
/ 18 de septiembre de 2022 / 14:28
El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este domingo que esa cartera estatal analizará si se constituye en parte querellante en el proceso que se abrió contra la exalcaldesa de El Alto Soledad Chapetón, por el pago de una obra supuestamente no concluida en la avenida Juan Pablo II.
Asimismo, la autoridad afirmó que el Gobierno nunca solicitó la detención preventiva de la exautoridad y que el proceso es impulsado por la actual alcaldesa Eva Copa.
“Estamos analizando si nos vamos a constituir en parte (querellante), no hemos sido parte, nunca se pidió la detención preventiva (…). Los casos que se pretenden dar un carácter de persecución política no lo son”, declaró el ministro, durante una entrevista en la televisora estatal.
La Justicia determinó que Chapetón cumpla detención domiciliaria por el caso de las obras del embovedado de la avenida Juan Pablo II, que presuntamente fueron canceladas sin ser concluidas.
En la audiencia, el Ministerio Público solicitó precisamente que la exautoridad reciba el arresto en casa, mientras duran las investigaciones, pues en el caso se investiga un presunto daño económico de al menos Bs 3 millones.
Son 17 delitos que investiga el Ministerio Público en ambos casos.
Productores de coca afines a Machicado llegarán a La Paz para pedir su liberación.
Por Luis Mealla y Roberto Guzmán
Imagen: alvaro valero-archivo
/ 18 de septiembre de 2022 / 09:33
El bloque de dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) afines a Freddy Machicado, está cercado por dos procesos judiciales. El Ministerio Público investiga 17 delitos en ambos casos.
En el más reciente proceso, referido a la toma violenta del ‘mercado paralelo’ de coca en Villa El Carmen, la Fiscalía activó la imputación por 14 delitos penales.
En tanto, el otro caso tiene que ver con el uso de artefactos explosivos durante las movilizaciones de agosto, en la que se enfrentaron los seguidores de Machicado y los cocaleros liderados por Arnold Alanes; en ese marco, se abrió una investigación por ocho delitos.
Si bien ambos casos suman 22 delitos, hay cinco que se repiten en los dos procesos, por lo que son 17 que son investigados.
Hasta la fecha, tres personas fueron aprehendidas en función a estos dos casos que investiga el Ministerio Público: Machicado (quien está con detención preventiva) y Raúl Uría, quienes son procesados por la toma violenta del mercado de Villa El Carmen, explicó ayer Roberto Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana.
VENTA.
“Hay una tercera persona aprehendida, que es Omar Harol Eduardo Pino, pero que es procesado por un caso anterior por venta ilegal de explosivos, no por los actos cometidos en Villa El Carmen (…). La emisión de más órdenes de aprehensión la determina el Ministerio Público, la Policía solo ejecuta”, enfatizó.
En ambos casos, los dirigentes afines a Machicado fueron señalados como principales responsables de la toma violenta; no obstante, solamente este líder cocalero fue enviado a la cárcel de San Pedro, en La Paz, por un lapso de seis meses mientras duran las investigaciones.
El abogado de Machicado, Gualberto Cusi, consideró que estas acciones judiciales tienen que ver con una “persecución política” que fue activada por el Gobierno y ejecutada a través del Ministerio Público y la Policía, que son “sus brazos operativos”.
“La Policía entró a diferentes regiones de los Yungas y está buscando a más dirigentes para su aprehensión, casa por casa; en la ciudad de La Paz, el edificio de Adepcoca estaba lleno de agentes del Gobierno”, afirmó el jurista.
Ante esta situación, el bloque liderado por Machicado confirmó que mañana se movilizará en La Paz, e incluso anunció que buscarán ingresar a la plaza Murillo, el centro del poder político, demandando la inmediata liberación de este dirigente.
Asimismo, los cocaleros afines a Alanes marcharán ese mismo día en la sede de gobierno, exigiendo “seguridad jurídica” para poder desarrollar sus actividades comerciales en el mercado de Villa El Carmen.
CONTROL.
Ante estos anuncios de movilizaciones, no se descarta enfrentamientos entre los bloques opuestos, es así que el Gobierno y la Policía activarán un plan operativo de seguridad, que implica un “seguimiento y monitoreo” de todas las acciones que realicen ambos bloques de productores de coca, que puedan afectar la seguridad de la población, afirmó el viceministro Ríos.
En tanto, la Policía anunció que se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar enfrentamientos y que se acompañarán estas movilizaciones que se realizarán en diferentes zonas de La Paz, e instó a los cocaleros a evitar el uso de artefactos explosivos, que generan “zozobra y temor en la población”, como ocurrió en pasadas semanas.
El abogado Dayner Quispe, defensor del dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz Freddy Machicado, informó que presentó un recurso de apelación para dejar sin efecto la detención preventiva del representante cocalero.
El jurista explicó que esta solicitud deberá seguir su respectivo curso legal para que sea asignada a un juzgado, por lo que la previsión es que la audiencia se realice entre jueves y viernes de la próxima semana.
DEFENSA.
“Ahora hay que aguardar el sorteo para que toque a la sala penal correspondiente (…). La previsión es que la audiencia sea entre jueves y viernes, toda vez que ya nos constituimos al juzgado”, explicó Quispe a La Razón.
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó la pasada semana que Freddy Machicado fue imputado por 14 delitos, tras el proceso que se le inició por la toma violenta del “mercado paralelo” de Adepcoca, el pasado jueves 8 de septiembre.
En esa oportunidad, un grupo de cocaleros afín a Machicado llegó en una marcha a La Paz desde los Yungas e ingresó con violencia a ese predio.
Durante esa intervención se realizaron destrozos, incendio del edificio y agresiones a mujeres, a cocaleros que respaldan el liderazgo del dirigente Arnold Alanes, a algunos periodistas, e incluso a niños.
Luego de su captura, Machicado fue cautelado y se determinó su detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, por un lapso de seis meses. Ahora, la defensa del dirigente cocalero busca revertir esa determinación judicial.
El abogado Dayner Quispe explicó que esta solicitud deberá seguir su respectivo curso legal para que sea asignada a un juzgado, por lo que la previsión es que la audiencia se realice entre jueves o viernes de la próxima semana.
El dirigente Freddy Machicado fue enviado a la cárcel. Foto: APG
Por Luis Mealla
/ 17 de septiembre de 2022 / 14:59
El abogado Dayner Quispe, defensor del dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, Freddy Machicado, informó que presentó un recurso de apelación para dejar sin efecto la detención preventiva del dirigente cocalero.
El jurista explicó que esta solicitud deberá seguir su respectivo curso legal para que sea asignada a un juzgado, por lo que la previsión es que la audiencia se realice entre jueves o viernes de la próxima semana.
“Ahora hay que aguardar el sorteo para que toque a la sala penal correspondiente (…). La previsión es que la audiencia sea entre jueves o viernes, toda vez que ya nos constituimos al juzgado”, explicó Quispe a La Razón.
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó la pasada semana que Machicado fue imputado por 14 delitos, tras el proceso que se le inició por la toma violenta del “mercado paralelo” de Adepcoca, el pasado jueves 8 de septiembre.
En esa oportunidad, un grupo de cocaleros afín a Machicado llegó a La Paz desde los Yungas e ingresó con violencia a ese predio.
En esa intervención hubo destrozos, incendio del edificio y agresiones a mujeres, a cocaleros que respaldan el liderazgo del dirigente Arnold Alanes, a algunos periodistas, e incluso a niños.
Tras su captura, Machicado fue cautelado y se determinó su detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, por seis meses. Ahora, la defensa del dirigente cocalero busca revertir esa determinación judicial.
Durante un encuentro del Concejo Cívico Nacional, realizado el viernes en Trinidad, también se determinó que si el Gobierno no hace los ajustes al cronograma se iniciará una serie de medidas de presión desde el 3 de octubre.
El gobernador Luis Fernando Camacho, en una de las reuniones con los cívicos. Foto: RRSS
Por Luis Mealla
/ 17 de septiembre de 2022 / 12:39
El Movimiento Al Socialismo (MAS), en el Legislativo, lamentó que entidades y autoridades de Santa Cruz sigan politizando el Censo, luego que sectores cívicos decidieran que el proceso sea ejecutado el 28 de junio de 2023, y no entre mayo y junio de 2024, como señala el Decreto 4760, amenazando con un cabildo y medidas de presión.
Durante un encuentro del Concejo Cívico Nacional, realizado el viernes en Trinidad, también se determinó que si el Gobierno no hace los ajustes al cronograma se iniciará una serie de medidas de presión desde el 3 de octubre.
A esto se suma el cabildo del 30 de septiembre que convocó el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el Comité Pro Santa Cruz.
“Anunciaron ese cabildo, pero recién hicieron llegar su propuesta técnica que será evaluada por el INE (Instituto Nacional de Estadística). Ahí vemos que es (una acción) totalmente politizada, es incoherente y fuera de contexto (…). Están usando como una bandera o pretexto político el tema del censo”, afirmó el diputado del MAS, Juanito Angulo.
En ese marco, el legislador recordó que el proceso censal —que debía realizarse en noviembre de este año—, fue pospuesto durante un encuentro del Consejo Nacional de Autonomías (CNA), en el que justamente Camacho no participó.
Además, recordó que los argumentos técnicos para esa decisión fueron socializados en todo el país, y que en esos encuentros todos expresaron su conformidad para que el Censo se realice en 2024.
“Los principales representantes del pueblo boliviano han acordado, respaldado y han entendido que el Censo será realizado en 2024 y no puede imponerse la minoría, ante la gran mayoría (…); éste ya es un caso cerrado, ya no tiene mayor discusión, si hay alguna observación simplemente obedece a intereses políticos”, recalcó el diputado Angulo.
“No quiero que mi nombre este manejado por los medios de comunicación al intentar de involucrarme con respecto a los últimos sucesos drásticos de la institución”, señala parte de la carta de Álvaro Morales Peredo.
Álvaro Morales Peredo, hijo del expresidente Evo Morales.
Por Luis Mealla
/ 16 de septiembre de 2022 / 23:06
“Agradezco la oportunidad brindada”, se lee en una parte de la carta que presentó este viernes Álvaro Morales Peredo, hijo del expresidente Evo Morales, con la que oficializó su renuncia al cargo como coordinador con los movimientos sociales en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
Ocupó ese puesto durante ocho días, desde el 9 de septiembre hasta el miércoles, cuando formalizó su dimisión, en momentos que se presentaron denuncias de presunta corrupción en esa entidad, que involucran a autoridades y funcionarios de la estatal.
“Informando de la renuncia premeditada a razón de que no quiero que mi nombre este manejado por los medios de comunicación al intentar de involucrarme con respecto a los últimos sucesos drásticos de la institución, como mencionaron en ciertos medios de comunicación el día 15/09/22, por lo que, prefiero dar un paso al costado a la institución y replantearme mis objetivos”, indica la parte central de la misiva, a la tuvo acceso La Razón.
El documento que fue presentado esta jornada está dirigido a Henry Emilio Nina Calle, presidente de la ABC, y fue recibido por la Gerencia Regional de Cochabamba, donde Morales Peredo fungía como Técnico 2.
“Agradezco la oportunidad brindada para poder desempeñar mis funciones como Ingeniero Civil a partir del 09/09/2022 hasta la presente fecha y poder demostrar la capacidad al realizar los análisis documentos otorgados”, se lee en la parte final de la carta.
El hijo del exmandatario fue contratado con el ítem 218, en momentos que la entidad pasa por una crisis interna, tras denuncias de irregularidades.
El 1 de septiembre, el diputado Héctor Arce (MAS) denunció a nueve personas por supuestamente haber cobrado una millonaria coima a la empresa china a la que adjudicaron la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez.
El presidente de la ABC, Henry Nina fue uno de los acusados por Arce.
Ayer, el Gobierno señaló que no se investiga al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, y al presidente de la ABC por la denuncia del supuesto cobro de una coima de Bs 18,6 millones.
Este viernes, el propio expresidente Morales afirmó que advirtió “internamente” los casos de presunta corrupción en la estatal y que no se le prestó atención.
“Pese a intentos de protección, ahora se confirma la corrupción en la ABC. Luchar contra la corrupción no es perjudicar a nuestro gobierno, sino cuidarlo y cuidar también al Proceso de Cambio”, escribió en su cuenta de la red social Twitter.
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