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BOLIVIA

‘Ciencia rigurosamente demostrativa’ y racismo – La Razón (Bolivia)

Sunday 18 Sep 2022 | Actualizado a 03:11 AM
Sunday 18 Sep 2022 | Actualizado a 03:11 AM
‘Ciencia rigurosamente demostrativa’ y racismo
Por Fernando Molina
/ 18 de septiembre de 2022 / 03:09
Respuesta a una crítica al libro ‘El racismo en Bolivia’, del autor del artículo
Como la crítica literaria es tan escasa en Bolivia y como, al mismo tiempo, creo en la importancia que esta posee para el mejoramiento y el impulso de las letras nacionales, no suelo responder formalmente a las reseñas negativas de mis libros (aunque a veces me queje informalmente de ellas en las redes sociales). Oscar Wilde decía que es mejor que hablen mal de uno a que no lo hagan en absoluto. No es esto, sin embargo, lo que me lleva a reprimir mis contestaciones. Lo hago porque pienso que una actitud demasiado autodefensiva de mi parte podría bloquear el debate que quisiera que mis obras impulsaran.
Aquí voy a faltar a esta costumbre, un poco a regañadientes. Responderé, aunque solamente en términos generales, a una crítica publicada hace poco sobre mi trabajo más reciente, El racismo en Bolivia. No para defender a Fernando Molina, sino para impedir que un texto antirracista sea descartado a base de prejuicios y presunciones. Para continuar, por tanto, la batalla con la que está comprometido mi libro.
Carlos Torrico se parapeta tras ciertos manierismos académicos que, él lo sabe, serán considerados doctos y convincentes por muchos lectores. Señala que la manera en que trato la problemática del racismo “es, cuando menos, poco convencional, si se tiene el hábito de leer trabajos universitarios más formales”. Y añade que explicito “cierta urticaria por la metodología investigativa convencional de la ciencia social, oponiendo indirectamente [mi] ensayismo con la ciencia social rigurosamente demostrativa, producto de la observación sistemática”. Más adelante cita una discrepancia que tuve previamente con la profesora Alison Spedding respecto a las técnicas de investigación del racismo, para concluir: “Molina duda de la posibilidad de la observación sociológica de un problema social como el racismo siguiendo las metodologías de ese oficio. Presumo que ningún profesional de la investigación social estará de acuerdo con estas observaciones suyas”.
La intención de Torrico resulta cristalina. Es oponer —así sea “indirectamente”— mi trabajo con una “ciencia social rigurosamente demostrativa” y sugerir que nada tiene que ver con la “observación sociológica”, la “observación sistemática”, las “metodologías del oficio”, la investigación social “convencional” y “profesional”, etc. ¿Qué vendría a ser, entonces, El racismo en Bolivia? Solo un conjunto de opiniones literarias y personales quizá interesantes, pero carentes de valor heurístico o explicativo. Torrico complementa esta estrategia con la anotación, que inaugura su artículo, de que no estoy formado en ciencias sociales; esto es, de que no tengo el título “correcto” para tratar este tema.
Veamos cuánto tiene esto de interés y cuánto es un mero ajuste de cuentas corporativo (“no te metas donde no perteneces”), que es la variedad de “crítica” literaria más frecuente en nuestro país.
Primero, habría que preguntarle a Torrico cuál es la “ciencia social rigurosamente demostrativa” de la que habla. Muchos filósofos y sociólogos contemporáneos tendrían mucho que decir acerca de su pretensión de lograr una “rigurosa demostración” de los conceptos referidos a la sociedad. Para no ir lejos, remito a los lectores a los debates sobre la “rigurosa demostración” de la verdad histórica, que son fragorosos pese a que se producen dentro de uno de los campos más “duros” de las ciencias sociales. Encontrarán que la concepción de Torrico de un sujeto — el sujeto científico— que “observa sistemáticamente” el mundo, por ejemplo, la historia y así llega a formarse una representación que corresponde con ella, al punto de poder “demostrarla”, no solo es, en efecto, una concepción “convencional”, sino que está superada hace más de un siglo. Los principales teóricos de la historia ya no consideran que el documento “demuestre” la interpretación histórica, sino que la constituye. Lo mismo ocurre con las demás ciencias sociales. Las únicas ciencias que podríamos llamar “rigurosamente demostrativas”, y esto con mucha discusión, no son sociales, sino ideales: la lógica y la matemática.
La ingenuidad metodológica de Torrico, su insistencia en la “observación” y, por otra parte, en la “etnografía” o estudio de pequeños grupos sociales, indican que mi crítico es partidario del neopositivismo. Resulta muy propio de esta escuela suponerse “la” delimitación entre ciencia y pseudociencia. Además, el neopositivismo considera que la observación, la inducción, la experimentación, la verificación (o la falsación) y la predicción controlada son los únicos “métodos del oficio” científico. Por supuesto, deja muy poco espacio a la historia, el psicoanálisis, la filosofía.
Torrico se apoya en Spedding, como hemos visto, porque ambos son camaradas neopositivistas, junto con muchísimos otros académicos bolivianos. Esto es legítimo. Ya no lo es tanto que, por medio de un pase de prestidigitación, Torrico convierta mi afirmación antipositivista en contra de Spedding: “No es verdad que todo enunciado válido sobre racismo tenga un carácter empírico”, en la afirmación diletante: “Cualquier observación empírica sobre racismo es dudosa”. El trapicheo resulta patente.
En mi respaldo invoco las páginas y páginas de El racismo en Bolivia con información estadística sobre la brecha de pobreza y educación que se abre entre indígenas y no indígenas; las páginas adicionales con referencias a encuestas y a investigaciones empíricas como la de Mónica Navarro sobre la autoidentificación de los estudiantes de la UMSS, o las de Rafael Loayza sobre la relación entre identidad étnicoracial y adscripción política; o, no puedo dejar de mencionarla, la investigación que yo mismo realicé en 2017 para demostrar, mediante una “observación sistemática”, que la élite económica del país está compuesta en un 100% por personal no indígena.
Entonces, no es que yo dude de que se pueda investigar empíricamente el racismo. No, yo niego que solamente sea posible hablar del racismo en términos empíricos, experimentales, y con técnicas etnográficas y encuestas, como piensa Spedding y el neopositivismo.
Por otra parte, el carácter ensayístico de mi libro es evidente para cualquier lector y nunca he tratado de esconderlo. Al contrario, este me ha dado la libertad de esbozar un panorama teórico amplio y comprensivo, que me hubiera resultado inaccesible si habría creído que debía limitarme a describir “equilibradamente” mi objeto de estudio o me habría sentido forzado a atar cada palabra de mi texto a la opinión de alguna autoridad universitaria. Tal es el procedimiento “convencional” que Torrico echa de menos en El racismo en Bolivia. Sin duda no escribí este libro para lograr grados académicos o para justificar la obtención de años sabáticos, sino para tratar de pensar “en común” con mis compatriotas, con la esperanza de que esto pueda generar efectos culturales trascendentes. Justamente por eso es que he procedido al revés de lo que señala mi detractor: le he arrimado toda la ciencia que estaba a mi alcance, he movilizado cientos de lecturas y citas, y, por supuesto, lo he basado en la “observación sistemática” de la sociedad boliviana, a la cual he dedicado toda mi vida.
(*)Fernando Molina es periodista y escritor

Por Patricia Chulver Benítez* / 11 de septiembre de 2022

Comités, posibles lugares de democracia directa desde instituciones independientes. Para el debate.
Por Wim Kamerbeek Romero / 4 de septiembre de 2022

Desde 1958 existe el texto ‘Principios y Recomendaciones para los censos de población y habitación’ de la ONU.
Por Iván Bustillos / 4 de septiembre de 2022
Luis Almagro reaccionó airado al reclamo boliviano de información sobre 2019; el tema no está cerrado. 
En el último Consejo Permanente de la OEA (el jueves 8), Luis Almagro reaccionó airado cuando Bolivia volvió a referirse al rol de la OEA en la crisis de 2019
Por Iván Bustillos
/ 11 de septiembre de 2022 / 05:55
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, volvió a sorprender el jueves durante la sesión del Consejo Permanente del organismo. En una airada respuesta que dio al representante de Bolivia, Héctor Arce Zaconeta, dijo que las “irregularidades” encontradas en las elecciones del 20 de octubre de 2019 “están en las 1.000 páginas” que la OEA habría reunido al respecto. Es la primera vez que el Secretario General apunta este considerable volumen del documento sobre Bolivia.
A no ser que haya otros archivos que no se hicieron públicos, lo que la OEA presenta a la fecha en su sitio web oficial sobre la elección boliviana de octubre de 2019, en realidad suma 631 páginas. En el sitio https://www.oas.org/es/sap/deco/in forme-bolivia-2019/ Informe final – Análisis de Integridad Electoral Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia, el organismo ofrece el mencionado Informe Final (que fue presentado el 4 de diciembre de 2019) más 9 anexos, cuyas extensiones son 95 páginas el “Informe Final”; 11 de los “Acuerdos, Carta de Invitación y Carta de Aceptación”; 18 de los “Requerimientos de información al Órgano Electoral Plurinacional”; 3 del “Informe de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información”; 104 de la “Documentación relacionada a la impresión de Actas y Papeletas Electorales”; 9 del “Informe Complementario al Informe Final Elecciones Generales 2019-NEOTEC”; 5 de las “Actas del 4, 5 y 6 de noviembre que enlistan hallazgos de los auditores respecto a aspectos informáticos, suscritas por técnicos del TSE”; 11 del “Registro de denuncias e información recibida”; 337 del “Anexo técnico de pericia caligráfica”; y 38 páginas de las “Actas con inconsistencias de votos vs. lista índice”. Lo que hace un total de 631 páginas.
IRREGULARIDADES.
Un hecho de la intervención airada de Almagro del jueves 8 que tampoco se puede dejar pasar es que el Secretario General al referirse a lo sucedido en la elección boliviana de octubre de 2019 solo habla de “irregularidades”; muy distinto a lo que en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA del 12 de noviembre de 2019 Almagro señalaba sobre Bolivia: que “hubo fraude en todas las etapas del proceso”; de hecho, fue el Secretario General quien empezó a generalizar dicho calificativo sobre la elección boliviana de 2019.
En realidad, el Informe Final (de diciembre de 2019) lo que dijo encontrar fue “manipulación dolosa”, en al menos dos planos: uno, en lo relativo a las actas, su alteración y hasta “falsificación de las firmas de los jurados de mesa”, y, dos, la manipulación informática, que hubo un “redireccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por el personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas”. El Informe clasifica en tres las “acciones y omisiones”: las “acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección”; las “irregularidades graves”, acciones que no se sabe si tuvieron o no la intención de manipular “aspectos de la elección”; “errores”, “equivocaciones o negligencia sin indicios de intencionalidad” de la referida manipulación; y algunos “indicios” de hechos dolosos que se pudo ver, decía la OEA, mediante “análisis estadísticos y cruce de información” (páginas 3 a 7 del Informe).
El jueves 8, Almagro argumentó que los informes de las misiones de observación electoral o los informes de integridad electoral son públicos, y que en el caso de Bolivia en las 1.000 páginas consta “el debilitamiento de la autoridad electoral, la paralización dolosa del sistema de transmisión de resultados, servidores clandestinos, manipulación de servidores ocultos, ubicación de esquemas tecnológicos paralelos con fines indebidos, ingresos remotos indebidos”; además de irregularidades como información falsa respecto a servidores utilizados, llenado doloso e irregular de actas de escrutinio, quema de material electoral, irregularidades en el manejo de actas en el exterior, ingresos inexplicables y no autorizados al sistema, además de 23 horas de interrupción del sistema de transmisión de datos. “Nosotros, al contrario de todo lo que usted dice siempre, pedimos que Evo Morales terminara su mandato, que los mandatos constitucionales deben ser respetados; ¡no tenemos ninguna responsabilidad de lo que usted señala! ¡Además, falso de toda falsedad! ¡No se lo permito, no se lo permito!”, protestó Almagro en el Consejo del jueves.
Pero, como destacaba el comunicado de prensa de la OEA del 4 de diciembre de 2019, anunciando la publicación del Informe Final, lo esencial de la manipulación dolosa fue en las actas y en el manejo informático.
ACTAS.
En lo de la falsificación de las actas, la OEA informaba que revisó una muestra de 4.692 actas (de un total de 34.555 actas del país más del exterior), de las cuales en 226 encontró “una acción intencional y sistemática para manipular los resultados electorales”, esto porque entre dichas 226 actas se vio que “dos o más actas de un mismo centro de votación fueron llenadas por una misma persona”.
Siempre fue vago eso de “dos o más actas”. Según el listado que ofrece la propia OEA de las 226 actas “irregulares” (Informe final, 2019: páginas 56 a 58), tabulando la frecuencia de las mismas se tiene que en 57 recintos electorales (65%) una misma persona llenó dos actas; en 21 recintos (24%), tres actas; en 4 recintos (4,5%) 4 actas; en otros 4 recintos (4,5%) cinco actas; en 1 recinto (1,13%) seis actas; y en otro recinto (1,13%) una sola persona llenó siete actas. De modo que en dos tercios de los 88 recintos observados por la OEA, una misma persona llenó dos actas y en 11% de los recintos donde una persona llenó más de 4 actas.
Como hizo notar el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR por sus siglas en inglés) en su momento, el llenado de varias actas por una misma persona “lejos de ser una señal de fraude o de manipulación ‘deliberada’ de los resultados, se trata de un fenómeno ampliamente conocido: en áreas rurales y recintos más pequeños no es inusual que una misma persona llene la información correspondiente y que posteriormente estas personas firmen el acta. Estos casos son especialmente comunes en zonas donde existen altos índices de analfabetismo funcional”.
La falsificación de las actas (con el correspondiente cambio de resultados) además tendría que haber superado la prueba de la existencia de 12 copias, aparte de la original: 9 para cada uno de los partidos que terciaban en la elección, una para el presidente de mesa, una para el notario y una para el funcionario del TREP (Reglamento de material electoral, mayo de 2019).
En cuanto a la manipulación informática de los datos y que esto haya derivado en un cambio del resultado, este fue precisamente el problema de la Fiscalía para no poder llevar a juicio a los exvocales electorales.
Como lo reconoció el fiscal general, Juan Lanchipa, el 6 de octubre de 2020, con el Informe de la OEA el Ministerio Público lo que tenía sobre todo era indicios de que hubo irregularidades, elementos, “escenarios”, presunciones de que hubo ‘fraude’; esto le sirvió para abrir la investigación (deteniendo a los vocales de todo el Tribunal Supremo Electoral y a los 45 de los nueve Tribunales Departamentales), pero no era suficiente para concluirla en una imputación formal ante el juez. Por eso, Lanchipa en octubre de 2020 anunció que para coronar el caso, para resolverlo, en realidad, se iba a contratar una “pericia informática internacional”, para saber, precisamente, si hubo o no modificación del resultado.
Como se sabe, dicha pericia fue presentada el 27 de julio de 2021; había sido elaborada por el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España. Su conclusión central fue que, si bien detectó innumerables errores, negligencias y hasta algunas acciones de alto riesgo, al final se concluyó en la inexistencia de manipulación de los datos y, por tanto, de la modificación del resultado. Por esto la Fiscalía no tuvo más que sobreseer a los exvocales.
Aquí no hay que olvidar lo que siempre se le reclamó a la OEA, que su hipótesis de la “manipulación informática”, del “cambio drástico difícil de explicar”, de los “servidores ocultos”, en lo principal fue del funcionamiento del TREP, de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, un sistema de conteo rápido (que se cargaba con fotos de actas y datos enviados por celular) que no estaba relacionado con el Cómputo oficial, y que por eso legalmente no era vinculante. Esta independencia del TREP con respecto al Cómputo oficial fue precisamente el argumento de la Fiscalía, que para sobreseer a los exvocales y cerrar el caso, en su resolución del 27 de julio de 2021, concluyó que el “TREP no reemplaza ni complementa el cómputo oficial de resultados, simplemente se constituye en una herramienta de transparencia del proceso electoral, y al ser el TREP un proceso independiente del cómputo oficial, se puede deducir que cualquier incidente no supone un riesgo alto para la integridad de los resultados finales”.
CARTAS.
La explosión de la ira del Secretario General el jueves pasado se explica de alguna forma por la tosudez boliviana: aparte de que el embajador Arce Zaconeta no le presentó a él sus cartas credenciales, sino directamente al Consejo Permanente, desde julio de 2021, cuando se repuso la embajada en la OEA, Bolivia hizo nada menos que 12 pedidos de informe sobre la forma en que se hizo la auditoría electoral en Bolivia en 2019, y no se le respondió; aparte de plantear el reclamo en al menos dos consejos permanentes, la representación boliviana organizó un foro de las universidades y organismos internacionales que cuestionan el Informe de la OEA; el canciller Rogelio Mayta sentó la protesta en una asamblea general, y el corolario fue llevar el asunto a la Cumbre de las Américas de junio en Los Ángeles, Estados Unidos.
En entrevista en el programa por streaming de La Razón Piedra, Papel y Tinta, del viernes, Arce Zaconeta reveló que lo que el jueves terminó de enojar al Secretario General fue que la representación boliviana, al comentar un informe de las elecciones en Paraguay, aseguró que en 74 años de vida de la OEA no se vio otro caso como el boliviano de 2019, de un “Secretario General que haya destrozado una democracia como lo hizo en Bolivia”; Arce añadió que Bolivia decidió no aceptar el informe electoral de la OEA sobre las elecciones subnacionales (7 de marzo de 2021) “entretanto este tema (revisar la auditoría electoral de 2019) no sea zanjado”.
Ante la airada reacción del Secretario General, llamó la atención la embajadora de México, Luz Elena Baños, sobre la investidura y el lugar del Secretario General ante sus mandantes, los Estados miembros. “Si no tiene por qué preocuparse, ¿por qué reacciona con esta pobre conducta? Pedimos al Secretario General un debate democrático y sereno, y una adecuada conducta a su investidura. México ve con preocupación al secretario Almagro perder el control y la brújula en un intento de acallar al representante de un Estado (miembro)”, declaró Baños.
El pedido boliviano en lo básico es acceder a la forma en que se hizo la auditoría, aseveró el embajador Arce Zaconeta en el Piedra, Papel y Tinta del viernes. “Le hemos pedido a Almagro, en 12 oportunidades, que nos muestre cuáles son las normas de auditoría que han aplicado, cuáles son los informes de los auditores, hay 30 informes de auditores que han ido a Bolivia y en ninguno de ellos se habla de manipulación dolosa. Le hemos pedido que abra la información de este proceso profundamente cuestionado y Almagro no quiere”, se queja el representante boliviano.
También se puso en cuestión la autoridad del Secretario General cuando, en la Cumbre de las Américas (cuya secretaría técnica es la OEA), “los presidentes han aprobado un acápite, planteado por Bolivia, en sentido de la obligación (que tienen) las misiones de observación electoral (de la OEA) de entregar información de los procesos en los cuales debe participar”.
El secretario Almagro en cuestión también se expresa en el hecho de que en el Consejo Permanente del jueves, haya surgido la iniciativa, relata Arce Zaconeta: “Hagamos una comisión de los propios países que conforman la OEA y nuevamente abramos este informe de la OEA”.
Hay que recordar que está en curso la investigación sobre el rol de la OEA en 2019 que pidió al Gobierno de Estados Unidos el Senado de ese país.
Almagro no quiere dar información
Héctor Arce Zaconeta, embajador en la OEA
Le hemos pedido a Almagro, en 12 oportunidades, que nos muestre cuáles son las normas de auditoría que han aplicado, cuáles son los informes de los auditores, hay 30 informes de auditores que han ido a Bolivia y en ninguno de ellos se habla de manipulación dolosa. Le hemos pedido que abra la información y Almagro no quiere.
Nosotros pedimos que evo continúe
Luis Almagro, secretario general de la OEA
Nosotros, al contrario de todo lo que usted dice siempre, pedimos que Evo Morales terminara su mandato, que los mandatos constitucionales deben ser respetados; ¡no tenemos ninguna responsabilidad de lo que usted señala! ¡Además, falso de toda falsedad! ¡No se lo permito, no se lo permito!.
(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

Respuesta a una crítica al libro ‘El racismo en Bolivia’, del autor del artículo
Por Fernando Molina / 18 de septiembre de 2022

Desde 1958 existe el texto ‘Principios y Recomendaciones para los censos de población y habitación’ de la ONU.
Por Iván Bustillos / 4 de septiembre de 2022

Creía que el sistema era reformable y que el socialismo era posible, pero sus reformas fueron inconsistentes.
Por Martín Baña / 4 de septiembre de 2022
Por Patricia Chulver Benítez*
/ 11 de septiembre de 2022 / 05:43
En el contexto polarizado como el que vivimos hoy, en el que los clivajes identitarios, políticos y territoriales nos confrontan, es difícil hablar del tema coca sin que el contraargumento sea el aumento de cultivos y su relación con el narcotráfico o el narcotráfico y su relación con el incremento de la violencia en el oriente, temas de no menor importancia que necesitan otro tratamiento y espacio para ser abordados (tanto desde el crimen transnacional organizado como desde las coyunturas que los detonan). En este punto, el objetivo es hacer un breve ejercicio de reorientación en la mirada que el boliviano promedio tiene sobre el concepto de desarrollo, para explorar cómo aprovechar la coyuntura política regional en pos de generar una agenda local que profundice la revalorización económica de la coca dentro del marco de la descolonización que plantea el Estado Plurinacional en Bolivia.
COLOMBIA.
A fines de agosto, en el Consejo Presidencial Andino realizado en Lima (Perú), el presidente Gustavo Petro sugirió la creación de una asamblea regional para replantear la política de drogas. Colombia tiene la política más represiva y con los peores resultados de la región (David Restrepo, economista colombiano, en el Seminario Internacional “Hoja de coca, perspectivas a 5 años para la región”, La Paz, agosto de 2022). Uno de los indicadores para medir la efectividad de su política antidrogas es la cantidad de cultivos excedentarios, que en este caso es de 160.000 ha, le sigue Perú con 50.000 ha, y Bolivia con aproximadamente 8.000 ha.
Pero el gobierno de Petro propone no solo un diálogo regional; a nivel local, iniciativas como el Proyecto de Ley 236 para la regulación con enfoque étnico del mercado de la coca marcan el camino no solo para la paz, sino también para un mercado internacional, que Bolivia debe aprovechar dadas nuestras obligaciones desde la Reserva.
PERÚ.
Hoy, Perú propone cuatro pilares de política de drogas al 2030, que implican el Pacto Social Ciudadano (PSC) en la Región Andino- Amazónica, mediante el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, y el cambio de modelo empresarial para la mejora de la promoción y control del uso de la planta y la reducción gradual focalizada de los cultivos.
El Pacto Social es la cristalización de un compromiso entre el Estado y la sociedad civil de la región andinoamazónica, con productores agrarios y pueblos originarios, para “reducir los cultivos de coca con fines ilícitos y contribuir al desarrollo integral sostenible” (Hugo Cabieses, economista peruano, en el mismo seminario “Hoja de coca…”). Esta estrategia nace de las lecciones aprendidas de la aplicación del desarrollo alternativo en Perú, cuyo balance concluye en que el desarrollo rural no es posible con erradicación-fumigación de cultivos y tampoco se logra sin la participación social ni con políticas macroeconómicas que sobreexplotan recursos naturales y excluyen a las fuerzas sociales y productivas.
Finalmente, el aprendizaje del tratamiento de los cultivos desde la represión ha enseñado al vecino país que la sustitución de cultivos es un problema de economía y cultura rural integral y no así un asunto policial o militar (Hugo Cabieses).
TRADICIONAL.
La Convención de 1961 de Naciones Unidas contemplaba la eliminación de los usos tradicionales, culturales y ceremoniales de la coca para diciembre de 1989. Usos que hoy están protegidos desde la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) y tienen un reconocimiento cuando Bolivia aplica en su readhesión a la Convención del 61 en 2013, bajo la reserva sobre el derecho al uso tradicional, ritual, cultural y medicinal de la planta en su estado natural, apoyada en la Constitución Política del Estado.
Los orígenes de la prohibición de la planta se dan en 1950, con el Informe de la Comisión de Estudio de las Hojas de Coca y se materializan en la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. A raíz de esto surgen patrocinios para la enmienda de este error histórico bajo el liderazgo de Bolivia, Perú y Colombia, que en nombre de 12 países (incluido Ecuador) consideraron que era “importante respetar los usos tradicionales de la coca por los indígenas” y que las medidas de erradicación deberían respetar los derechos humanos fundamentales tomando en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde exista la evidencia histórica —artículo 14.2 de la Convención contra el tráfico Ilícito 1988 (Martín Jelsma 2019)—. En ese sentido, continuar acciones regionales para tratar el tema de la coca desde nuevas perspectivas no sería otra cosa que ser consecuentes con esto.
FUTURO.
El mercado argentino de coca es un mercado históricamente grande y exigente con la calidad. En este, la planta se trata por kilo, no por libra, ya que el consumo y tenencia para coqueo son legales; sin embargo, la internación sigue siendo ilegal.
La crisis económica y sanitaria generada por el surgimiento y expansión del COVID-19 en 2020 afectó tanto el comercio interno de hoja de coca en Bolivia como el abastecimiento en el Norte de Argentina (NOA), esto ha propiciado propuestas para importar legalmente la planta, ya que uno de los efectos fue el incremento del precio, llegando a costar el cuarto kilo de hoja hasta 4.000 pesos argentinos (45 dólares) en ese año.
Enmarcada en el artículo 12 de la Ley 906 de Coca, la exportación es denominada como de “prioridad nacional”. No olvidemos que nuestra regulación, así como los tratados internacionales de Naciones Unidas, permiten este tipo de intercambio comercial siempre y cuando se sigan las reglas establecidas. Recientemente, nuestro país ha empezado la exportación de coca hacia Australia con fines medicinales, esto puede ser el inicio de mirar la economía regional desde una perspectiva legítima, legal y progresista, pues si hablamos de comercio internacional de plantas prohibidas, hay que tener en cuenta que el reporte Global Cannabis Report: 2020 proyecta para el mercado legal de cannabis una producción de cerca de 150.000 millones de dólares al año en todo el mundo.
Esta propuesta en el marco del desarrollo humano sostenido, desde instituciones inclusivas que fomenten la actividad económica mediante una buena gestión del conflicto, puede fortalecer nuestros valores comunitarios, económicos y familiares, pues Bolivia es un Estado resiliente, con una sociedad civil fuerte y organizada, solo hace falta un poco más de voluntad y corresponsabilidad social por las decisiones que se tomarán a futuro, pues la tan urgida reactivación económica puede encontrar salidas en esta única y especial coyuntura andina.
Tomando en cuenta que 14% de la población en Bolivia produce coca, y en vista de que parte de esta población está confrontada por temas mayormente políticos, es preciso entonces preguntarnos si en nuestro país hoy tenemos la capacidad de soñar en grande, y si esos sueños son más individuales que colectivos.
(*)Patricia Chulver B. es directora de Fundación Acción Semilla

Respuesta a una crítica al libro ‘El racismo en Bolivia’, del autor del artículo
Por Fernando Molina / 18 de septiembre de 2022

Trump confirmó sus intenciones de volver a competir y retomar el poder en las elecciones de 2024.
Por Álvaro Montenegro P / 11 de septiembre de 2022

La oposición está induciendo a que los dos tercios se agote como un mecanismo democrático.
Por Israel Quino R / 11 de septiembre de 2022
La oposición está induciendo a que los dos tercios se agote como un mecanismo democrático.
Por Israel Quino R
/ 11 de septiembre de 2022 / 04:36
Existe el riesgo latente de una crisis institucional sin precedentes en un órgano de poder del Estado, si prevalece la conducta antipolítica de las minorías legislativas. Hay realidades que se avizoran a partir de 2023 cuando cese en sus funciones la cúpula judicial del país, cuyos cargos para los tribunales Constitucional Plurinacional, Supremo de Justicia, y Agroambiental, además del Consejo de la Magistratura, son elegidos vía voto popular, pero previo proceso de selección en ternas que requieren de 2/3 de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la cual preselecciona a los postulantes por cada departamento (TCP y TSJ) y vía circunscripción nacional (CM y TA) para luego remitir al Órgano Electoral la nómina de los precalificados, a fin de que éste proceda a la organización de ese proceso electoral.
En 2024 cesa funciones el Fiscal General por el periodo constitucional de seis años de su mandato; tras que eso ocurra, quedará interinamente el Fiscal Departamental de Chuquisaca (o quien según la Ley 260 esté habilitado por prelación), y para elegir un nuevo titular, nuevamente, se requiere de 2/3 de la Asamblea.
Ese un tercio (de representación política) vuelve a menoscabar nuestra democracia (así como ocurrió por un año a causa de un empantanamiento en la forma de aprobación del texto constitucional en el Reglamento de la Asamblea Constituyente en 2006) al promover hoy un nuevo fracaso en el quinto intento de elección del Defensor del Pueblo y, aparentemente, no tienen la intención de asumir decisiones políticas para designar a las autoridades titulares que aún restan. Ocurrió con el Defensor, ocurrirá (por lo que anunció la oposición legislativa al “cerrar filas” contra el “masismo”) con la elección del Contralor; y es altamente probable que hagan lo mismo con las ternas judiciales.
Al parecer, el objetivo no solo es desinstitucionalizar las funciones de defensa de la sociedad (Fiscalía y Defensoría) y de control estatal (Contralor), sino defenestrar un órgano de poder: el judicial. Es muy grave que hoy se apueste por atentar la institucionalidad democrática en el país que puede ser más caótica considerando el escenario electoral de los siguientes cuatro años: elecciones judiciales en 2023, primarias en 2024, generales en 2025 y subnacionales en 2026.
En este momento no tenemos Defensor del Pueblo y esta entidad solo ejerce funciones desde sus departamentales; la Contraloría ya tiene un interinato. Es preocupante, pero el destino institucional en Bolivia sería de interinatos indefinidos si no se resuelve hoy la senda constitucional del allanamiento del candado constitucional de los 2/3 de manera excepcional para estas selección-designaciones.
Hoy el debate se centra en la Defensoría. La resolución 178/2022 de la Sala Cuarta Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz está vigente, pero solo menciona un entendimiento sobre la existencia administrativa del interinato en la Defensoría del Pueblo, no así funcional y con plenas competencias. De ser confirmada, e interpretando (principios constitucionales- democráticos) ya en el rango normativo de Sentencia (sobre los requisitos de necesidad institucional, interés nacional y justificación especial de las funciones de defensa de la sociedad respecto a la vigencia de los DDHH), excepcionalmente puede habilitar a la institucionalidad orgánica-estatal para designar un titular. Se tienen varios precedentes constitucionales para ir por la norma principio más que por la norma regla: las declaraciones constitucionales 01/2020 y 01/2002; y las sentencias constitucionales 491/2003, 129/2004 y 218/2004.
El candado de los 2/3 como decisión de la minoría legislativa no se puede imponer a la mayoría (ni viceversa) ni ser irrestricta e indefinida en los procesos de designaciones. Si bien las funciones del Estado no pueden ser concentradas en un solo poder, el Ejecutivo puede resolver esa situación si advierte el riesgo de crisis orgánica. Una ley de simple mayoría y un decreto presidencial permitirán designar autoridades interinas en el Órgano Judicial a fin de evitar una parálisis institucional y una lesión gravitante a un derecho fundamental: el acceso a la justicia.
No sería la primera vez un “decretazo” judicial-constitucional; ya lo hicieron los expresidentes Carlos Mesa y Evo Morales. En 2006, efecto de la sentencia constitucional 129/2004 se designó a cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia, convergiendo inclusive con el receso de año del Legislativo; y en 2010 (Decreto 432 del 17 de febrero) en virtud al mandato de la Constitución y de la Ley de “Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público” para la implementación del “nuevo” Órgano Judicial, se designó a cinco ministros de la Corte Suprema, diez magistrados del Tribunal Constitucional (titulares y suplentes) y tres consejeros de la Judicatura.
La afectación “grave” al funcionamiento de la justicia por la falta de nombramiento de ministros de la Corte Suprema, de Consejeros de la Judicatura y Fiscales de Distrito, la lesión del derecho al acceso a la justicia, la parálisis institucional y el perjuicio del normal funcionamiento fueron las “justificaciones” para que el expresidente Mesa en 2004 designe seis ministros de la Corte Suprema, dos Consejeros de la Judicatura y a los fiscales de los nueve departamentos mediante el Decreto 27650 del 30 de julio.
Entonces, las minorías legislativas deben reflexionar. Las condiciones están dadas para elegir autoridades titulares si el actual TCP (antes que cese en sus funciones) genera una nueva línea de interpretación constitucional frente al agotamiento del candado de los 2/3 que establece nuestra CPE. Esa entidad orgánica puede ser el Ejecutivo (que es lo menos recomendable) o el propio Legislativo, de tal modo que el TCP, acudiendo inclusive a la voluntad del constituyente (como método de interpretación), disponga que ante la continuidad del candado de los 2/3 y de manera excepcional, agotadas las vías legislativas internas, se designe por la mayoría representativa existente (ya no vía 2/3), a pesar de la correlación de fuerzas políticas existente en la Asamblea.
(*)Israel Quino R. es abogado y periodista

Trump confirmó sus intenciones de volver a competir y retomar el poder en las elecciones de 2024.
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Trump confirmó sus intenciones de volver a competir y retomar el poder en las elecciones de 2024.
Por Álvaro Montenegro P
/ 11 de septiembre de 2022 / 04:20
Uno de los eventos más importantes del movimiento conservador en los Estados Unidos es la Conferencia Política de Acción Conservadora, mejor conocida como (CPAC por sus siglas en ingles). En su versión de 2022, llevada a cabo las primeras semanas de agosto en Texas, Donald Trump confirmó sus intenciones de volver a competir y retomar el poder en las elecciones de 2024. Hasta ese entonces, Trump no había asegurado de manera oficial y pública que volvería a postular.
Sorprendentemente —o no—, en su discurso Trump reafirmó algunas de sus posturas más controversiales y criticadas: volvió a referirse al COVID como “virus de China” y prometió eliminar todas las restricciones sanitarias restantes, reiteró su decisión de abandonar del Acuerdo Climático de París y abolir el Green New Deal, criticó la polémica Ley de Infraestructura de un Trillón de dólares aprobada durante la presidencia de Biden, habló del fortalecimiento de la frontera con México y el control de llegada de inmigrantes indocumentados y, lo más importante, sostuvo nuevamente que las elecciones de 2020 se llevaron a cabo de manera fraudulenta.
Pero aún más controversial —o interesante— que lo dicho por Trump, fue la intervención de su ex jefe de estrategia política Steven Bannon. Bannon, personaje multifacético que merece un escrito dedicado solo a él, no había salido a luz pública desde que fue investigado y condenado legalmente —junto con varios otros del entorno de Trump— por el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021.
En su intervención, la cual no puede encontrarse de manera completa en YouTube, Bannon tocó varios temas. Sostuvo que Estados Unidos no puede permitirse gastar un trillón de dólares al año en defensa, pues no es sustentable. También argumentó la “deconstrucción del estado administrativo”, pues “la cuarta rama de gobierno es un Leviathan”. Oficialmente, el Gobierno de Estados Unidos se divide en el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo. La cuarta rama de gobierno la conformarían las agencias independientes del Gobierno como la CIA o la Reserva Federal, los grupos de interés o lobbies y los medios de comunicación.
En el ámbito internacional, refiriéndose al conflicto en Ucrania, Bannon remarcó: “Es una obscenidad que enviemos 40 billones de dólares a Ucrania, hicimos eso en un día, sin debate, sin audiencias en el Congreso”. Bannon también remarcó una posición muy característica durante el gobierno de Trump: la transferencia de los trabajos de Estados Unidos hacia China. “Todo el sistema funciona gracias al trabajo esclavo de China. (pero) Ahora el “lao baixing” (el pueblo de China) no puede sacar dinero de sus cuentas porque sus ahorros se convirtieron en productos de inversión”, remarcó.
Finalmente, y lo que causó más revuelo, fueron los comentarios de Bannon sobre la Reserva Federal; “la más grande estafa”. Según el exbanquero de inversiones, desde la crisis financiera de 2008 —o gracias a la misma— 0,5% del total de la población de Estados Unidos posee más bienes que el restante 90%. Por otro lado, durante los años ochenta, el balance general de la Reserva Federal era 800.000 millones. Ahora es de 9,5 trillones. Banon continúa: “La deuda es de 30 trillones de dólares. Todo gracias a que nuestra moneda nacional es el producto de exportación más grande que tenemos, pero todo eso está en los hombros de nuestros niños y nietos. Pero la deuda se tendrá que pagar. Lo único que hicimos es incrementar la deuda. Por eso vemos estas leyes-proyecto de un trillón de dólares. La Reserva Federal imprimirá el dinero (…) es así como el estado administrativo se paga a sí mismo. No necesitamos regular la Reserva Federal, necesitamos terminarla”.
El 9 de agosto, tres días después del discurso de Trump en la CPAC, el FBI allanó una de sus principales propiedades, la mansión “Mar-alago”, ubicada en la costa este de Florida. Tal acción se justificó debido a que presuntamente al término de su presidencia, Trump había llevado consigo 15 cajas de material clasificado. La redada tuvo lugar a las 10 de la mañana y en el momento Trump no se encontraba en la residencia. Durante el día y ya llegada la noche multitudes en contra se congregaron en las afueras de “Mar-a-lago”. Trump anunciaba luego del hecho: “…esta no anunciada redada a mi casa no fue necesaria ni apropiada. Fue una mala conducta fiscal, el sistema de justicia usado como arma”.
Sean o no pura demagogia, lo dicho por Trump y especialmente por Bannon, constituyen un hecho inaudito. Talvez mucho del contenido de sus intervenciones ya se conocía de manera general; no obstante, ningún político que esté postulándose para un cargo lo dijo de manera tan clara y en un evento público de gran alcance, con tal vez la excepción de Ron Paul en los 2000. ¿Nuevamente Estados Unidos se sumirá en una crisis política?
(*)Álvaro Montenegro P. es politólogo, analista internacional.

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Hoy Chile decidirá si ingresa o no a la narrativa del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano.
Por Farit Rojas Tudela / 4 de septiembre de 2022

La oposición está induciendo a que los dos tercios se agote como un mecanismo democrático.
Por Israel Quino R / 11 de septiembre de 2022
Desde 1958 existe el texto ‘Principios y Recomendaciones para los censos de población y habitación’ de la ONU.
Por Iván Bustillos
Imagen: RODWY CAZÓN
/ 4 de septiembre de 2022 / 17:37
El miércoles 31 de agosto, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, al comentar la propuesta de cronograma del Censo presentada por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), le cuestionaba tres aspectos: “Como ellos mismos lo han dicho en la reunión, ha sido elaborada en base a información de notas de prensa; no ha contemplado la secuencialidad o la posibilidad de que algunas tareas sean paralelas; y, lo más importante, que en ningún caso cumple o ha tomado en cuenta parámetros internacionales”.
Este punto, tomar en cuenta o no los parámetros o estándares internacionales, parece, en realidad, el nudo principal de la discusión sobre la fecha del censo entre el Gobierno y la Gobernación de Santa Cruz y la Alcaldía de La Paz. En resumen, como dice Cusicanqui: Mientras el cronograma del Instituto Nacional de Estadística, INE, (que establece la fecha del Censo entre mayo y junio de 2024) se basa en dichos estándares internacionales, las propuestas de la universidad cruceña y del municipio paceño, no.
PARÁMETROS.
Al margen de que esto sea cierto o no, en esta entrega Animal Político le ofrece una indagación sobre estos respetables pero a ratos misteriosos “estándares internacionales”.
En el mismo sitio web del Censo (censo.ine.gob.bo) se halla la ficha “Lineamientos internacionales”, con base en los cuales, declara el INE, “realiza su trabajo (…) para garantizar procesos de recolección de datos estadísticos de calidad y confiabilidad”.
Y, antes que un decálogo de reglas, lo que el INE muestra son al menos 10 documentos de organismos internacionales según los cuales, afirma, la institución rige su trabajo. Vale la pena citarlos, porque, en concreto, esos son o ahí están los “parámetros o estándares internacionales”:
Principios y Recomendaciones para los censos de población y habitación. Revisión 2, por la Organización de Naciones Unidas.
Guía de calidad de datos censales, por CEPAL-UNFPA (Comisión Económica para América Latina y el Caribe- Fondo de Población de las Naciones Unidas).
Documento guía sobre el aseguramiento de la calidad censal-1, nota técnica de UNFPA LAC.
Aspectos conceptuales del censo, por UNFPA-CEPAL.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (Resolución aprobada), por ONU.
Consenso de Montevideo – Indicadores propuestos, por la CEPAL.
Los censos de la ronda 2020: desafíos ante la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, por la CEPAL.
19 Conferencia internacional de Estadísticos del Trabajo (2013), por la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
Guía rápida para la medición de las características económicas en el Censo de Población (2019), por la OIT.
Preguntas modelo sobre características económicas para los censos de población (2020), por la OIT.
MADRE.
Sin duda, el documento madre es el Principios y Recomendaciones de la ONU (447 páginas). Su primera versión, se informa en su prefacio, fue publicada en 1958, “en respuesta a la necesidad de formular normas internacionales como piedra angular del primer Programa Mundial de Censos de Población y Vivienda”. Es un texto dinámico: en 1998 se hizo la Revisión 1; en 2010, la Revisión 2; y, en 2017, la Revisión 3.
De este documento referencia para todos los demás, se pueden citar las al menos cuatro “Funciones esenciales del censo”: i) sus resultados son “referencia decisiva para garantizar la equidad en la distribución de la riqueza, los servicios gubernamentales y la representación (política) en el conjunto de la nación”; ii) las estadísticas obtenidas en los censos “se utilizan como puntos de referencia para la compilación estadística o como marco muestral para las encuestas por muestreo”; o sea, toda encuesta posterior debe tener como referencia al censo; iii) “La característica básica del censo es generar estadísticas sobre zonas pequeñas y pequeños grupos de población con errores de muestreo nulos o mínimos”; y, iv) “Los resultados del censo se utilizan como punto de referencia para la investigación y el análisis. Las proyecciones demográficas son uno de los productos analíticos más importantes basados en los datos del censo”.
Además de estas funciones, señalan los autores del documento, es “de importancia crítica” elaborar “estadísticas detalladas para las zonas pequeñas y los pequeños grupos de población como elemento básico para un gobierno eficiente en todos los niveles”, y, pudiendo haber diferentes métodos de censo, el “preferido para construir ese elemento básico será la realización del censo de población y habitación mediante el empadronamiento individual universal y simultáneo de cada persona que se encuentre en el territorio nacional”. (Páginas 5 y 6) Ese es el valor del censo: debe servir para planificar el desarrollo o la gestión tanto del país en su conjunto como de una comunidad o barrio.
ETAPAS.
No todos los censos se ajustan a un modelo uniforme, dice el documento madre, “pero hay ciertos elementos básicos comunes que deberán tenerse en cuenta en cada uno de ellos. En general, las operaciones censales pueden dividirse en seis fases consecutivas: a) labor preparatoria; b) empadronamiento; c) elaboración de los datos; d) creación de las bases de datos necesarias y difusión de los resultados; e) evaluación de los resultados; y f) análisis de los resultados”. Ahora, se apresuran a aclarar los autores, en la práctica “esas fases no están totalmente separadas en el tiempo ni se excluyen mutuamente”. Aludiendo sin querer a uno de los temas más sensibles que hoy vive el país, que es la fecha del censo, dada la proximidad del año electoral, los autores dicen, por ejemplo, “algunos censos se suelen hacer públicos antes de terminar las actividades de elaboración de datos”. (Página 26)
Es cierto, en el país, el Gobierno ya ha dicho en las mesas técnicas, que una vez efectuado el empadronamiento, para presentar sus resultados se requerirá “al menos 12 meses” de trabajo (viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, en entrevista con La Razón Radio).
Para el momento en que se encuentra el país, en la “labor preparatoria”, puede ser útil apuntar los al menos “18 elementos” en que debiera consistir la fase preparatoria, no siempre secuencialmente: 1) base legal del censo; 2) su base financiera; 3) presupuesto y control de los gastos; 4) calendario del censo; 5) organización administrativa; 6) actividades de comunicación del censo: consultas con los usuarios y publicidad y promoción de los productos del censo; 7) planes para un programa de control y mejoramiento de la calidad; 8) cartografía; 9) identificación de zonas pequeñas; 10) listas de locales de habitación y hogares; 11) programa de tabulación y diseño de bases de datos; 12) preparación del cuestionario, de la boleta censal; 13) pruebas del censo; 14) plan de empadronamiento; 15) planes de elaboración de datos; 16) planes para los productos del censo y la difusión; 17) Contratación y formación del personal; y, 18) “evitación de sesgos basados en el sexo y de sesgos que afecten a los datos sobre poblaciones minoritarias”. (Página 27)
De este listado, vale la pena destacar un hecho que a la larga será central: la “comunicación del censo, lo que equivale, recomiendan los autores, a dos cosas: “consultas con los usuarios y promoción de los productos del censo”. Especialmente por lo polarizado políticamente que está el país, es oportuno el apunte que hace el documento: “Como el censo es una actividad nacional”, su éxito “depende por completo de la total cooperación y asistencia del público en general”; o sea, no se puede llegar al censo, por ejemplo, con sectores que anuncien que se negarán a dar información, como una forma de desacuerdo, pongamos, por la fecha del censo.
MAPAS.
Del minucioso y extenso apunte que incluye la sección “Cartografía” del documento de la ONU, se pueden señalar algunas recomendaciones: la calidad de los mapas utilizados en el censo influye notablemente en la calidad y fiabilidad de los datos del mismo; “los mapas contribuyen de manera decisiva a guiar a los empadronadores hacia las viviendas”; los mapas debieran complementarse con “listas de hogares”, una “descripción textual” de los límites del lugar a censar, una lista completa y actualizada de las localidades, entre otros aspectos.
Estando el país en plena elaboración de la cartografía censal, un tema que plantea el documento de la ONU, es “los plazos necesarios para crear, mantener, imprimir y distribuir mapas sobre zonas de empadronamiento”. Depende mucho de las condiciones concretas del país, dicen, pero “como norma práctica podría indicarse que el programa cartográfico debería establecerse suponiendo que el plazo para la reproducción del último mapa terminaría tres meses antes del día del censo”. (Página 37)
Por otro lado, algo que levantó polémica en las últimas semanas fue la fecha del llamado “censo piloto experimental”. Es una “prueba en gran escala” y se diseña para “comprobar a fondo la totalidad del sistema”; y lo que ya señalaron los técnicos del INE: “para poder alcanzar mejor esos fines, deberá realizarse en las condiciones más similares posibles a las actividades de empadronamiento reales. Por ese motivo se suele levantar exactamente un año antes del censo previsto, a fin de adaptarse a las pautas estacionales previstas del clima y de las actividades”. (Página 50)
En la Guía para el aseguramiento de la calidad de los datos del censo, elaborado por UNFPA, el organismo recuerda que Naciones Unidas “considera que hay seis atributos que definen la calidad del censo: a) relevancia, b) exactitud, c) oportunidad y puntualidad, d) accesibilidad y claridad, e) comparabilidad y coherencia, y, f) interpretabilidad. Sostiene que la mala calidad de los datos del censo puede resultar de fallas en cualquiera de los procesos censales relativos a la preparación, ejecución y diseminación del censo”.
Antes que dar un listado de lo que se debe hacer para asegurar la calidad del censo, el texto propone más bien el apunte de lo que no se debe hacer, de los errores en que frecuentemente se incurre. Así, hay dos grandes tipos de errores, dice: los de cobertura y los de contenido.
“La enumeración completa de la población es uno de los principales objetivos de un censo”; así, se debe reducir al mínimo los errores de cobertura, recomienda UNFPA.
COBERTURA.
Errores de cobertura, de alcance del registro, son:
– No incluir medidas que eviten la omisión de grupos especiales (por ejemplo, personas de calle, personas en movimiento, extranjeros indocumentados, viviendas colectivas, etc.)
– Tratamiento inadecuado de viviendas desocupadas.
– Definición incorrecta de viviendas y hogares.
– Definición incorrecta de la residencia habitual.
– Trato erróneo a visitantes o extranjeros no residentes.
– Cartografía de viviendas o listados de hogares incompletos, o errados.
– No existencia de listado de hogares (pre-censo) o listados incompletos.
– Dificultades de acceso a los segmentos y viviendas.
– Delineamiento incorrecto de segmentos censales (áreas de enumeración).
– Cartografía desactualizada o con errores, tales como errores de omisión o de sobreposición de viviendas.
– Desarrollo incompleto o inadecuado de aplicaciones, programas y sistemas que aseguren que no queden fuera personas, viviendas o poblaciones específicas, especialmente cuando se usan sistemas múltiples de recolección de datos.
– No se sensibiliza a la población adecuadamente sobre la relevancia y las características del censo.
– Se cometen errores al comunicar al público los requisitos del censo.
– No se crea un ambiente propicio para el censo.
– No se llega bien a aquellos grupos que pueden estar menos dispuestos a apoyar al censo.
– No se manejan bien las redes sociales.
En el empadronamiento mismo:
– Tiempo reducido asignado a las entrevistas.
– Periodo muy extendido de entrevistas.
– Capacitación insuficiente o deficiente a enumeradoras/ es, supervisoras/ es y personal involucrado en el empadronamiento.
– Falta de una supervisión adecuada del trabajo de las enumeradoras y los enumeradores, por ejemplo, no chequeo de si han cubierto todas las viviendas o si han cubierto viviendas que no le correspondía, etc.
CONTENIDO.
Y hay errores de contenido:
– Cuando el cuestionario no está bien diseñado, o las preguntas no son claras, o las categorías no son suficientemente detalladas o incluyentes.
– Cuando no se toman en cuenta las recomendaciones sobre las preguntas y sus categorías.
– La no consideración de pruebas cognitivas para validar las preguntas del cuestionario.
– Cuando existan varias lenguas en el país y no se toman en cuenta para disponer de cuestionarios en varias lenguas o no se hace una traducción correcta.
– Cuando se incluyen preguntas que pueden ser sensibles a ciertas poblaciones y, por lo tanto, no son respondidas adecuadamente o simplemente no son respondidas.
– Cuando se consideran pases o flujos incorrectos que llevan a que falte información para ciertas categorías de población.
– Cuando no se traduce correctamente a los manuales los conceptos, las definiciones de las preguntas y de sus categorías.
CENSO.
Errores a evitar en el empadronamiento:
a) No leer las preguntas exactamente como están en el cuestionario; b) omitir preguntas (lo que es más difícil cuando la entrada de datos se hace en dispositivos móviles); c) llenar las respuestas sin preguntar; d) inducir las respuestas; e) mal registro de las respuestas.
No se debe olvidar, destaca la Guía, que también “pueden haber errores cometidos por las personas entrevistadas, cuando, por ejemplo, dan una respuesta errónea, por desconocimiento, malinterpretación o deciden deliberadamente dar una información incorrecta. También, puede deberse a que, dado que en los censos basta con un informante clave por hogar, la persona que responde puede no saber exactamente la respuesta a cada una de las preguntas de los demás miembros del hogar”.
 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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