El 2023 por venir para Bolivia

Luego del necesario balance del año que termina, con luces y sombras, persistente polarización y escasa autocrítica, es momento de pensar en la agenda y desafíos como país para el 2023. Está claro que será un año intenso con centro en la irresuelta crisis de la administración de justicia. Pero también cuentan las variables económicas, la cuestión territorial y la conflictividad.

Por diversas razones, el 2023 será un año con una cuestión central en la agenda nacional: la esquiva reforma de un sistema judicial en crisis y muy poco confiable. El 2023 debe realizarse la elección popular de altas autoridades judiciales, previa selección de postulantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vistas las experiencias de los años 2011 y 2017, se trata de una elección complicada y con poca legitimidad, considerando que ha contribuido poco a mejorar la administración de justicia.

En este mismo campo, voceros del Gobierno y del Órgano Legislativo anunciaron nuevas propuestas y acciones para impulsar la reforma judicial. Hasta ahora los intentos han sido parciales y, por tanto, insuficientes, cuando no malogrados. Está en curso también una iniciativa, impulsada por un grupo de juristas (la mayoría de oposición), para lograr la convocatoria a un referéndum de reforma parcial de la Constitución que, a su vez, permita transformar la justicia. Todo ello sin deliberación pública.

Así, el año que se inicia plantea el desafío de lograr un amplio acuerdo nacional para encaminar, desde el Estado, desde la sociedad, una profunda reforma del sistema de administración de justicia. Se hará en medio de la disputa legislativa sobre la selección de postulantes para la elección judicial, la posibilidad de una consulta para modificar la Constitución, lo que pueda avanzarse en la materia mediante normativa y la incierta legitimidad del proceso electoral. Puede no haber acuerdo, sino conflicto.

Pero más allá de la cuestión judicial, que ciertamente indigna, pero no figura entre las urgencias de la gente, el año 2023 será esencial para la estabilidad de la economía en un contexto internacional adverso. Cierto que hay números buenos, que deben celebrarse, como la baja inflación; pero también figuran alertas, como las escasas reservas internacionales. Más allá de la polarización política y discursiva, que llegó para quedarse, la ciudadanía anhela empleo, buenos ingresos, servicios de calidad. Y también está la conflictividad, siempre latente, en especial en torno a la cuestión territorial con la que se cerró el 2022.

El paro indefinido en Santa Cruz por la fecha del Censo pareciera anticipar futuras disputas no solo en torno a sus efectos distributivos, sino respecto a la relación de la dirigencia cruceña con el nivel central del Estado. La violenta reacción ante la detención del gobernador Camacho es una muestra de ello. Una tensión irresuelta de la historia larga, que podría asumir alta intensidad.

El final de una gestión suele demandar, tanto en las empresas como en las instituciones, un balance para saber si las ganancias han sido o no mayores que las pérdidas, y no solo en el ámbito financiero. De manera análoga, es posible también apreciar los avances y retrocesos en la gestión de la cosa común, que es tarea de gobernantes, pero también de la sociedad.
Entre las grandes transformaciones que vio el país en este año que acaba en dos días es posible que la mayor sea el paro indefinido que inmovilizó Santa Cruz de la Sierra durante 36 días desde el 22 de octubre. Se trata de un cambio radical en las estrategias de protesta y movilización, que hasta hace muy pocos años solo se veían en la ciudad sede de gobierno. El paro indefinido llegó precedido de otros dos, uno de 24 y otro de 48 horas, y al final no logró su propósito de forzar la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023, pero sí sirvió para demostrar al país que Santa Cruz es un actor preponderante en la escena nacional.

Mientras eso sucedía en la capital cruceña, en la sede del poder otro conflicto terminaba de tomar forma: la lucha intestina en el Movimiento Al Socialismo, donde el ala conducida por Evo Morales, etiquetada como “radical”, comenzó a oponerse con y sin razón a las decisiones del ala conducida por el presidente Luis Arce, identificada como “renovadora”. Aunque es todavía imposible afirmarlo, es muy probable que la gestión de gobierno termine con dos fuerzas compitiendo por representar lo nacional popular, para alegría de las oposiciones y sus operadores mediáticos.

En el plano internacional, se vio el final del proceso iniciado por Chile contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia pidiendo que se declare el Silala como un río internacional. El fallo no solo no dio la razón al Estado chileno, sino que además reconoció la soberanía de Bolivia sobre los canales construidos a inicios del siglo XX para conducir las aguas hacia el vecino país; por lo demás, los jueces señalaron que no tenían materia para juzgar, lo cual dio pie a disparatadas interpretaciones de parte de algunos dirigentes opositores.

Entre los temas más preocupantes y a la vez menos atendidos, la presión por tierra productiva, especialmente en el oriente del país, produjo dos fenómenos que no son excluyentes: por un lado ha sido mayor la cantidad de quemas para habilitar tierra, así como también fueron numerosos los casos de tomas ilegales, a menudo violentas, de tierras. En ambos asuntos el Gobierno mostró poca agilidad.

Termina, pues, un año difícil de clasificar en alguno de los extremos de la escala bueno o malo. La economía creció y se mantuvo estable; los feminicidios, que siguen siendo muchos, disminuyeron por quinto año consecutivo y, fuera de lo sucedido en Santa Cruz (que ayer nuevamente se puso en pie de guerra), hubo paz social. No está de más desear que 2023 tenga menos conflictos y más desarrollo.

Anoche, parte de la humanidad celebró en templos y en hogares el recuerdo del Nacimiento, hace poco más de dos milenios, del Mesías anunciado por las profecías judías y convertido en símbolo y emblema de la fe que domina Occidente. En fechas como ésta, cuando disminuye la velocidad de la política, pero incrementa la del comercio, vale la pena recordar los valores de esa fe.

A lo largo de los muchos siglos transcurridos desde la fecha señalada como el nacimiento de Cristo, en su nombre se han producido toda clase de hechos heroicos, comenzando por resistir la persecución del imperio romano para terminar transformándolo y con él casi toda Europa, hasta los actos de sacerdotes comprometidos con la Teología de la Liberación a fines del siglo XX, perseguidos ellos mismos por su Iglesia.

Pero también en su nombre se han cometido las peores atrocidades, incluyendo cruentas guerras, torturas masivas y la invisibilización de la mitad de la humanidad por designios atribuidos al “Padre” y que hasta hoy recortan derechos de las mujeres, en casi todas las sociedades, en casi todas las clases sociales, y reciben entusiasta apoyo de quienes se llenan la boca con palabras como paz y amor, respeto a la vida, pero no saben darlos.

En todo caso, la Natividad es en el calendario cristiano el momento de más grande esperanza y alegría, y desde esos sentimientos es deseable que las personas, sean o no religiosas, recojan el espíritu del momento y asuman que solidaridad, cooperación y generosidad son valores que no quitan nada a quien los da y suman mucho a quien los recibe, cuánto más si de verdad se cree que aquel cuyo nacimiento se recuerda esta noche llegó al mundo para salvar a la humanidad, hoy nuevamente necesitada de salvación.

Navidad debería ser el tiempo en que quienes una y otra vez piden a la divinidad que perdone sus ofensas también trabajen el perdón, pidiéndoselo a quienes fueron ofendidos y ofendidas, y más importante aún: que dejen las prácticas ofensivas, comenzando por aquellas que separan, discriminan y denigran. No hay democracia verdadera allí donde por una u otra causa se cultiva el odio al que piensa diferente, al que luce diferente.

Hoy, mañana, los siguientes días, el espacio público se llenará de buenos deseos, el espíritu de la Navidad se apoderará del humor de las personas (al menos de aquellas que pueden disfrutar del estándar de consumo que la época impone), pero sería bueno que dure más allá de la temporada festiva y sea comportamiento cotidiano el resto del año.

La Navidad llena de esperanza a propios y extraños, ojalá que este sentimiento dé paso a uno mayor: el de la empatía con quienes han sido despojados, discriminados, quienes siguen esperando no un mundo mejor, apenas una mejor vida para sí y los suyos, un conjunto de derechos que les son cotidianamente negados en nombre de los privilegios que unos pocos ostentan.

La buena noticia es que Bolivia está entre los 20 países del mundo con más agua disponible per cápita; la mala: no todos los gobiernos subnacionales tienen los recursos necesarios, ni técnicos ni económicos, para hacer una gestión apropiada de esa agua disponible hoy, pero que mañana podría haber desaparecido. Desde el sector no gubernamental buscan mejorar esa situación.

Días atrás, la coordinadora de un proyecto financiado por la cooperación extranjera explicó en nuestro programa Piedra, papel y tinta lo delicado del proceso de gestión de los recursos hídricos del país. Bolivia tiene abundante agua para toda su población, y sin embargo, en las últimas semanas, numerosos territorios han padecido sequía por la falta de lluvias, lo cual motivó al Gobierno a dotar de pozos y tanques a los municipios afectados.

Pero no basta con reaccionar a circunstancias extraordinarias o cuando menos críticas. Urge desarrollar una nueva aproximación a la idea del cuidado del agua. Varias instituciones, públicas y privadas, académicas y de cooperación, han comenzado en los últimos años a trabajar el concepto de “gobernanza del agua”, entendido como la necesaria construcción de institucionalidad no solo desde el Estado, sino también motivando la participación activa de la sociedad civil.

Es un hecho que el Estado tiene la obligación de asegurar que toda la población del país acceda al agua en las mejores condiciones posibles, pues la Constitución Política lo reconoce como derecho humano. Sin embargo, para que la población acceda a este derecho deben participar agentes intermediadores que se encargan de procesar, potabilizar y distribuir el agua, como por ejemplo la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) que trabaja para casi toda el área metropolitana de la sede de gobierno.

Pero, por otra parte, en la mayor parte de las áreas rurales la situación no es la misma, pues los servicios que proveen agua corriente suelen estar cerca de las áreas urbanas.

Aparentemente se trata de dos formas diferentes de gestionar el líquido elemento, y sin embargo es muy posible que en ambas el punto de partida sea el mismo: asegurar la conservación del agua para las actuales y futuras generaciones.

Por eso es tan importante involucrar en el tema a todos los actores posibles. En el área rural porque se trata de quienes más cerca están de las fuentes de agua y mejor entienden su importancia en el ciclo de la vida y, especialmente, de la producción de alimentos. En el área urbana, porque ocurre todo lo contrario: las personas no comprenden la importancia del asunto y desperdician el líquido elemento.

Urge cada vez más, pues, hacer todos los esfuerzos posibles por recuperar el conocimiento de unos y extenderlo a toda la sociedad, especialmente entre quienes no pueden visualizar un futuro, cada vez menos lejano, en el que el agua será un bien escaso y fuente de toda clase de conflictos por su posesión y conservación.

En el anonimato (como si estuviesen tramando un delito), una comisión analizará en nueve meses “la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano”. Así lo define el proyecto presentado por el Comité Cívico para el cumplimiento del segundo mandato del cabildo cruceño del pasado 13 de noviembre. La buena noticia es que todo se hará en el marco legal y constitucional.

En medio del prolongado paro indefinido por la fecha del Censo de población, asumiendo la derrota política de su consigna técnicamente inviable (“2023 sí o sí”), la dirigencia cruceña buscó aplacar a sus sectores más radicales con una sorpresiva pregunta en el cabildo: la convocatoria a una comisión que explore caminos para replantear la relación del departamento con el Estado. La consulta generó dudas y especulaciones: ¿se trata de la opción por el federalismo? ¿O es más bien una señal de separatismo?
Superado el conflicto con una polémica ley que garantiza el Censo y sus efectos redistributivos el año 2024, el Comité Cívico retomó el mandato de revisar la relación de Santa Cruz con el Estado.

La premisa es el “agotamiento del modelo centralista”. No es nada nuevo. En diversos momentos, la élite cruceña ha puesto en cuestión su encaje e intereses en la estatalidad y la organización territorial del país. La última disputa izó las banderas de la autonomía departamental en el marco del proceso constituyente.

En esta coyuntura, el tema será abordado en lógica de gabinete. La citada comisión hará un diagnóstico sobre la relación actual del departamento con el nivel central del Estado. Sobre esa base se espera el diseño de un “nuevo modelo de relacionamiento”, que se nutrirá de la recepción de propuestas y espacios de debate. La comisión y varias subcomisiones analizarán propuestas preliminares con el propósito de tener un documento final en septiembre de 2023. La metodología es interesante.

Más allá del resultado de esta comisión, lo más valioso es que el proyecto lanzado por el Comité Cívico sale de los discursos de separatismo, acciones de facto y quiebre institucional. Al contrario, el camino trazado asume dos condiciones fundamentales. La primera es que cualquier propuesta se hará dentro del marco constitucional vigente. La segunda es que se buscará “un equilibrio entre lo deseable y lo viable”. No caben, pues, arengas altisonantes y antidemocráticas, ni desvaríos como los de “la nación camba”.

Habrá que esperar la propuesta de “nuevo modelo” que surja de la comisión dentro de nueve meses. Sea cual sea, su posible implementación tendrá que seguir los plazos y procedimientos de la Constitución. No será suficiente avalarla en un cabildo o forzar una consulta ilegal (como en mayo de 2008 sobre el estatuto departamental). Y ojalá que, en lugar de la trinchera, prime un espíritu de deliberación pública y plural en todo el país sobre el avance y fortalecimiento del Estado Plurinacional con autonomías.

Aunque finalmente hubo un acuerdo entre las partes enfrentadas dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS) para aprobar la ley del Presupuesto General del Estado (PGE) en la sesión convocada para hoy, se ha hecho evidente una vez más que el partido de gobierno afronta una crisis fruto de la nueva circunstancia política, profundizada por las reacciones que está produciendo.

La pugna en la bancada del MAS, apenas reflejo de lo que está sucediendo no solo en otros ámbitos del Estado desde el inicio de la actual gestión de gobierno sino también en sectores de la sociedad civil afines a este partido, ha dejado de ser latente y desde hace semanas los asambleístas intercambian críticas, reproches y hasta insultos de grueso calibre. La sesión de hoy debería ser una muestra de reconducción de los comportamientos que han comenzado a dañar la gobernabilidad, pero es difícil saber si la razón prevalecerá.

El problema, además de la ya conocida competencia por el liderazgo en el partido y la posibilidad de ser candidato en la próxima elección presidencial, tiene que ver también con la lógica con que se gestiona el conflicto político, en la que a menudo se impone un pensamiento binario, que no solo impide acercamientos y negociaciones eficaces, sino también reduce el necesario debate político y hasta produce contradicciones.

No otra cosa es la irónica circunstancia en la que, luego de haber condenado el acuerdo entre parte del oficialismo, autonombrados “renovadores”, y la oposición para aprobar la ley del Censo, el ala “radical” del partido haya terminado coincidiendo con esa misma oposición en su rechazo al proyecto de ley financial, en algunos casos incluso empleando argumentos comunes, como la presunta disminución de recursos para las entidades subnacionales en favor de la administración central.

Si se acepta que ha terminado el monopolio de poder que hasta 2019 era la norma en la actuación del Gobierno nacional y la Asamblea Legislativa, habrá que comprender que la gobernabilidad, necesaria para seguir avanzando el “proceso de cambio”, deberá construirse con herramientas propias de la democracia, comenzando por la que aparentemente escasea en el partido de gobierno.

Los agentes políticos del oficialismo deben, pues, recuperar la habilidad política que les permitió gobernar en los primeros años del gobierno de Evo Morales, cuando la correlación de fuerzas en el entonces Congreso Nacional le era desfavorable. Se sabe de antiguo que el esfuerzo puesto en descalificar al adversario solo profundiza los prejuicios ya instalados en uno y otro bando y alimenta las narrativas de los operadores mediáticos de la oposición hoy más que nunca abocados a la desinformación.

No será fácil lograrlo, pero probablemente el mejor camino sea repensar el modo en que el partido se encamina al 2025, plagado de obstáculos en forma de constantes conflictos, alimentados por una oposición que apenas busca una derrota oficialista.