En Bolivia, las medidas de seguridad son una prioridad – La Razón (Bolivia)

Sunday 30 Oct 2022 | Actualizado a 06:30 AM
Economía
Sunday 30 Oct 2022 | Actualizado a 06:30 AM
En el caso de la industria se usa software, pero también hay hardware.
Es una de las herramientas más efectivas en la lucha.
Por Antonio Dalence
Imagen: ABC.COM
La Paz / 30 de octubre de 2022 / 06:28
La transformación digital en la región y el mundo seguirá su avance, en todos los ámbitos de la sociedad, así como el trabajo híbrido y las inversiones en tecnologías de la información.
Por eso, es necesario y urgente trabajar en seguridad digital y en cómo combatir el cibercrimen si queremos tener un futuro tranquilo. En este contexto, Bolivia está haciendo su trabajo.
Por ejemplo, Eduardo Aranda, director de Desarrollo de Negocios de Síntesis y actual vicepresidente de la Cámara Boliviana de Fintech, cuenta las medidas que se asumen en cuanto a las finanzas tecnológicas.
“En las Fintech tenemos las mismas amenazas que enfrenta la aplicación móvil de la banca, alguna suplantación de identidad, o que alguien quite la clave a otra persona, o a través de algún tipo de falso contacto”, dijo.
Explicó que para defenderse de estas amenazas se usan herramientas como la verificación de identidad, prueba de vida o verificación biométrica de las personas. Igualmente, se usa una clave única de transacción de teléfono o una clave que valida una sola transacción. “También, como en el caso de los bancos, se utiliza un código que habilita una sola transacción y que, por lo general, tiene que tener una sola identidad para que la persona que lo recibe sea la persona que dice ser”.
Para luchar contra el fraude, añadió, lo que se hace es aplicar medidas de seguridad empleando factores de doble autenticación para el usuario. “Por ejemplo, si yo tengo una billetera móvil, antes de entrar me piden una clave que solo yo conozco”, dijo Aranda.
También se hacen uso de redes que pueden predecir el comportamiento de una persona para un determinado tipo de transacción.
“Por ejemplo, si yo tengo una aplicación móvil, hay un factor que identifica qué tipo de padrón tengo. Si habitualmente hago un pago o más transacciones durante un día”. “Si ve un comportamiento anormal, que estoy haciendo tres o cuatro pagos de manera extraordinaria en un solo día, lo que hace (el sistema de seguridad) es pedirme algún dato personal o se bloquea”.
En el país, los casos más frecuentes son los de suplantación de identidad y el fraude, donde una persona conoce el número de carnet de otra persona, y con eso puede llegar a hacer transacciones. Con la suplantación de identidad asimismo se puede hacer otras operaciones como recibir transacciones de otras personas.
En la industria hay alta tecnología para combatir ataques, con software y con harware, explicó.
Bolivia está entre los países que más afectaciones tiene cada día.
La red se convirtió en un lugar peligroso.
Por Antonio Dalence
Imagen: cyberat.com
La Paz / 30 de octubre de 2022 / 05:24
En abril de este año, el Gobierno de Costa Rica, país centroamericano, se vio obligado a declarar “emergencia nacional”, pero no por una crisis política o militar ni por un desastre natural.
La extrema medida fue asumida frente a un ciberataque contra su Ministerio de Hacienda, que paralizó sus cuentas y todo lo que tiene que ver con el manejo de las finanzas del país. Las pérdidas fueron millonarias.
A raíz de este hecho, noticia mundial en su momento, en América Latina se desarrollan una serie de estudios, análisis, encuentros, y más, con el propósito de identificar las mejores formas de frenar este tipo de ataques que, como muestran algunos datos, crecen a altas tasas cada año, mucho más con el surgimiento de los llamados “malware” y “ransomware” y el proceso de transformación digital.
Después de la pandemia y el boom en la transformación digital, sin duda que los riesgos están en aumento, pues tanto el sector privado como el público comenzaron a desarrollar sistemas digitales sin darle mucha importancia a la seguridad digital señalan varios estudios.
Los estudios OEA/Symantec y OEA&BID, sintetizados en un trabajo de José Manuel Aguilar, y el informe Tendencias en la Seguridad Cibernética en América Latina y el Caribe y Respuestas de los Gobiernos, muestran que los “ciberataques” a sistemas de Internet, de entidades públicas y privadas, crecen más del 61% cada año.
Los estudios reflejan que Bolivia, junto a Ecuador, Perú, Brasil y Guatemala, están entre los 10 países con más afectaciones por “malware”, que es un software que se crea especialmente para cometer delitos, y el “ransomware”, que es la herramienta de “malware” más conocida y más peligrosa en estos momentos.
Aún más preocupante es la situación de Uruguay, Colombia y Chile, cuyos porcentajes de crecimiento están muy por encima de la media regional.
Otra de las cifras que proponen los estudios es que el 92% de las entidades financieras de la región reportaron al menos un ciberataque con intenciones de fraude. De hecho, de este total, el 37% concretaron el crimen.
Los datos muestran que más de 746.000 ataques de “malware” se registran cada día en América Latina, lo que significa que por cada segundo hay al menos nueve ciberataques a los sistemas digitales de entidades públicas y privadas.
Los tres principales países de la región con mayor incidencia para el “cibercrimen” son Brasil, con 56,2%, México con el 22,8% y Colombia con el 10,2%.
Por otra parte, se destaca que, del total de ataques registrados, el 66% se vinculaban a robos a entidades privadas, financieras, industriales y comerciales, mientras el 34% restante se vinculaba a actividades de crímenes más comunes, como robos y ataques a sistemas gubernamentales.
RETOS.
Los estudios OEA/Symantec y OEA&BID lanzan una serie de recomendaciones para los gobiernos de la región, así como para las entidades privadas para combatir los “ciberataques” que, como muestran los datos, son cada día más frecuentes y peligrosos.
En pasados días, igualmente, se llevó adelante el evento “Retos de la seguridad digital en América Latina”, en el que se destacó la importancia de que los Estados asuman la responsabilidad de emitir políticas y acciones para frenar el crecimiento de los “ciberdelitos”, así como el sector privado.
Los informes reportan que, pese a los esfuerzos que se realizan en cada país, América Latina tiene muchos límites en el desarrollo de “cibercapacidades” y una política nacional de “ciberseguridad”. Todo esto con el objetivo de encarar los retos y frenar las amenazas provenientes del ciberespacio, y con el fin de salvaguardar su seguridad nacional y la del sector privado.
Igualmente, se establece que hay países de América Latina que se encuentran apenas en una fase inicial de construcción y desarrollo de sus “cibercapacidades” para combatir amenazas provenientes del ciberespacio.
En esta tarea existen múltiples áreas de oportunidades que los países de la región deben atender en el futuro cercano, según el estudio de José Manuel Aguilar.
También es importante destacar que en los últimos años, internet sufrió un proceso de securitización y varios países pusieron énfasis en crear nuevas definiciones para delimitar los delitos o actividades ilícitas que se realizan a través o en las mismas plataformas digitales. Pero este trabajo está en pleno proceso.
En los hechos, más de cien países en el mundo establecieron en sus leyes definiciones sobre los “cibercrímenes”.
También organismos internacionales como la Organización para la Cooperación Económica (OCDE), la Unión Europea (UE), o la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) crearon convenios y acuerdos para la regulación de estas actividades y el combate a los actos ilícitos.
Mientras más avance el proceso de transformación digital, más serán los riesgos que se corran, por eso es necesario y urgente que las empresas y los gobiernos aceleren las políticas y medidas para una seguridad digital.
Los delitos en el ciberespacio crecen tanto, que algunos expertos dicen que hoy en día se cometen prácticamente los mismos que en la vida real, excepto aquellos que necesitan presencia física, como robos en casa o violaciones.
Ahora estamos en la época en la que el ciberespacio mostró su capacidad de injerencia en la vida personal, pero también en la seguridad pública y se comenzó a evaluar su capacidad de impacto negativo en la seguridad nacional.
La creación de los “malware” demostró que no hay límites ni barreras en la red internet para el accionar de los delincuentes.
Por eso, año que pasa se multiplican los fraudes en el sistema financiero, la suplantación de identidades, en fin. Pero también comenzaron a aparecer, por ejemplo, el secuestro de datos en las industrias o empresas, y los ataques a la seguridad nacional.
El ataque al Ministerio de Hacienda de Costa Rica y a otras instancias estatales de otros países demostró que ahora nadie está a salvo de los “golpes” de los “ciberdelincuentes”, por eso, urge activar políticas de seguridad digital, señalan los estudios de OEA/Symantec y OEA&BID, compilados en un trabajo de José Manuel Aguilar.
También los delitos más comunes, como captación de personas, extorsiones, difamación, y más, siguen en constante ascenso, pese a los esfuerzos de los países.
Grupos de choque de la Unión Juvenil Cruceñista se movilizan, mientras la Policía custodia el lugar. YPFB denuncia convocatorias por redes sociales.
Efectivos policiales resguardan la refinería.
Por Antonio Dalence
Imagen: Unitel
La Paz / 29 de octubre de 2022 / 21:17
Reportes de medios de prensa, escritos y audiovisuales, mostraron momentos de tensión entre movimientos cívicos que llegaron hasta el lugar para levantar un bloqueo en contra del paro convocado por el Comité Interinstitucional por el Censo y tomar las instalaciones de YPFB.
Entre tanto, la Policía desplazó a un contingente importante de policías para resguardar las instalaciones y evitar enfrentamientos.
El canal estatal Bolivia Tv y la agencia ABI reportaron desde el lugar que grupos de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), brazo operativo y paraestatal del Comité pro Santa Cruz, hacían detonar petardos en el lugar con un alto riesgo ante la presencia de combustible.
Los denominados cívicos llegaron en motocicletas y junto a otros grupos amenazaban con avanzar hacia las personas movilizadas en el lugar en contra del paro.
La Policía se apostó en medio de ambos grupos y hasta horas de la noche mantuvo la situación bajo control, aunque con fuerte presión de los cívicos, principalmente los jóvenes de la unión cruceñista.
Estos grupos hacían detonar petardos, sin reparar en los riesgos por la cantidad de combustible en la refinería y las cisternas, reportó ABI.
Esta tensa situación impedía que salieran las cisternas cargadas de combustible, para aprovisionar a los diferentes surtidores o estaciones de servicio en la capital oriental, en el séptimo día de paro.
«Nos encontramos acá, en la refinería de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con la finalidad de resguardar las instalaciones y evitar que entre ambos sectores exista enfrentamientos, nuestro objetivo principal es la contención», explicó a Bolivia Tv el comandante de la Policía, coronel Jhonny Chávez.
A través de un comunicado, la estatal petrolera informó que hay convocatorias que circulan en las redes sociales para concentrase en puertas de las refinerías para tomarla por la fuerza.
«De ocurrir cualquier enfrentamiento o situación emergente en inmediaciones a las instalaciones de YPFB, será de entera responsabilidad del Comité pro Santa Cruz», advirtió la empresa pública.
Ambas instancias piden una investigación por el avasallamiento que sufrieron los indígenas por grupos del subgobernador Daniel Velásquez
Los pobladores se dieron modos para aplacar el fuego.
Por Antonio Dalence
Imagen: Imágenes DTV
La Paz / 29 de octubre de 2022 / 20:54
Después de conocida la denuncia de la quema y desalojo de viviendas de los indígenas ayoreos, en la provincia Ñuflo de Chávez de Santa Cruz, el Ministerio de Justicia y la Defensoría salieron en defensa de este pueblo.
Ambas instancias, además, rechazan el anuncio la participación y las expresiones racistas y discriminatorias del Subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez.
“La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por las reacciones surgidas tras lo ocurrido, el viernes, en el municipio de Concepción donde se produjeron enfrentamientos entre miembros de la comunidad indígena ayorea asentada en la zona El Balneario de ese municipio y el Sub Gobernador de la Provincia Ñuflo de Chávez y un grupo de personas con las que intentó levantar el bloqueo que realizaba el grupo indígena en protesta por la medida asumida por la dirigencia cívica de Santa Cruz”, dice un comunicado de la Defensoría.
«Ante los últimos hechos de racismo, discriminación, violencia y vandalismo suscitados en la localidad de Concepción -en los que estuvieron implicadas autoridades locales-, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, comunica a la población que mediante el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), actualmente se encuentra en contacto con las víctimas para elaborar una denuncia por racismo, discriminación y lesiones graves cometidas en contra del pueblo originario», informó la cartera de Estado.
El Ministerio de Justicia dio a conocer que brindará el apoyo jurídico y psicológico a los indígenas afectados e informó que realizará el patrocinio legal del caso.
«Recordamos a la población en general que los actos suscitados ayer en contra de miembros de la población ayorea, se constituyen en delitos enmarcados en la Ley Contra el Racismo y toda forma de Discriminación (Ley 045)», se lee en un comunicado emitido este sábado.
Además, dan 48 horas de plazo al gobierno para que la reunión técnica se realice en Santa Cruz, con tres representantes del INE y con veedores del Mercosur.
El rector de la UAGRM, Vicente Cuellar, en conferencia.
Por Antonio Dalence
Imagen: Captura Vicente Cuellar Facebook
La Paz / 29 de octubre de 2022 / 20:27
El Comité Interinstitucional por el censo 2023 determinó este sábado continuar con el paro indefinido, tras una reunión sostenida con los representantes de las personas que bloquean en las calles y las rotondas.
El rector de la Universidad Mayor Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) Vicente Cuellar, informó que otra de las determinaciones de la cita de esta noche, es que la reunión técnica se desarrolle en instalaciones de esta casa de estudios superiores en un plazo máximo de 48 horas.
En ella participarían tres técnicos del INE, tres del Comité Interinstitucional, tres de Tarija y tres de La Paz y supervisores del Mercosur.
La propuesta cruceña se mantiene en llevar adelante el censo el 18 de octubre de 2023 y la entrega de los resultados en 180 días como máximo para su aplicación de inmediato.
En medio de duras críticas y cuestionamientos, el Comité Interinstitucional llega al noveno día de paro indefinido, mientras comienzan a faltar algunos alimentos y las colas por la gasolina y el diésel son cada día más largas.
La gente comenzó a protestar tras las denuncias de que hay sectores, como la industria, que trabajan con normalidad y no pierden ni un solo centavo, mientras los transportistas y las señoras de los mercados están arriesgando hasta su propio capital.
El viernes, en una reunión con más de 300 autoridades, el Gobierno definió que una comisión técnica determine una fecha para el censo y se pidió a Santa Cruz que se sume al proyecto. Sin embargo, la dirigencia del Comité rechazó la propuesta.
Sin embargo, frente a la preocupación de varios sectores por la extensión de la medida, el Comité convocó a los representantes de los bloqueadores para tomar una determinación sobre el futuro del paro.
Después de una rápida intervención de cada uno de los representantes, se determinó dar lectura a un comunicado en el que se dio a conocer la determinación de seguir con el paro indefinido.

Algunas estaciones de televisión y en las redes sociales se mostró al sub gobernador de esta zona, Daniel Velásquez, participar de este hecho.
El fuego afectó varias viviendas.
Por Antonio Dalence
Imagen: Captura DTV
La Paz / 29 de octubre de 2022 / 19:40
En las redes sociales y algunas cadenas de televisión, este sábado se denunció que, en Concepción, provincia Ñuflo de Chávez de Santa Cruz, quemaron varias casas que pertenecían a indígenas ayoreos, especialmente mujeres.
Los hechos comenzaron cuando este grupo, que se opone al paro cívico indefinido en Santa Cruz, protestó en contra de la medida. Los denunciantes aseguran que en esta arremetida contra los indígenas participó el subgobernador de esa región, Daniel Velásquez.
Velásquez es de la facción del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien además es uno de los promotores del paro indefinido que busca que el Gobierno adelante el censo para 2023.
¿De terror. DDHH y Defensoría del Pueblo dónde están? Se preguntan las personas que lograron ser entrevistadas por la red Abya Yala TV.
En los últimos días del paro indefinido, la violencia fue en aumento, desde la muerte de un ciudadano en Puerto Quijarro, el primer día de la medida, hasta los duros enfrentamientos en el Plan 3.000.
Aquí, chocaron los grupos que alistaban un mitin para el gobernador Camacho, y los que rechazan el paro y la presencia de esta autoridad en esa zona. Los enfrentamientos dejaron varios heridos.
Santa Cruz cumple el octavo día de paro tras el rechazo a las sugerencias surgidas de la cumbre por el censo realizada en Cochabamba, en la que se determinó que una comisión técnica de alto nivel defina la fecha de la encuesta.
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