Enfrentamientos y escasez en una semana de paro en Bolivia – Efecto Cocuyo

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Los sectores que apoyan el paro indefinido por el censo en 2023 y los que se oponen a esta medida se volvieron a enfrentar este sábado, cuando se cumple el octavo día del paro indefinido por el censo en 2023 en Santa Cruz, la mayor región y motor económico de Bolivia.
El populoso barrio del Plan 3.000 fue en la madrugada el centro de nuevos enfrentamientos entre los vecinos que instalaron bloqueos y los sectores afines al oficialismo que se organizaron para forzar a «desbloquear» las calles.
Al menos dos choques se produjeron entre ambos bandos que intercambiaron golpes, pedradas y activaron petardos en dirección a sus contrarios en sucesos que dejaron heridos y derivaron en la acción de la Policía que utilizó gases lacrimógenos.
En la víspera, las instituciones que demandan la realización del censo en 2023 y no en 2024, como estableció el Gobierno, convocaron a un cabildo en el Plan 3.000, bastión del oficialismo en Santa Cruz, y a la conclusión del acto los enfrentamientos han sido recurrentes.
Para esta jornada se habilitaron algunas horas para que la población se abastezca de alimentos en los mercados que están copados de compradores.
Muchos de los bloqueos que se instalaron en el centro de Santa Cruz durante la semana se levantaron para permitir la circulación de algunos vehículos mientras dura la tregua.
El desabastecimiento de combustibles en la ciudad es evidente, puesto que las únicas estaciones que operan son aquellas que dependen de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Las filas en esos puntos son extensas e interminables, mientras que en el exterior de los surtidores de combustible se han apostado personas que venden gasolina o diésel en recipientes pequeños a más de dos dólares el litro cuando por lo general el costo fijo no es más de 0,5 centavos.
Ante esto, la entidad que representa a los propietarios de estaciones de combustibles en Santa Cruz (Asosur) se declararon en «emergencia» debido a la imposibilidad de «comprar y transportar» los energéticos hasta los lugares de suministro para el mercado interno.
En tanto que la estatal YPFB informó que junto a la Policía ha «negociado» la posibilidad de retirar algunos camiones cisterna para abastecer de combustible en las estaciones respectivas únicamente a ambulancias, vehículos bombero y servicios de emergencia.
Esta semana, los sectores afines al Gobierno del presidente Luis Arce decidieron aplicar el «cerco» a Santa Cruz, al modo de un bloqueo al paro indefinido de las entidades cívicas, con grupos que se apostaron al ingreso de refinerías, plantas de red de gas domiciliario e industrias y así impedir sus actividades.
En la víspera, en la ciudad central de Cochabamba se realizó el «encuentro plurinacional» por el censo a la cabeza del Gobierno y con la concurrencia de autoridades regionales del país.
En ella surgieron dos propuestas, una para que el censo sea entre octubre de 2023 y abril de 2024, y otra que menciona que un equipo técnico establezca la fecha pertinente.
La representación de Santa Cruz aseguró que analizaría las alternativas para tomar una decisión con las entidades con conforman el Comité Impulsor del Censo 2023.
Santa Cruz encabeza las protestas para que el censo poblacional se efectúe en 2023 para que sus datos se apliquen en 2025, gestión en la que están previstas las elecciones generales.
En julio pasado, el Gobierno anunció el aplazo de la encuesta nacional para 2024 bajo el argumento de problemas técnicos y la «despolitización» del proceso, pese a que inicialmente dijo que el censo se efectuaría en noviembre de este año.
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Los sectores que apoyan el paro indefinido por el censo en 2023 y los que se oponen a esta medida se volvieron a enfrentar este sábado, cuando se cumple el octavo día del paro indefinido por el censo en 2023 en Santa Cruz, la mayor región y motor económico de Bolivia.
El populoso barrio del Plan 3.000 fue en la madrugada el centro de nuevos enfrentamientos entre los vecinos que instalaron bloqueos y los sectores afines al oficialismo que se organizaron para forzar a «desbloquear» las calles.
Al menos dos choques se produjeron entre ambos bandos que intercambiaron golpes, pedradas y activaron petardos en dirección a sus contrarios en sucesos que dejaron heridos y derivaron en la acción de la Policía que utilizó gases lacrimógenos.
En la víspera, las instituciones que demandan la realización del censo en 2023 y no en 2024, como estableció el Gobierno, convocaron a un cabildo en el Plan 3.000, bastión del oficialismo en Santa Cruz, y a la conclusión del acto los enfrentamientos han sido recurrentes.
Para esta jornada se habilitaron algunas horas para que la población se abastezca de alimentos en los mercados que están copados de compradores.
Muchos de los bloqueos que se instalaron en el centro de Santa Cruz durante la semana se levantaron para permitir la circulación de algunos vehículos mientras dura la tregua.
El desabastecimiento de combustibles en la ciudad es evidente, puesto que las únicas estaciones que operan son aquellas que dependen de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Las filas en esos puntos son extensas e interminables, mientras que en el exterior de los surtidores de combustible se han apostado personas que venden gasolina o diésel en recipientes pequeños a más de dos dólares el litro cuando por lo general el costo fijo no es más de 0,5 centavos.
Ante esto, la entidad que representa a los propietarios de estaciones de combustibles en Santa Cruz (Asosur) se declararon en «emergencia» debido a la imposibilidad de «comprar y transportar» los energéticos hasta los lugares de suministro para el mercado interno.
En tanto que la estatal YPFB informó que junto a la Policía ha «negociado» la posibilidad de retirar algunos camiones cisterna para abastecer de combustible en las estaciones respectivas únicamente a ambulancias, vehículos bombero y servicios de emergencia.
Esta semana, los sectores afines al Gobierno del presidente Luis Arce decidieron aplicar el «cerco» a Santa Cruz, al modo de un bloqueo al paro indefinido de las entidades cívicas, con grupos que se apostaron al ingreso de refinerías, plantas de red de gas domiciliario e industrias y así impedir sus actividades.
En la víspera, en la ciudad central de Cochabamba se realizó el «encuentro plurinacional» por el censo a la cabeza del Gobierno y con la concurrencia de autoridades regionales del país.
En ella surgieron dos propuestas, una para que el censo sea entre octubre de 2023 y abril de 2024, y otra que menciona que un equipo técnico establezca la fecha pertinente.
La representación de Santa Cruz aseguró que analizaría las alternativas para tomar una decisión con las entidades con conforman el Comité Impulsor del Censo 2023.
Santa Cruz encabeza las protestas para que el censo poblacional se efectúe en 2023 para que sus datos se apliquen en 2025, gestión en la que están previstas las elecciones generales.
En julio pasado, el Gobierno anunció el aplazo de la encuesta nacional para 2024 bajo el argumento de problemas técnicos y la «despolitización» del proceso, pese a que inicialmente dijo que el censo se efectuaría en noviembre de este año.
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