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BOLIVIA

Fundación Tierra: "Bolivia está rumbo a ser una Colombia, con grupos de carácter paramilitar (…) Donde hubo fuego, negocios hay" – EL DEBER

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Hace poco, la Fundación Tierra presentó su trabajo «Territorios indígenas enajenados. El furtivo mercado de tierras de la TCO Guarayos«. También hace poco, una marcha que se autodenominó chiquitana, bloqueó varios puntos y se dirigió a La Paz con varias demandas. Coincidentemente, esto se dio un par de semanas antes de que el INRA anunciara, por edicto agrario, una agenda de inspecciones en varios municipios, para evaluar la Función Social (FS) de la tierra.
Alcides Vadillo, director de la Regional Oriente de Fundación Tierra, hace un análisis de este tema, que no encuentra una luz al final del túnel, sino que se pone cada vez más violento, tal como demostró el suceso de Las Londras.
¿Qué pasa con el tema de la tierra y los conflictos?
La marcha de los chiquitanos, entre comillas, corresponde a gente en nuevos asentamientos en la Chiquitania, que marcharon hasta La Paz y que están pidiendo titulación de esas tierras. Son los mismos que bloquearon Pailón y otros tramos como Guarayos. Además de eso tenemos el otro conflicto, que son las tomas de tierras con niveles cada vez más altos de violencia en las acciones.
En el tema de la Chiquitania, hemos venido señalando desde hace un tiempo que desde 2013 se dieron autorizaciones de asentamiento a nuevas comunidades que han sido creadas para recibir tierra. No son de la zona, tampoco vienen de otras áreas rurales, expulsados por la pobreza, sino que son comunidades creadas en los centros urbanos, como San Julián, Cuatro Cañadas, Santa Cruz de la Sierra, El Torno, Yapacaní, Chapare, Quillacollo. 
Entonces, estas comunidades recibieron esas autorizaciones de asentamiento y algunas se han asentado, otras han dejado alguna gente, como señal de que están presentes. Otras han ido a sacar madera, a hacer carbón, vender madera con los permisos que da la ABT para desmontes hasta de 20 ha y más bien hacen aprovechamiento forestal, sea para madera o para carbón, y cuando alguna de estas comunidades se ha querido asentar, sobre todo a partir de 2019, cuando vinieron los incendios, se encontraron ya con cierta resistencia en los niveles locales.
Por eso soy de los que cree que desde 2020 hasta hoy no hubo nuevas autorizaciones de asentamiento, pero son todas esas que tenían orden de asentamiento y no pudieron asentarse en su momento, los que están presionando para poder hacerlo porque ellos tenían dos años para demostrar que cumplían la Función Social (FS), y si no, perdían el derecho a la tierra, por eso es que hoy presionan para tener un título.
– ¿Qué hay detrás de esto?
La tierra es dinero, es poder, es una mercancía, aquí hay intereses económicos y este es el primer elemento. Todos aquellos que han recibido una autorización de asentamiento, ya incluso muchos de ellos han transferido ese derecho de posesión, han generado todo un mercado negro, oculto, clandestino de tierras. 
Si se revisa una carpeta, que nadie las conoce, y eso es una total falta de transparencia en el INRA, podremos verificar cómo han ido cambiando y sustituyendo los nombres de los beneficiarios, y cuando salga un título, excepcionalmente habrá coincidencia entre los primeros que solicitaron y los que salen en el título. Han hecho cambio de nombre porque hay un mercado de tierras irregular y clandestino. Esa es una situación.

También desde el Gobierno hay un interés político y es evidente, se trata de llevar gente leal al partido de Gobierno, a la región de la Chiquitania, que electoralmente estuvo en contra del Gobierno del MAS, entonces se trata de controlar políticamente el territorio, y la forma de hacerlo es llevando a la gente allá.
Hay intereses económicos, políticos; dentro de toda esta gente que pide tierras también hay gente que necesita tierra, que no la tiene, que está haciendo negocios, porque que te den una parcela de tierra gratuita, y sin hacer esfuerzo alguno, salvo el de la influencia política, ya permite hacer un negocio vendiendo esas posesiones a otros. 
Muchas de esas comunidades, que están de 20 a 30 beneficiarios, van quedando reducidas a tres o cuatro familias, que son los que finalmente terminan de dueños de la comunidad
Ese es un fenómeno y hay un segundo elemento, que es el de Guarayos, que si bien existe esta misma situación de la Chiquitania, hay otros elementos que lo complican mucho más. Guarayos es una zona de mayor valor en términos de capacidad productiva, de rentabilidad del suelo, y las tierras de Guarayos, en gran parte todo lo que está entre el Río Grande y la carretera que va a Santa Cruz-Guarayos-Trinidad, básicamente son concesiones forestales que la ABT ya revirtió
Al revertir esas concesiones forestales, el INRA ya las ha declarado como tierras fiscales. Entonces, las principales que están en disputa son estas que eran concesiones forestales que la ABT revirtió porque cumplieron su tiempo, y el INRA las declara tierra fiscal, y sobre esa tierra fiscal aparecen muchos que están disputando derecho de propiedad, muchos de ellos ligados a los que eran empresarios, y que aparecen pidiendo derechos agrarios, pero también aparecen nuevas comunidades en las zonas asentadas.  
Lo que estamos viendo en los últimos dos años es que, encima de esos que ya están peleando, están apareciendo estos otros grupos, con un nivel de organización, no solo social, sino hasta de tipo paramilitar, y están tomando esas tierras, sobreponiéndose, tanto a los empresarios que las piden, como a las comunidades que ya estaban en la zona, peleando esa tierra desde hace algunos años. En estricto sentido, realmente aquí todos son ilegales.
No tenemos una institucionalidad que actúe con transparencia y apego a la norma, sino más bien en función de las influencias que recibe, entonces tenemos que van apareciendo nuevos grupos peleando por esa tierra.
Otro elemento en Guarayos es el tema de las tomas de propiedades que incluso ya están saneadas, no solo en Guarayos, también en la Chiquitania, y esto comienza a ser una amenaza para el trabajo del INRA de 25 años de saneamiento de la propiedad agraria, porque el objetivo principal, el básico, es regularizar el derecho de propiedad, y si la propiedad saneada es invadida, avasallada, y el propietario no tiene la garantía jurídica de una defensa rápida, inmediata y no recibe protección ante ese derecho propietario, lo que estamos haciendo es que estamos invalidando el trabajo de 25 años del INRA, los resultados del saneamiento. 
Estamos viendo que hay una institucionalidad agraria que no responde a estos problemas, que no hay quién haga respetar el derecho propietario, una vez saneado, y lo que finalmente funciona es la fuerza, y esto es peligroso, porque si el Estado no actúa en la defensa de los derechos, estamos dejando a cada ciudadano que haga lo que pueda, y en este sentido creo que Bolivia no está rumbo a ser una Venezuela, sino una Colombia, con grupos de carácter paramilitar tomando tierras, metiendo bala, y cualquier momento podemos tener grupos de paramilitares que se enfrenten a estos otros, y una vez que estos monstruos cobran vida, nadie lo puede controlar y no sabemos adónde puede ir esto a parar. 
La ausencia de Estado, de autoridad, de institucionalidad, legalidad en el tema de tierras, nos está abriendo las puertas a un posible infierno, que ya lo han vivido en otros países como Colombia.

Paralelo al desarrollo de mesas técnicas entre autoridades y campesinos de la zona este cruceña, el INRA recorre varios municipios de la Chiquitania para valorar si los beneficiados con resoluciones de asentamiento trabajan o no la tierra

– ¿Qué pedía la Única con sus medidas de presión?
El tema central sigue siendo poder y tierra, y en ese tema, los de la Única son los que han recibido el 77% de las autorizaciones de asentamiento, las federaciones de campesinos de la Chiquitania, como se llaman ahora, que son los que marcharon a La Paz y bloquearon. Lo que quieren ahora son los títulos, pero además están planteando una nueva ley de tierras, plantean que el área protegida de la reserva forestal de Guarayos se redimensione, y en el fondo están pidiendo que más o menos baje de un millón a 200 mil ha, porque ahí hay muchos intereses para habilitar esa tierra para agricultura, muchas están repartidas, otras todavía están fiscales y pretenden meterse ahí, pero en el fondo, los otros que tienen derechos en esta reserva, también quieren que esa reserva sea redimensionada en su extensión. 
– Cuántas hectáreas de tierra fiscal disponible quedan para distribuir, y cuántas de las no disponibles podrían habilitarse para forzarlas a disponibles? Considerando que la Única pidió identificarlas…
Las concesiones forestales, que eran alrededor de seis millones de hectáreas, en este momento no llegan a dos, ahí hay cuatro millones que han pasado de concesión forestal a tierra fiscal. De esos cuatro millones, ya se han distribuido en este momento más de dos millones y medio, estamos hablando de que queda millón y medio. El INRA dice 1,7 millones por distribuir de esas tierras que eran concesiones forestales, pero también, y este es un dato al que hay que tener en cuenta, tenemos 1,8 millones de hectáreas que siguen siendo concesión forestal, y que van a prescribir en dos o tres años, y ya desde este momento se la están peleando porque hay una política de Gobierno de que no habrá concesiones forestales, las están matando, y toda esa tierra pasará a ser tierra fiscal, y luego dotaciones agrarias.

– ¿Qué está pasando en las áreas protegidas (AP)?, la ABT emitió prohibición de quemas, pero se están quemando San Matías, Otuquis y Noel Kempff Mercado
Con el tema de las quemas yo parto de algo, cada vez hay más desmonte, y eso significa que hay leña para que arda, pero también, al haber menos monte, cada año está más seco y también hay más materia para quemarse, pero también hay un elemento que no lo estamos diciendo, y es que donde hubo fuego, negocios hay
Cambiar el uso de suelo de tierras forestales a agrícolas es un procedimiento que lleva tiempo y tiene su costo. Con el fuego, todo eso se lo hace rápido, sin pasar por autoridades, y entonces hay un nivel de plusvalía que es hasta de 100%, de una tierra que está con bosque, a una tierra donde ya se quemó el bosque, y donde ya pueden empezar a generar otro de tipo de usos y de cultivos. Entonces, esto genera una plusvalía en la tierra, las tierras con monte valen menos que una tierra deforestada. Aquí también el fuego juega un papel que está ligado a este tipo de negocio, por eso es que en muchos lugares se provocan incendios.

– ¿Más allá de que dijeron que son o no chiquitanos, Santa Cruz fue bloqueada por movimientos sociales del MAS con intereses en la tierra?
Lo real es que son las nuevas comunidades a quienes el Gobierno ha dado autorización de asentamiento y esas nuevas comunidades puede que tengan algún afiliado de la zona, pero eso es excepcional, esas nuevas comunidades están conformadas por militantes del partido de Gobierno, que pueden ser de otras áreas, o de Santa Cruz, que no necesariamente son campesinos, sino que tienen cierto nivel de capital porque se movilizan muy rápido, lo que demuestra fuerza porque los cultivos que tienen son con maquinaria, se movilizan en Noah, 4×4, en camiones, hay una capacidad económica que les permite una movilización rápida, con medios de transporte masivos, porque no son campesinos pobres traídos del Altiplano pobre, de Potosí o de Cochabamba.
Es gente que más viene desde centros urbanos y que puede que en algún momento hubieran tenido un origen del campo, pero que ya no lo son. 
Son militantes del partido de Gobierno y también por eso se actuó diferente frente a este tipo de bloqueos.

(VEA EL VIDEO) Un nuevo desmonte de 7 hectáreas fue realizado entre 6 y 11 de julio de 2022, dentro del Área Protegida Municipal y Reserva Forestal del Bajo Paraguá, de San Ignacio de Velasco, pese a que ese pulmón verde se encuentra registrado como Tierra Fiscal No Disponible

– Cambiaron el Plan de de Uso de Suelo (PLUS) en Beni que se intentó en Santa Cruz, no se pudo, ¿ahora se está forzando con dotaciones y fuego?
En Beni cambiaron su PLUS y tierras forestales las han convertido para agricultura en grandes cantidades. En Santa Cruz, el PLUS no se discute, pero también es lamentable ver cómo muy pocos lo respetan, incluyendo a instituciones como el INRA, que no lo toma en cuenta, y como la ABT, que debería ser la protectora de ese PLUS que sí busca mecanismos para perforarlo, que son las planificaciones a una escala más pequeña de la que es el PLUS, y con ese argumento van modificando desde abajo el uso del suelo.
– ¿Entre las actuales autoridades relacionadas con el tema tierra, quién es cuota de qué organización?  Adalberto Rojas guardó silencio desde el tema de Las Londras, con los Interculturales
Lo que sí tengo claro es que hay una diferencia indudable entre el director nacional y el departamental y que aparentemente responden a diferentes sectores. Justamente las presiones son contra el director nacional del INRA, a quien le exigen títulos de las autorizaciones que ellos recibieron hace hasta cinco años atrás, y le están exigiendo nuevas tierras.
– ¿Por qué la Gobernación calla?¿Le quedan competencias con respecto al tema tierra?
Lo que creo es que la Gobernación no tiene competencias sobre el tema de derecho propietario, pero sus competencias están dirigidas al tema del medioambiente, y por eso en varias ocasiones me he referido a que mientras Santa Cruz no entienda, la Gobernación, que sus competencias son de medioambiente, y por lo tanto, no se trata de ver si en la Chiquitania el que está tumbando árboles es menonita, colla, camba, sino de parar esa deforestación porque se está destruyendo todo un ecosistema frágil en la Chiquitania, y cuando decimos parar, nos referimos a sea blanco, negro, choco, moreno, nacional o extranjero, originario o migrante. 
La lógica que debe llevar adelante la Gobernación es una defensa, en este caso de la Chiquitania, pero desde el punto de defensa del medioambiente, de defensa de la ecorregión chiquitana, y eso significa tener una actitud en la que paremos a todos, como se hizo con la pausa ecológica para frenar la deforestación, más allá de en cuánto se cumplió.
– ¿Cuál es el rol de los empresarios?
Se generaron ciertos pactos, algunos que en algún momento fueron implícitos, pero luego fueron totalmente explícitos, y creo que el primer pacto que uno puede ver es que después de los discursos de la revolución agraria que tenía el MAS, se logró un acuerdo en el que básicamente el Gobierno les daba la garantía, seguridad jurídica a la propiedad, a cambio de que los dejen disponer libremente de las tierras fiscales
Y en alguna medida, si se observa la conducta de la Gobernación, refleja también que o fue parte del pacto, o lo aceptó porque lo que hizo fue mirar para otro lado, mientras se autorizaban los asentamientos en esta región. 
Después el pacto fue ya más explícito en 2014, cuando comenzamos a ver la cumbre Sembrando Bolivia, donde todos, Gobierno, empresarios, CAO, Interculturales, campesinos, todos coinciden en que hay que ampliar frontera agrícola, en permisos de desmonte sin zonificación como los Planes de Ordenamiento Predial (POP), de las tres hectáreas, que estaba permitido, a 20, y desde ahí se llevó a nivel de ley, la 741, que establece que todos pueden desmontar hasta 20 ha, llenando un simple formulario de la ABT, 20 ha por campesino, y esto significó el gran ascenso de los desmontes en la región. 
Después viene la aprobación del decreto supremo que permite desmontes y quemas en las tierras de vocación forestal permanente, entonces toda una línea ahí de lo que se llaman los créditos incendiarios, paquetes agrarios incendiarios, que fueron los que impulsaron deforestación, sequías e incendios.

– Entre los pedidos de los bloqueadores que se dicen chiquitanos estaba el de habilitar tierras «por identificar» y dotar a quienes tienen tierra «insuficiente»…

Lo que creo es que incluso la Ley INRA tiene muchos argumentos que ponen en tela de juicio la legalidad de estas autorizaciones de asentamiento y de lo que podrían ser estos títulos de propiedad que emergen de ahí, porque la Ley INRA establece algunos criterios de preferencia, por ejemplo, de que primero debe darse a los originarios de la zona, y que una vez que se ha cubierto la necesidad de tierra a la población local, recién se habilitan tierras para nuevos asentamientos que vengan de afuera, esto está en la ley, pero no se cumple, y es un argumento que cuestiona la legalidad de lo que se ha hecho.
Un segundo elemento desde la Ley INRA es que establece las comisiones agrarias departamentales (CAD). La Ley INRA dice que la distribución de tierras fiscales debe pasar por la Comisión Agraria Departamental, algo que tampoco se ha hecho, y si la ley lo dice y no se hace, son elementos que muestran que no se ha seguido todo el procedimiento legal.
El tercer elemento, la Ley INRA establece que todo asentamiento es ilegal si se ha hecho después del año 1996, y aquí hay cientos, miles de asentamientos que incluso se han promovido después de 2010, y que están en un nivel de ilegalidad. Entonces, ¿cómo se legalizan las cosas en este país? Cambiando la ley, esa es la lógica.
En Guarayos hay un nivel de asentamientos autorizados en estas tierras que son de concesión forestal, que están dentro de la reserva forestal de Guarayos. Ese es un hecho, un tema fuerte que está en la pelea, hay muchos asentamientos en tierras fiscales de Guarayos, básicamente son de Cuatro Cañadas y San Julián, ellos son los fuertes ahí, los que están moviendo ahí, primero para legalizar esos asentamientos, cambiar la ley de la reserva forestal, o bien cambiar la misma Ley Inra, para que ellos adquieran esa legalidad.
– ¿Son de la organización Interculturales los de esas zonas? (Cuatro Cañadas y San Julián)?
La mayoría de los nuevos asentamientos se llaman campesinos, pero como al final se han creado algunas narrativas, y esto hay que decirlo, desde el nivel central de Gobierno, de que en Santa Cruz hay terratenientes, desde Santa Cruz también se ha creado otra narrativa, de que los interculturales los están avasallando.
Entonces, más allá de las organizaciones, de si pertenecen a los Interculturales o Campesinos (Única), ya se ha generado en la opinión pública que todos ellos son interculturales, y esto es lo que le incomoda orgánicamente a la Federación de Interculturales, que entran a tiros a una propiedad y dicen que son Interculturales, y la Federación de Interculturales dice que nada tiene que ver, pero obedece mucho a estas narrativas.
De acuerdo a las disposiciones legales, quién es intercultural, puede ser cualquiera, todo el mundo.
La TCO Guarayos tiene 1,2 millón de ha, y la reserva está con un millón y un poco más, pero más de la mitad ya está distribuida, ya tiene dueño
En el caso de Guarayos el problema es grande, hay propiedades ganaderas que están dentro de la reserva, sindicatos, colonias menonitas, todos esos asentamientos discuten en el saneamiento que están desde antes de la creación de la reserva, pero es algo poco creíble.
De la reserva forestal Bajo Paraguá, colindando en la parte sur de la reserva, es la parte que viene hacia Santa Rosa de la Roca, solo en una franja de 20 km hemos encontrado más de 86 nuevas comunidades asentadas, con autorizaciones de asentamiento del INRA, no les han autorizado dentro de la reserva, pero ya la están rodeando, le están creando un cerco.

Para el juez de Guarayos, declaraciones y testimonios notariados no son suficientes y se necesitan videos y otras pruebas de que Paulino Camacho participó en otro ataque a Las Londras. Diputada lamenta el fallo del juez. Hay discrepancias

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