La fecha no importa

Sí, la fecha no es lo importante a estas alturas. Aunque parezca contradictorio, a las partes no les interesa tanto cuándo será el Censo, sino el coste político producto de sus estrategias improvisadas. Toda decisión tiene un costo y acá tenemos a actores que se aventuraron a enfrentarse en un conflicto sin tener una estrategia clara si iban a lograr lo que se propusieron y hoy están a las puertas de pagar esa apuesta.

Tuvimos que remontarnos hasta el 12 de julio para recordar que todo este conflicto comenzó cuando a través del Consejo Nacional de Autonomías se decidió postergar el Censo hasta 2024, la justificación: problemas logísticos producto de la pandemia. Acuerdo que el Gobierno terminó cerrando con un decreto, pero su argumentación se vino debilitando. Hoy la estrategia tuvo que mudar a un decreto más flexible donde el mismo Ejecutivo se ha puesto la soga del compromiso al cuello para tener resultados ese año y una asignación de recursos.

La oposición al decreto se centró en Santa Cruz y su dirigencia acentuó un discurso de protesta con enfoque regionalista, donde los más perjudicados por el retraso del Censo eran ellos, al verse limitados en cuanto a recursos y a escaños hasta por lo menos 2030. El apelar al elemento identitario fue uno de los ingredientes que animó a la población a parar más de 20 días con la promesa que lograrían que el Censo fuera en 2023, fracaso que hoy se maquilla de victoria argumentando que lo que se buscaba era la aplicación de los resultados antes de las elecciones 2025 y que se los había conseguido.

Hoy parece que nos encontramos frente a dos adversarios cansados, la fuerza aplicada a sus estrategias no alcanzó para lograr lo que se propusieron porque fueron improvisadas. El oficialismo a partir de ahora comienza una pelea abierta de cara a las primarias para 2025 dentro del partido, el enemigo ya no está en la acera del frente.

sino que camina junto a la gestión del presidente Arce. Por el otro lado, tenemos a una población cruceña a la que se ha provocado y ha generado la expectativa que la solución a una demanda histórica de autogestión puede encontrarla en el federalismo, sin la responsabilidad del consenso con el resto del país y en un corto plazo, para ello necesitan de una dirigencia que pueda hacer realidad aquello, pero que goce de confianza y tenga la capacidad de capitalizar la movilización que se viene viendo desde 2019.

El costo de la afrenta ha sido muy alta para los actores políticos, pero el conflicto por el Censo ha abierto un nuevo escenario donde los discursos van a reconfigurarse. Por un lado, se hablará de traidores y leales en el oficialismo, se hablará de tibios, tímidos y traidores en una oposición que busca su reconfiguración a nivel nacional y no encuentra norte, y en Santa Cruz comenzará la búsqueda de esa dirigencia que tenga el valor o la habilidad de hacer posible una demanda histórica cruceña.

La crisis política peruana ya se venía arrastrando y aún no ha terminado. Esta crisis llevó al país andino a tener seis presidentes en solo cuatro años de mandato, comenzando por Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y ahora Dina Boluarte, a quien le toca luchar por llegar a terminar su mandato en junio de 2026 y no adelantar elecciones, como lo ha manifestado.

Las condiciones de esta crisis política han generado un escenario de incertidumbre que se ha manifestado en la fragmentación del voto. Los electores no se han ido a los extremos para concentrar su decisión en urnas, sino que han optado por partidos con propuestas intermedias, lo que ha generado que en las elecciones del 11 de abril de 2021 sean 10 partidos políticos que se han distribuido los 130 escaños parlamentarios, algo que ha condicionado el arribo de acuerdos.

Sobre este escenario es que comenzó la carrera por una segunda vuelta para Pedro Castillo y Keiko Fujimori, donde la estrategia de radicalización del discurso y el juego de suma cero llevaron a Perú a un escenario polarizado. Jennifer McCoy (2018) menciona que la polarización es un proceso por el cual multiplicidad de diferencias políticas crecientemente se alinean en una sola dimensión, y eso fue lo que ocurrió en la votación del 6 de junio, cuando los partidos electos debían decidir si apoyar a la izquierda de Castillo o a la derecha de Fujimori en base a promesas y alianzas de prebendas, pero nunca a partir de un acuerdo programático. Esto provocó alianzas débiles en torno a programas vacíos y una deuda para Castillo que no pudo pagar.

Si bien Castillo ganó estrechamente en segunda vuelta (50,13% de votos), en primera vuelta con solo 18,92%, logró 37 de los 130 escaños posibles, condicionando la gobernabilidad de su mandato en el Congreso a las alianzas que podría mantener. Y es que la radicalidad de su discurso en segunda vuelta le cerró parcialmente las puertas a la negociación con partidos que ideológicamente son opuestos, reduciendo su campo de acción congresal.

El año y medio de mandato de Castillo ya venía condicionado por lo anteriormente mencionado. El Legislativo había censurado varias veces al Ejecutivo, lo que provocó el cambio de cinco gabinetes y alrededor de 80 ministros en cerca de 18 meses, además de las denuncias por corrupción y sus vínculos con organizaciones terroristas.

Esta parte de la historia peruana aún no ha concluido, Dina Boluarte entra como presidenta en las mismas condiciones de gobernabilidad que lo hizo Pedro Castillo, en medio de un ambiente crispado política y emocionalmente, sumado a la ambición de otros partidos por llegar al poder y que van a apostar por la opción de adelantar las elecciones para lograrlo.
Muchos analistas ven como una de las principales causas de esta crisis extendida la configuración constitucional peruana donde tanto el Ejecutivo como el Legislativo, siguiendo el principio de equilibrio de poderes, pueden condicionar el funcionamiento del otro; sin embargo, el proyecto para iniciar el proceso constituyente está estancado justamente en el Congreso que no llega a un acuerdo para convocar a un referéndum que instale una Asamblea Constituyente.

El país se dirige, nuevamente, a un escenario donde dos posiciones tensionadas solo ven al escenario radical como el único capitalizable. La razón es el Censo, pero esta coyuntura se convierte solo en una de las tantas batallas a librar en un futuro.

El conflicto por la fecha del Censo es un conflicto a resolverse, tarde o temprano las partes se sentarán a negociar una fecha para realizarla, lo que está en discusión y juego ahora es quién impone las condiciones para el acuerdo. El acuerdo consensuado de una fecha para la realización del Censo no significa el cese del conflicto, sino que visualizamos al menos tres escenarios que podrían ser igual o aún más conflictivos que el actual.

El primero de ellos estaría en torno a la realización del Censo y su producto. Si bien se habló de que el tema técnico y el económico estarían resueltos para la realización del Censo, el haber cambiado la fecha de manera abrupta ha generado un halo de desconfianza que está presente en el discurso de la oposición el día de hoy. El descrédito no recae sobre el proceso censal solamente, sino que podría afectar la credibilidad de los resultados.

Santa Cruz ya ha puesto un efecto de anclaje, y es que tiene sus propias estimaciones sobre la cantidad de población, escaños y recursos que le tocaría luego del Censo, si estos resultados no coinciden con sus intereses y estimaciones, podríamos tener un nuevo conflicto que cuestionaría al proceso censal en sí y los resultados que arroje.

El segundo escenario visible será la distribución de los escaños. Hoy la distribución de escaños lo establecen criterios de territorio, población, grado de desarrollo e indígenas. Los 36 senadores están distribuidos por departamento, cuatro por cada uno y, en este caso, no existiría problema porque es un mandato constitucional establecido en el artículo 148.II. El conflicto estaría en la distribución de los 130 diputados, ya que la Constitución solo establece que la distribución estará a cargo del Órgano Electoral con base en el último Censo (artículo 146.V), dejando a una ley la definición de los nuevos criterios y números de escaños asignados.

Hoy es la Ley 421, de distribución de escaños por departamento, la que regula este aspecto y que en su parágrafo III final menciona: “Esta composición será modificada por Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, después de un nuevo censo nacional de población”. En este caso, la batalla se trasladaría, una vez validados los datos del Censo por las partes, al Órgano Electoral y a los criterios que a futuro regirían la distribución de los 130 escaños, que no solo se guían por criterios poblacionales, sino los aspectos de índice de desarrollo que podrían dar una distribución muy distinta a la actual. E incluso, la cantidad de diputaciones indígenas que hoy en día son siete, podría aumentar o disminuir a partir del criterio que se utilice en esas mesas de discusión.

El último escenario y el que podría dar más batalla es la distribución de los recursos luego del Censo. Una cosa es establecer la distribución de recursos de coparticipación tributaria bajo el sistema actual y otro es plantear una nueva distribución de recursos con otros criterios, que es lo que conocemos como un nuevo pacto fiscal. La posición de Santa Cruz es clara, y es que la distribución actual está mal y les afecta, no terminaría la lucha con aceptar un incremento de recursos sobre la base de la distribución actual, sino que sería el escenario ideal para poner sobre la mesa, una vez más, la discusión de un nuevo pacto fiscal.

Por todo esto, considero que las condiciones políticas con las cuales se sienten los actores a negociar ahora, van a determinar las condiciones para los futuros escenarios que se nos vienen.