BOLIVIA
La sociedad del cuidado – La Razón (Bolivia)
Sunday 13 Nov 2022 | Actualizado a 00:49 AM
Voces
Sunday 13 Nov 2022 | Actualizado a 00:49 AM
Por Lourdes Montero
La Paz / 13 de noviembre de 2022 / 00:47
Cuando en Bolivia nos gana el desánimo y la tristeza por una confrontación que ya perdió sentido, en la ciudad de Buenos Aires nos abraza un aire de esperanza. Y ese aire que tanto necesitamos va tomando forma en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer que reúne a los Estados, las organizaciones de mujeres y el Sistema de Naciones Unidas en busca de propuestas para superar la crisis multidimensional que hoy amenaza nuestros avances en la igualdad.
América Latina y el Caribe es la única región del mundo en la que, desde hace 45 años, se desarrolla este foro intergubernamental sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género, y que hoy reúne cerca de 1.000 personas convocadas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en coordinación con ONU Mujeres.
Durante cinco días se profundizó el análisis en torno a las varias dimensiones de la crisis que hoy protagonizamos. Se reconoció que el COVID y la guerra solo aceleraron procesos insostenibles de una economía que amenaza con mercantilizar todas nuestras relaciones humanas. Frente a ello, un consenso común es la urgencia de un cambio en el estilo de producción de riqueza y de consumo, para avanzar hacia una sociedad que reconozca la interdependencia de los procesos productivos, las personas y la naturaleza. A este horizonte en construcción se denomina sociedad del cuidado.
Desde la diversidad de valores, actitudes y prácticas que se despliegan en los hogares para sostener la vida, las feministas buscan proyectar a los Estados un horizonte para la recuperación sostenible de la crisis actual. Las sociedades del cuidado están basadas en el reconocimiento de que la vulnerabilidad es intrínseca a la condición humana, pues nadie es del todo autónomo y nadie es completamente dependiente. Por ello, la sociedad del cuidado se fundamenta en la interdependencia y la ecodependencia, como dimensiones constitutivas de los sujetos y de su red de relaciones sociales.
Frente a este reconocimiento, los Estados deben priorizar los cuidados como la base de una nueva visión de la política social, proponiendo una visión que garantice los derechos de las personas que necesitan cuidados, así como los derechos de las personas que los proveen, y que visibilice los efectos multiplicadores de la economía del cuidado en términos del bienestar. Ello desafía la concepción individualista del actual sistema social y económico, así como implica también construir una nueva priorización de los compromisos fiscales, sociales y culturales para asignar recursos.
Durante la inauguración de la conferencia, esta visión tuvo el respaldo del presidente argentino Alberto Fernández, quien destacó que las feministas “han transformado todo en los últimos años”; por su parte, el presidente Gabriel Boric envió un mensaje donde expresó que “desde Chile, como gobierno feminista, nos parece importante seguir avanzando en la consecución de derechos”.
El Estado boliviano, representado en este espacio por Wendy Pérez Salinas, directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización, asumió este desafío signando el Acuerdo de la XV Conferencia que, en su parte central, plantea reconocer el cuidado como un derecho y, por lo tanto, como una responsabilidad que debe ser compartida por la sociedad, las familias, las comunidades, las empresas y el Estado, adoptando políticas, programas y sistemas integrales de cuidado que garanticen los derechos de quienes cuidan y de quienes son cuidados, tanto de manera remunerada como no remunerada, y que liberen tiempo para que las mujeres puedan incorporarse al empleo y al estudio, participar en la política, la sociedad y la economía, y disfrutar plenamente de su autonomía.
Lourdes Montero es cientista social.
Por Lourdes Montero
La Paz / 30 de octubre de 2022 / 01:25
Octubre en Bolivia es siempre un mes particular. Es como si concentrara todas las energías de los conflictos sociales, como si en nuestro imaginario fuese el último mes para arrancar reivindicaciones al Estado.
Cada año en octubre, en un tinku ritual, la gente se organiza para pelear en conjunto. Y cuando creemos que el país está a punto de estallar, llegamos al 2 de noviembre, Día de Todos Santos y, como tenemos que ocuparnos de nuestros muertos, aceptamos soluciones temporales y precarias que nos dan un corto respiro para las fiestas navideñas, el año nuevo y el carnaval. Retomamos nuestro espíritu de confrontación en marzo, cuando nos preparamos para las negociaciones del incremento salarial. Ese es el calendario de la conflictividad que nos acompaña desde que tengo memoria. Octubre negro es el sino que siempre marcará el espíritu del décimo mes del año.
Este año la épica del conflicto tiene un nombre: el Censo de Población y Vivienda como bandera en el conflicto por la distribución de la renta estatal. Fijar la fecha de su realización será solo el inicio de una serie de confrontaciones que nos esperan: legitimidad del padrón electoral, distribución de escaños, selección de candidatos para elecciones judiciales, y un largo etcétera. Los tiempos actuales prometen mantenernos en vilo con una sobrecarga de demandas frente a un Estado con poco margen fiscal para soluciones de largo plazo. Bienvenidos al tiempo de la alta fragmentación, con variados grupos con capacidad al veto sobre el Estado y sin un horizonte de proyecto país. Son tiempos de fragilidad y lógica de sobrevivencia.
Y en esos tiempos tan inciertos, preocupa el marcado descrédito de las instituciones que algunas encuestas reflejan. La más actual, el cuarto Informe Delphi de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), revela que ninguna institución boliviana alcanza ni el 30% de credibilidad en la ciudadanía. Los casos extremos del descredito son los partidos políticos (con 87% de entrevistados que les asignan una baja o muy baja credibilidad), los medios de comunicación (56% de descrédito) e incluso la Conferencia Episcopal (56% de descrédito). En los datos consignados por los informes periódicos de Diagnosis, el 51% de los entrevistados considera que la democracia en Bolivia funciona muy mal o es una dictadura con fachada democrática.
El espíritu de nuestra época parece ser la desconfianza y la contingencia y, por tanto, “capear la tormenta” es la forma que asume la gestión política estatal. Esto nos enfrenta a una serie de arreglos parciales y temporales hasta que la siguiente tormenta nos azote. Y no son buenas noticias enfrentar la tempestad con un descreimiento generalizado en las instituciones, quienes tienen por finalidad principal reducir la incertidumbre.
Con esa lógica, podemos sostener que en la actualidad vivimos la hegemonía del cortoplacismo como estructura de las relaciones políticas del país. Un día a la vez, parece ser la consigna. Dado que en el debate público es un momento de escasos horizontes compartidos e incluso ausencia de narrativas programáticas, es normal sentir un desincentivo de pensar la vida en el largo plazo. Y la inercia de este momento conlleva la aceptación de cosas cuya factura la pagaremos muy caro, como, por ejemplo, la aprobación en La Paz de la Ordenanza Municipal que autoriza la construcción de edificios de 40 pisos, o acuerdos con cooperativistas mineros auríferos que pagando impuestos ínfimos condenan nuestros ríos a la contaminación con mercurio o, como parece que va a ocurrir, llevar adelante un censo que ha perdido su función de instrumento técnico para el diseño de políticas públicas.
Lourdes Montero es cientista social.
Por Lourdes Montero
La Paz / 16 de octubre de 2022 / 00:57
Una reciente declaración de la embajadora boliviana Romina Pérez desató una ola de indignación por el aparente apoyo del Gobierno boliviano a las acciones del Gobierno iraní frente a las protestas protagonizadas por las mujeres, y cuya represión ya dejó 201 personas muertas (según registra Iran Human Rights).
La embajadora argumentó que sus palabras fueron “manipuladas de manera tendenciosa”. Sin embargo, accediendo al registro audiovisual del medio televisivo Irán Internacional podemos constatar que la representante del país declara: “Nuestra solidaridad plena con la República Islámica de Irán en estos momentos de conspiración de Estados Unidos, el sionismo y algunos países europeos”. Si esta funcionaria pública refleja la lectura política del Gobierno boliviano frente a los hechos actuales en el país islámico, debo ser enfática en manifestar que no me representa, como ya lo han expresado muchas mujeres en el país mediante redes sociales y declaraciones públicas.
Irán está actualmente viviendo una revolución social protagonizada por las mujeres. Si bien las protestas se extendieron tras el asesinato de Mahsa Amini a manos de la “policía de la moral” que controla el uso del velo obligatorio, detrás de más de cinco semanas de enfrentamientos callejeros y trabajadores en huelga está la combinación de las luchas contra la opresión a las mujeres, la opresión religiosa y el terrorismo de Estado.
Frente a este momento histórico que vive la nación islámica, sorprende la lectura geopolítica tan básica que expresa la funcionaria diplomática, posicionándose como “amiga revolucionaria” de un Estado víctima del imperialismo. Rompiendo esa lógica, Gabriel Boric reitera cada vez que, para ser creíbles, las fuerzas progresistas de América Latina deben condenar las violaciones de derechos humanos sin importar si lo cometen o no gobiernos afines. “No podemos tener un doble estándar”, dijo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Lo que más sorprende es que esta política exterior del Estado Plurinacional de Bolivia es liderada por un Canciller reconocido por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, en particular de las mujeres. Conocemos a Rogelio Mayta como abogado defensor de las víctimas de la “masacre de octubre” en la ciudad de El Alto y como protagonista del comité impulsor del juicio de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. También se ha destacado por ser asesor de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia y la Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer (ONAEM). Incluso lo hemos escuchado declararse “feminista” en foros públicos.
Por todo esto, sería importante que en Cancillería profundicen su análisis sobre lo que está ocurriendo en Irán, y tomen tiempo para leer, por ejemplo, las reflexiones recientes de Slavoj Žižek (a quien no podemos acusar de pro imperialista), cuando sostiene que las mujeres y hombres que cantan consignas como “Zan, Zendegi, Azadi” (“mujer, vida, libertad”) están gritando contra el odio, la violencia y el fundamentalismo, pues saben que la lucha por los derechos de las mujeres lo es también por la libertad de todas las personas, pues su opresión no es más que la manifestación más visible de un sistema de terrorismo de Estado más amplio.
Por ello, es inaceptable que en el año de la “Revolución cultural para la despatriarcalización: por una vida libre de violencia contra las mujeres” nuestro Estado, en la voz de una de sus embajadoras, no muestre un mínimo de empatía y solidaridad con los y las manifestantes iraníes. No necesitamos discursos en fechas emblemáticas en contra de la violencia hacia las mujeres, sino hechos concretos que de manera firme muestren la coherencia de la política estatal en este tema.
Lourdes Montero es cientista social.
Organizaciones feministas plantearon demandas en la recuperación económica pospandemia.
Damas de la Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia
Por Lourdes Montero
Imagen: FACEBOOK
La Paz / 7 de octubre de 2022 / 05:15
La responsable país de Oxfam en Bolivia realiza un análisis en detalle sobre las consecuencias de la pandemia en la realidad económica de las mujeres bolivianas. Habla de la situación actual y los desafíos inmediatos.
En Bolivia, a raíz de la pandemia, se estima que 241.000 mujeres en áreas urbanas perdieron su fuente de ingresos, un tercio más que los hombres. Esta pérdida de empleo e ingresos es resultado, de que las medidas de cuarentena afectaron sobre todo a los sectores informales y del trabajo por cuenta propia, donde las mujeres están sobrerepresentadas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que esta reducción podría significar un retroceso de diez años en la autonomía económica de las mujeres.
A pesar de que las mujeres en nuestro país se han integrado masivamente al mercado de trabajo desde la década de los 80, la actual crisis ha impulsado un masivo traslado de mujeres hacia la “inactividad”. Un ejército de casi 1,5 millones de mujeres hoy conforma la población económicamente inactiva (el doble de los hombres). Esto no solo implica que muchos hogares han perdido ese ingreso y, por tanto, podrían empobrecerse aceleradamente, sino que muchas mujeres bien educadas, con habilidades para el empleo, que habían acumulado experiencia en el trabajo y que son fundamentales para la generación de riqueza del país hoy se encuentran en sus casas. Esto, en un momento donde la economía requiere de todos y todas para salir adelante, es un lujo que no podemos permitirnos.
Las mujeres, durante la pandemia, han tomado la mayor responsabilidad del cuidado de los hogares y de la vida. En este tiempo, frente al cierre de las escuelas y la necesidad de atender enfermos por COVID- 19, fueron ellas quienes, en mayor medida, cubrieron las necesidades de cuidado de más de 4,5 millones de bolivianos y bolivianas en condición de dependencia. Antes de la cuarentena rígida, las mujeres dedicaban, en promedio, 7 horas al día al cuidado; en la crisis de salud, esta cantidad subió a 13 horas diarias.
Para profundizar en esta discusión puedes recurrir a Las mujeres, durante la pandemia, han tomado la mayor responsabilidad del cuidado de los hogares y de la vida. En este https://lac.oxfam.org/latest/policy- paper/la-ma%C3%B1anadespu% C3%A9s-de-la-covid- 19.
En octubre, cuando se celebra el día de las mujeres bolivianas, es central poner en agenda al menos tres demandas que las organizaciones feministas han planteado en la recuperación económica después de la crisis pandémica: i) analizar la injusta distribución del trabajo doméstico y del cuidado de los hogares que recae principalmente en las mujeres, con costos en su tiempo y su disponibilidad para ocuparse de sus negocios o empleos remunerados, así como en una fatiga estructural con consecuencias en su salud. ii) Políticas públicas claras tanto en el ámbito nacional como municipal para favorecer la recuperación de los sectores de la economía que utilizan de manera intensiva a las mujeres. Estamos hablando en concreto del comercio y servicios, sectores altamente golpeados en la crisis económica actual. iii) Una mirada estratégica hacia el rol de las mujeres en la economía y las principales limitantes de una cultura machista que evita un acceso efectivo de ellas a los recursos para el desarrollo de sus negocios, actuando como bloqueadores de un despliegue efectivo de sus capacidades para contribuir al desarrollo del país.
Oxfam es una confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales, que realizan labores humanitarias en 90 países.
Por Lourdes Montero
La Paz / 2 de octubre de 2022 / 01:39
Como cada año, el 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En nuestro país, el aborto inducido está regulado desde 1973, siendo legal solamente en caso de prevenir daño a la salud de la mujer o en casos de violación.
A pesar de la penalización, los datos sobre la interrupción del embarazo no deseado estiman que en Bolivia se practican 200 abortos cada día y, cada año, alrededor de 44.000 abortos incompletos (hemorragias) son atendidos por establecimientos de salud públicos y privados. A causa de esto, dos mujeres mueren cada día, lo que equivale a 650 muertes por año, que a su vez conlleva a que el aborto sea la tercera causa de muerte de las mujeres en el país.
Frente a esto, comparto ocho razones por las cuales es urgente contar con un sistema de salud que atienda la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura, legal y gratuita.
1) Penalizar no disuade a las mujeres de la práctica del aborto. El altísimo número de abortos que ocurren en Bolivia demuestra que la penalización no es efectiva.
2) Penalizar el aborto induce a las mujeres a recurrir a métodos inseguros y riesgosos para su salud. En el país, más de la mitad de abortos clandestinos son realizados por personas sin la capacidad necesaria, con procedimientos inseguros y en entornos sin higiene. Por lo tanto, la penalización tiene como consecuencia no menos abortos, sino más abortos inseguros.
3) La penalización aumenta las muertes y afecta la salud de las mujeres. El aborto no pone la salud de las mujeres en peligro, lo que la pone en riesgo es la clandestinidad y la inseguridad. Por ejemplo, en Uruguay las muertes de mujeres por causas de abortos mal practicado se redujeron a cero desde la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
4) Penalizar el aborto impacta negativamente en el acceso a los abortos legales. Una gran cantidad de mujeres con derecho a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) no acceden a él por el estigma alrededor de la práctica y los estereotipos sobre la maternidad que se constituye en un mandato obligatorio para las mujeres.
5) La falta de acceso a abortos seguros produce muertes por causas indirectas. La mala práctica en la clandestinidad provoca en las mujeres hemorragias, perforaciones uterinas, lesiones intraabdominales y procesos infecciosos, causantes de secuelas crónicas como la esterilidad, embarazo ectópico, dolor pélvico agudo y, en los peores casos, la muerte.
6) La penalización del aborto tiene un impacto diferenciado en mujeres pobres y jóvenes. Las mujeres con niveles económicos medios o altos acceden a una atención sanitaria adecuada y, en general, no sufren complicaciones posabortos. Las de bajos recursos, en muchos casos adolescentes, se ven obligadas a exponerse a condiciones sanitarias precarias.
7) La penalización del aborto expone a las mujeres a ser víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes por temor a ser denunciadas en su intensión de interrumpir su embarazo. Muchas de ellas incluso acuden al suicidio frente a la sanción social y penal del aborto.
8) La penalización del aborto incentiva un mercado clandestino que lucra con el miedo y necesidad de las mujeres. La provisión de servicios de aborto moviliza cifras millonarias a través de abortos quirúrgicos o la comercialización de pastillas de misoprostol o mifepristona con sobreprecios.
A pesar de que el procedimiento de interrumpir un embarazo es más seguro y está más disponible hoy en día, el aborto todavía está muy estigmatizado y puede ser una experiencia aterradora para muchas mujeres. Por todo esto, la legalización del aborto es un tema de salud pública y de derechos humanos.
Lourdes Montero es cientista social.
Por Lourdes Montero
La Paz / 18 de septiembre de 2022 / 00:28
De manera sistemática y sostenida, estamos destruyendo el bosque seco tropical más grande de Sudamérica, uno de los pocos que quedan en el mundo; y parece que a nadie le importa. Mirar para otro lado o minimizar el impacto del fuego en el oriente del país es una actitud irresponsable que nos cobrará factura más pronto de lo que esperamos.
Según los datos de Defensa Civil, desde 2019 los incendios en el oriente boliviano arrasaron con 15,5 millones de hectáreas. Para la autoridad nacional competente, este año ha sido benigno pues “solamente” se quemaron 854.724 hectáreas, una cifra baja con relación a los últimos tres años. Pero esta visión nos hace normalizar un hecho que a todas luces debe preocuparnos por los cambios irreversibles de ese ecosistema altamente sensible. Es momento de tomar medidas estructurales y no solo esperar, como cada año, que las lluvias nos salven.
La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) sostiene que “el fuego es hoy, sin duda, una de las más grandes amenazas y de mayor daño sobre el Bosque Seco Chiquitano y está claramente vinculado a las actividades humanas” (https://www.fcbc.org.bo/9759-2/). Si bien hay años en que el fuego es más crítico debido a los factores climáticos y otros años más benigno, los factores estructurales que potencian la tormenta perfecta (vivida por ejemplo en 2019) cada año se profundizan.
Estos factores sobre los que podemos actuar, según el FCBC, pueden ser claramente identificados. Si bien el incremento de extrema sequía, fuertes vientos y altas temperaturas son impredecibles, también la intervención humana en el cambio de uso del suelo es parte central del problema ya que las tierras de producción forestal permanente son cada vez más invadidas por la ganadería y agricultura, utilizando prácticas de desmonte y “chaqueo” inadecuadas. Para esto, la aplicación de la Ley 741, la cual amplía el desmonte de 5 a 20 hectáreas en tierras con cobertura boscosa, y la aplicación del Decreto Supremo 3973 que autoriza el desmonte y las quemas controladas, han facilitado la fragmentación del bosque, incrementando así las probabilidades de quemas en las áreas abiertas y su potencial traspaso a los bosques.
A esto se suma un modelo de desarrollo cruceño basado en el monocultivo y la producción ganadera, que ha motivado el interés de inversión extranjera, principalmente del Brasil, que en algunos casos han conformado empresas de gran volumen y afectación. La infraestructura desarrollada para la exportación de carne vacuna es un claro reflejo de ello. A esto se debe sumar la expansión de las colonias menonitas y el incremento de asentamientos campesinos que impulsan prácticas de producción agrícola inadecuadas a las condiciones ecológicas de los ecosistemas tropicales secos.
Por último, pero tal vez de mayor importancia, se debe mencionar la insuficiente capacidad de control de parte de las autoridades a todos los niveles para evitar los asentamientos en tierras de producción forestal y los incendios ilegales, así como la deficiente respuesta institucional y la incapacidad de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para hacer frente a la magnitud de los incendios.
Parece que poco aprendimos de la pesadilla dantesca que vivimos en 2019, cuando se quemaron más de 5,3 millones de hectáreas. Frente a esto, cada vez se demanda con más fuerza establecer una pausa ecológica en el Bosque Chiquitano, e instituir estrategias de restauración y protección que consideren los medios de vida de las poblaciones que ya viven en el territorio. Solo así seremos fieles a nuestro acuerdo constitucional, que en su artículo 33 establece el derecho de las personas “a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado”, en armonía con otros seres vivos.
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