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BOLIVIA

Los retos de la Gestora Pública – Opinión Bolivia

El gerente de la Gestora Pública, Jaime Durán, garantizó este fin de semana la seguridad y fiabilidad del manejo de los aportes que confían los trabajadores al sistema de pensiones, e incluso fue más allá al comprometerse a mejorar los montos de las pensiones que reciben actualmente los jubilados.
Las rentas que perciben los jubilados son reducidas en comparación a los sueldos que reciben los asalariados activos, motivo por el cual los rentistas reclaman constantemente un mejor trato económico, con el argumento de que aportaron durante décadas para justamente asegurarse una “vejez” tranquila.
El monto máximo que percibe un jubilado en Bolivia bordea los 4.000 bolivianos, empero hay personas que reciben rentas tan bajas que no sobrepasan los 600 bolivianos, lo que, se entiende, no les alcanza siquiera para los alimentos de todo el mes y menos para el pago de servicios básicos, solo por citar algunas necesidades de esta población.
Por eso, además de garantizar el buen manejo de los aportes de los millones de aportantes y de los jubilados, la Gestora Pública deberá trabajar en un plan bien elaborado con el fin de mejorar sustancialmente las rentas de los trabajadores que ya no están activos, y no solo 2% como se adelantó, porque en los hechos miles reciben una miseria que no les alcanza para casi nada.
La mejor manera de mejorar las rentas de los jubilados es logrando un mayor rendimiento del dinero que cada rentista tiene en su cuenta del fondo de pensiones. Actualmente, las administradoras de Fondos de Pensiones logran una rentabilidad que no llega al 4%, cuando en los primeros años de vigencia de estas entidades sobrepasaba el 13%.
La Gestora Pública debe invertir el dinero de los trabajadores en instancias que paguen mayor rentabilidad, pero sin arriesgar estos recursos, es decir, en bonos, valores o depósitos a plazo fijo que no representen riesgo.
Cuando se conoció que, finalmente, la Gestora Pública asumiría la administración de los aportes de los trabajadores y el pago de las rentas a los jubilados, en varias organizaciones surgieron voces de alerta por el riesgo de que este dinero podría ser malversado.
Para despejar estas susceptibilidades, el gerente de la Gestora Pública señaló que la entidad está abierta al control social, pues la Ley 314 la compromete a realizar rendiciones de cuentas de manera periódica y que empresas externas realicen auditorías de los estados financieros.
Y para que se cumplan estos objetivos, la Gestora Pública deberá contratar a profesionales altamente calificados, porque es una tarea sumamente delicada, y que sean honestos debido a que administrarán los recursos económicos que los trabajadores aportan durante gran parte de su vida.
Opinión

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