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BOLIVIA

Octubre Negro: El mes de la conflictividad en Bolivia – La Razón (Bolivia)

Sunday 30 Oct 2022 | Actualizado a 05:16 AM
Sunday 30 Oct 2022 | Actualizado a 05:16 AM
Octubre Negro: El mes de la conflictividad en Bolivia
Por Gerson Rivero
/ 30 de octubre de 2022 / 05:14
El décimo mes del año trae tristes recuerdos de la historia política reciente del país.
Las jornadas de octubre de 2003 cambiaron el mapa político, desde entonces los grupos de poder tradicionales han sido marginados y hay un rol más protagónico de los movimientos sociales”. El texto corresponde a un informe de la oficina del Defensor del Pueblo en 2019, al conmemorarse 16 años de la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
El enunciado resultó una especie de Déjà vu, pues en ese octubre comenzaba la crisis política que pondría fin a la Presidencia de 13 años 10 meses y 20 días, de Evo Morales, materializada el 11 de noviembre.
Pero la conflictividad había comenzado el 22 de octubre, cuando el Comité pro Santa Cruz, liderado por Luis Fernando Camacho, impulsó un paro indefinido, que tuvo el desenlace mencionado.
El mes acabó con dos fallecidos por los conflictos, Mario Salvatierra Salvatierra (55) y Marcelo Terrazas Seleme (41), victimados el 30 en enfrentamientos sostenidos en Montero. Fue suficiente para que la prensa hable de un nuevo “Octubre negro”.
Y es que desde el original en 2003, cada vez que llegaba el décimo mes del año el ambiente político en Bolivia se ponía hostil. Así en 2006, que de por sí fue un año muy conflictivo debido a la realización de la Asamblea Constituyente, en octubre cobró notoriedad la demanda de Capitalidad Plena en el texto constitucional, de parte de la institucionalidad chuquisaqueña, que fue in crescendo hasta septiembre cuando se dieron los enfrentamientos en el puente La Calancha, que se saldaron con al menos tres fallecidos.
Dos años después encontramos un octubre más relajado, la calma después de la tormenta. La crisis de 2018, que el gobierno de Evo Morales calificó como “Golpe Cívico Prefectural”, fue una de las más duras. La toma de instituciones en los departamentos denominados de la ‘Media Luna’ (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) y la Masacre de Porvernir, que terminó con 15 muertos, 13 de ellos, campesinos y dos funcionarios de la Prefectura pandina.
En ese año, octubre fue el mes en el que se logró la pacificación tras un acuerdo entre el gobierno y el Conalde (Consejo Nacional Democrático), conformado por los prefectos y líderes cívicos opositores.
Esa paz relativa, pues el gobierno de Morales enfrentó conflictos durante todos sus mandatos, se quebró en 2011 con la oposición de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (Cidob) a la construcción de una carretera que atravesaba el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). El conflicto se fue agudizando y recibió adhesiones del arco político opositor y perdiendo a un histórico sector aliado como el de los indígenas del Oriente.
El punto máximo de la protesta se dio con la Octava Marcha Indígena por la Defensa del Territorio, la Vida y los Derechos de los Pueblos Indígenas, que partió hacia La Paz el 15 de agosto de 2011, misma fecha en que se inició la primera marcha en 1990.
La llegada a la sede de gobierno fue el 19 de octubre, en medio de una gran crispación y polarización política en la ciudad y todo el país.
Finalmente, la intervención del primer mandatario logró pacificar el movimiento, pero también se dio marcha atrás con la construcción de la polémica vía.
En 2018, octubre empieza con una noticia devastadora para Evo y para el país en general, la Corte Internacional de Justicia, más conocida como el Tribunal de La Haya, concluyó que “la República de Chile no contrajo la obligación de negociar un acceso soberano al mar para el Estado Plurinacional de Bolivia”.
A partir de ahí, el final de la era de Morales fue una crónica anunciada. La oposición lo acusó de haber hecho una mala representación de los intereses del país, e irónicamente el expresidente Carlos Mesa, que había acompañado a Morales como vocero oficial de la causa marítima, revivió políticamente para convertirse en su principal competidor en las elecciones generales de 2019.
Otra vez octubre. El 20 se llevaron a cabo las elecciones y no se conocieron los resultados hasta el 21, cuando la oposición con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció un posible fraude. Es allí donde surge la figura de Luis Fernando Camacho, que impulsa el paro indefinido, que duró 21 días, hasta la renuncia de Morales.
Sin embargo, el ambiente venía crispado de antes, teniendo su clímax el 4 de octubre de 2019, con un cabildo convocado en Santa Cruz, donde se anticipa que “no se reconocerá la victoria de Evo Morales en primera vuelta”, pues asumen que si eso se daba sería a causa de un fraude. Seis días después, sendas convocatorias en La Paz y Cochabamba ratificarían la misma postura.
Tras la caída de Morales vino el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, hoy detenida por asumir ilegalmente el poder. Luego de una serie de presiones, en medio de la pandemia del coronavirus, se convocaron a nuevas elecciones, que recayeron nuevamente en octubre, esta vez en el 18.
La victoria de Luis Arce Catacora con 55% de los votos por encima de Carlos Mesa (28%) y el advenedizo Camacho (14%), parecía devolver la calma al sistema democrático, pero la tensión se hizo presente los días posteriores a los comicios, cuando militantes opositores extremos se congregaron para denunciar nuevamente fraude electoral. Incluso llegaron a las puertas de la Octava División del Ejército, en Santa Cruz, estableciendo una vigilia para demandar a los militares que tomen el poder. El propio régimen de Áñez debió reconocer la victoria de Arce y preparar la transición para la asunción del nuevo mandatario.
En octubre de 2020 volvió el fantasma de la desestabilización. La Ley N° 1386 “Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo” fue el leitmotiv para que el 11 de octubre, con un paro de 24 horas, seguido de uno de 48 el 21 y 22, y uno indefinido en noviembre que duró nueve días, lleve al Gobierno a derogar dicho proyecto.
En 2022, cuando se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia el 10 de octubre de 1982, Bolivia se encuentra en un nuevo conflicto, esta vez por el Censo Nacional de Población y Vivienda. Ojalá sea un Octubre Gris y no llegue a Negro.
(*)Gerson Rivero es periodista de La Razón.

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Han pasado tres años de las elecciones fallidas de 2019. Contra lo que se cree, aún hay mucho por conocer.
El 20 de octubre se cumplieron tres años las elecciones fallidas de 2019. Por el bien de todos y contra lo que se cree, aún hay varios cabos sueltos que atar.
Por Iván Bustillos
Imagen: afp
/ 23 de octubre de 2022 / 06:48
Este jueves 20 de octubre se cumplieron tres años de la elección fallida de 2019. A propósito de esto, ese mismo jueves los expresidentes Carlos Mesa y Evo Morales se lanzaron nutridos tuits sobre la responsabilidad de cada quien en la crisis: “el 20 de Octubre de 2019 Evo Morales perpetró uno de los peores fraudes electorales de nuestra historia”, reiteró el primero; “historiador golpista y fracasado gonista”, que mintió “para ocultar su responsabilidad en el golpe de 2019”, retrucó el segundo. “Fraude” y/o “golpe” otra vez. Animal Político le ofrece esta vez una relectura de los hechos, acaso, desde distintas perspectivas o entradas en la cuestión. En la presente entrega, sugiere ver más aristas de la participación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la crisis, a partir del testimonio y reflexión de uno de los protagonistas de los hechos, el exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral de entonces, Antonio Costas.
Si antes se podía pensar cierta impericia, desconocimiento del sistema electoral boliviano por parte de la OEA, ahora Costas es categórico: hubo una intencionalidad de la OEA de incidir en el proceso electoral de octubre de 2019; en sus informes hubo sesgos, destaca.
Así, señala que como país no es impertinente que se pida a la OEA los cuadernos u hojas de trabajo de campo e informes de los auditores, pues hay suficiente evidencia para dudas razonables sobre la consistencia del Informe de la OEA de las elecciones de 2019.
“Mi primera impresión (sobre la labor de la OEA en las elecciones de 2019) fue que el trabajo de ellos fue superficial; esto lo manifesté en 2021; hoy, he cambiado esa impresión, mi impresión actual, que por eso creo que es importante que se conozca todo, es que fue absolutamente intencional”, destaca el ingeniero.
DESPRESTIGIO.
El cuestionamiento a la OEA retrocede hasta antes de 2019, asegura. Ve una sistemática actitud de desprestigiar al órgano electoral.
Años antes de las elecciones fallidas, el Órgano Electoral inició un proceso de acreditación para obtener el ISO Electoral, con asesoramiento de la OEA, cuenta.
“Nosotros, a través de la OEA, con financiamiento de la cooperación, hizimos un proceso de ordenamiento interno con miras a obtener el ISO Electoral”. Dicho proceso se inició casi tres años antes; lo llevaron con algunas dificultades, pero “se dio reimpulso los dos últimos años; se trabajó intensamente con personas acreditadas por la OEA, que habían trabajado antes en la acreditación de varios países”. Todo ese trabajo fue concluido en septiembre de 2019, un mes antes de la elección, cuenta Costas.
Y la OEA “nunca emitió el certificado, habiendo concluido todo el proceso de acreditación, con todas las auditorías; debía haber emitido el certificado previo a la proceso electoral de 2019”.
Esto, para Costas es la evidencia de un proceder inapropiado de la OEA con el Órgano Electoral: “Claro, ahora uno entiende que había una intencionalidad; al árbitro lo estaban dañando”, desvela.
Es en este contexto, dice Costas, que se debe entender la campaña de desprestigio que se dio contra el órgano electoral, ahora, “que también la instancia electoral colaboró con esa campaña, lo hizo; eso no hay que ocultarlo; pero empezamos a entender la intencionalidad de la OEA”, asevera el ingenierio; un “libreto” de “desvalorizar todo el proceso electoral” boliviano; todo, para impedir una nueva elección de Evo Morales. “Y las acciones así lo muestran”, insiste.
Y he aquí que el ingeniero sugiere revisar la gran piedra de toque del actuar de la OEA en 2019: la denuncia que hizo del “cambio drástico difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares” en su declaración del 21 de octubre de 2019.
“¿Existió cambio en la tendencia? Ellos dicen que sí, pero ¿en qué basan su criterio, para decir ‘hubo cambio’? Basan en lo siguiente: dejan de tomar en cuenta la publicación del TREP que se hizo al 84 %, y que con una regresión simple, un pronóstico simple podía encontrarse un resultado que iba a ser superior a 10 (por ciento, entre el candidato ganador, Evo Morales, con respecto al segundo, Carlos Mesa).
“Y asume como verdadera la cifra que obtuvo Vía Ciencia (única empresa encuestadora autorizada por el TSE) en su conteo rápido y también su ejercicio estadístico (de la OEA); se aparta del TREP y dice: para nosotros es válido lo que dice Vía Ciencia, y lo que dice su propio conteo. Absolutamente sesgado”, señala Costas.
DETALLE.
Como alto funcionario del órgano electoral, aunque ya había renunciado dos días antes, Costas revela un detalle poco conocido hasta ahora: “Yo me reuní con la Misión de Observación el día jueves; el martes presento mi renuncia, y el jueves me reúno con ellos. Y les llevé un estudio que hice sobre 13 mil actas, en el que hacía el análisis de caja negra, y se comparaba el acta del TREP con el acta del cómputo, ya computadas y publicadas, y no habían diferencias. Entonces, les digo: ‘cómo van a sostener ustedes, con ese muestreo que han hecho (lo del cambio drástico). Entonces, lo que ustedes dijeron esa noche es imprudente’, les dije.
Y les dejé mi estudio, que ya luego recogieron mis familiares porque yo ya estaba detenido”, relata.
Respecto al conteo rápido propio que tuvo la OEA, fue reconocido por el organismo en el “Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA” (MOE) del 23 de octubre de 2019, cuando señala que “los datos preliminares presentados por el TSE coincidían con los resultados del ejercicio estadístico realizado por la Misión y con los dos conteos rápidos que se conocieron: el de la empresa Vía Ciencia y el de la alianza Tu Voto Cuenta”.
Pero he aquí que está sembrada la duda, afirma Costas. Citando investigaciones periodísticas de diciembre de 2019, Costas sostiene que ya hubo denuncias de que la Misión de Observación de la OEA “forzó” sus propios ejercicios de conteo para sostener que la diferencia entre Morales y Mesa no era de 10 por ciento, sino menos.
“La OEA suele jactarse de la eficiencia del sistema que utiliza porque obtiene resultados muy parecidos a los oficiales, pero esos números siempre se mantienen en secreto. En este caso, la muestra seleccionada integró mesas urbanas y rurales sabiendo que se trataba de un territorio complejo en un país en el que existen dos países, con diferencias al interior del voto rural, entre oriente y occidente”, relata la investigadora Alejandra Dandan del sitio web El cohete a la luna (https://www.elcohetealaluna.com/mision-cumplida/).
“El primer resultado del ejercicio dio una diferencia superior a 10 puntos a favor de Evo Morales. Esto nunca ha sido reconocido por la OEA. El organismo tampoco contó que cuando conoció la proyección no estuvo conforme con los datos hallados. Y realizó una serie de ejercicios forzando la muestra, hasta obtener un resultado similar al que a esa hora difundía una consultora con datos que señalaban una diferencia de apenas 4 por ciento a favor de Morales”, destaca Costas de la publicación en internet.
Pero ‘se trata de una investigación periodística’, acaso cuestionen quienes no estén de acuerdo, reconoce Costas. Pero, precisamente esta es la razón para que la OEA se abra a esclarecer el tema.
MUESTRA.
“Nosotros, como país, queremos saber. Muéstrenos este ejercicio de muestreo que hicieron. A través de las instancias que correspondan, necesitamos conocer los papeles de campo de estos observadores electorales que hiceron esta muestra, que procesaron esta muestra y encontraron que el resultado superaba el 10 %, como es lo que nosotros (como órgano electoral) hemos encontrado para la Transmisión (el TREP) y el cómputo oficial, que en todos los casos supera el 10 %”, reclama el exvocal electoral.
Costas afirma que la OEA tuvo este resultado antes de la interrupción del TREP, “o sea la OEA tuvo ese resultado antes; entonces, cuando sale y hace el comunicado (del cambio drástico) responde al libreto”, insiste.
Ahora, el exvicepresidente del TSE no deja de llamar la atención acerca del exceso en que cayó la OEA en sus dos declaraciones, del 21 y 23 de octubre de 2019, del “carácter invasivo, intervencionista” del organismo.
En su primer informe preliminar, del 21 de octubre, la MOE de la OEA dio por hecho la segunda vuelta, pues en su lectura la tendencia era esa; fue peor en su informe del 23 de octubre, cuando antes que concluya el cómputo oficial, la OEA se permitió advertir, que si el porcentaje de distancia entre el MAS y CC era apenas unas décimas sobre 10 %, había que ir a la segunda vuelta, por lo mínimo de la diferencia. Esto abiertamente iba contra la Constitución (que en el punto, dice que triunfa en primera vuelta el candidato que superando 40 % gane al segundo con al menos 10 % de diferencia; no dice 10,2 o 10,7, etc.).
La MOE de la OEA evidentemente se estaba extralimitando en sus funciones, porque estaba condicionando su reconocimiento de la elección a lo que ella creía la distancia razonable entre el primero y el segundo, y toda su estimación del resultado de la elección la hacía con base en un sistema de conteo rápido preliminar, sólo informativo y no vinculante.
“El 23 de octubre, la OEA asume una postura política en consonancia con la oposición al afirmar, en el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral, que tenía que convocarse a segunda vuelta (…) De manera inverosímil, una misión electoral recomendaba una ‘opción’ política antes de que concluya el recuento oficial de votos”, decía entonces el sociólogo Fernando Mayorga.
(Continuará…).
El Hallazgo 3 del Informe de Análisis de Integridad Electoral de la OEA, emitido en diciembre de 2019, destaca que “la deficiente cadena de custodia no garantiza que el material electoral no haya sido manipulado y/o reemplazado”. Como se sabe, lo más sensible de dicho material electoral sobre todo eran los “Sobres de seguridad y acta de escrutinio y cómputo”, pues en ellos iba el resultado de la mesa de sufragio, del recinto electoral hasta el centro de cómputo.
El Hallazgo 3 instaló la sospecha de que en el traslado el material pudo haber sido “manipulado y/o reemplazado”. El ingeniero Antonio Costas, entonces vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), elaboró una estadística acerca del tiempo en que fueron llegando los sobres hasta los respectivos centros de cómputo en cada departamento.
Según se ve en la gráfica adjunta, de los diez lugares que hubo para las elecciones de 2019 (los 9 departamentos más el del exterior), en cuatro (Oruro, Tarija, Pando y el Exterior) la recepción fue del 100 % hasta el 21 de octubre, el día siguiente de la elección.
Luego, en tres departamentos (Cochabamba, Santa Cruz y Beni) los sobres llegaron por completo el 22 ; es decir, 48 horas después del sufragio.
Después, en 2, La Paz y Potosí, los sobres estuvieron en resguardo en su totalidad el 23 de octubre; quedando sólo Chuquisaca para el 24, cuatro días después de la elección.
Ahora, como también se puede notar, no deja de ser llamativo el dato del porcentaje de entrega de los sobres el mismo día de la elección, el 20 de octubre: de los diez centros de en que se reunieron los sobres, en seis (Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Pando y el Exterior) los sobres llegaron en más del 50 %. Y, sin duda, el mejor ejemplo de rapidez de recepción del material electoral es Cochabamba, que el mismo 20 de octubre ya tenía en resguardo 81,63 de las actas. Si Potosí se mantuvo con bajo porcentaje los dos primeros días, fue por los disturbios que hubo en la ciudad.
(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Ante la segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro, los brasileños están con la razón pesimista, pero la voluntad optimista.
Por Boaventura de Sousa Santos
/ 23 de octubre de 2022 / 06:37
En diciembre de 1929, Antonio Gramsci escribió en la prisión a la que había sido confinado por el fascismo italiano: “No crean que me siento derrotado. Lejos de eso. Una persona que está fuertemente convencida de su fuerza moral, de su energía y voluntad y de la necesaria coherencia entre fines y medios nunca se deja abatir por estados de ánimo banales de optimismo o pesimismo. Mi estado de ánimo es una síntesis de estos dos sentimientos y los trasciende: mi razón es pesimista, pero mi voluntad es optimista. Sea cual sea la situación, me imagino lo peor que puede pasar y eso es lo que moviliza toda mi voluntad y reservas de energía para evitar que eso suceda y superar cualquier obstáculo”.
Me imagino a los demócratas brasileños en este momento como un Gramsci colectivo. Los imagino pensando para sí mismos lo que pensaba Gramsci en 1929 y reaccionando de la misma manera. Veamos, pues, dónde reside el pesimismo de la razón y dónde están las reservas de energía para el optimismo de la voluntad.
El pesimismo de la razón se deriva de los siguientes factores. En primer lugar, cuesta entender que, tras casi 700.000 muertos por COVID, muchos de ellos evitables si no fuera por la criminal negligencia del gobierno, del regreso masivo del hambre que parecía erradicada, de la degradación abisal del sistema científico y educativo, del desastre ambiental y humano producido intencionalmente en la Amazonía, del agravamiento de las desigualdades sociales y de las condiciones laborales y las sucesivas masacres de la población de la periferia, todavía es posible que 51 millones voten por Bolsonaro. Todo eso en democracia y cuando había una alternativa que traía consigo la memoria aún reciente de tiempos mejores, una memoria que era también una presencia exuberante encabezada por alguien que regresaba incólume del infierno al que había sido condenado injustamente para certificar que lo peor había pasado.
En segundo lugar, a pesar de todo esto, el ciclo de regresión conservadora y reaccionaria está lejos de agotarse y revela que se ha pegado a la piel de las prácticas sociales como un nuevo sentido común colonialista, racista y sexista. Consiste básicamente en enfrentar víctimas contra víctimas como una forma de desviar la atención sobre los verdaderos opresores. Manipula con eficacia la religiosidad popular, una religiosidad que siempre fue la fortaleza en los peores momentos y que, en otros tiempos, en lugar de paralizante y conformista, fue germen de inconformismo y resistencia.
En tercer lugar, aunque a Brasil, por su enorme tamaño, le cuesta imaginar que algún país o movimiento extranjero pueda afectarlo decisivamente, lo cierto es que la extrema derecha global, que hoy tiene en Estados Unidos sus mayores recursos financieros y tecnológicos, ve en Bolsonaro un instrumento estratégico para mantener su visibilidad internacional y facilitar el regreso de Donald Trump. Para la extrema derecha mundial, la segunda vuelta de las elecciones brasileñas son las primarias de las elecciones estadounidenses de 2024. He llamado la atención sobre las actividades de Atlas Network, financiadas inicialmente por los hermanos Koch, magnates estadounidenses reaccionarios. Hoy cuenta con 500 instituciones asociadas en 100 países para promover su ideología ultraneoliberal. Fueron importantes en el reciente rechazo al proyecto constitucional de Chile que pretendía acabar con la Constitución del dictador Pinochet y están muy activos en Brasil.
Pero Brasil, como colectivo Gramsci, no permite que ninguno de estos factores de pesimismo de la razón afecte su optimismo de la voluntad. Tal optimismo reside en imaginar lo peor que puede pasar si no se detiene pronto el ciclo conservador y en valorar lo mejor que ya se puede detectar en plena avalancha reaccionaria. No necesito detenerme en imaginar lo peor, pero es importante relacionar lo peor con sus verdaderas causas. Es necesario mostrar que los grandes prosélitos de la lucha contra la corrupción son quizás los más corruptos. También es necesario mostrar que la victoria de Bolsonaro apunta a eliminar la última institución democrática que hasta ahora no ha podido neutralizar, el Supremo Tribunal Federal (STF). Seguirá el ejemplo de Donald Trump y Viktor Orbán.
En cuanto a la valorización de lo mejor, de lo que en el presente augura un futuro prometedor, bastará destacar la fuerza de la contracorriente en la primera vuelta. Lula da Silva, con la mayor votación de la historia en una primera vuelta; la elección con casi un millón de votos del político más carismático y popular después de Lula, Guilherme Boulos; la llegada al Congreso de cinco líderes indígenas (casi todas mujeres), de las cuales la más destacada y prometedora es Sônia Guajajara; la memoria democrática que está presente en el alma brasileña cuando elige políticos y políticas que tanto contribuyeron a dar dignidad y cuerpo al espíritu de la democracia y la justicia, desde Eduardo Suplicy hasta Luiza Erundina y Marina Silva; la voluntad de ampliar la inclusión y la justicia social a las diferentes sexualidades eligiendo a Duda Salabert y Erika Hilton.
El optimismo de la voluntad no puede confundirse con la voluntad del optimismo. Tiene que traducirse en una acción alegre, constante y sin descanso en la familia, en los bares, en el trabajo, en las redes sociales, en las calles y en las plazas. De lo contrario, la indolencia de la voluntad será la razón que falta al pesimismo de la razón.
(*) Traducción de José Luis Exeni Rodríguez
(*)Boaventura De Sousa Santos es Doctor en Sociología (*)

El décimo mes del año trae tristes recuerdos de la historia política reciente del país.
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Este 10 de octubre, 40 años de democracia, fue sin duda un día para reflexionar y valorar lo que tenemos.
Por Héctor Arce Zaconeta / 16 de octubre de 2022

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Por Luciana Jáuregui J / 16 de octubre de 2022
Cualquier esfuerzo estatal por industrializar los recursos naturales es una aspiración totalmente válida.
Por Luis Paz Ybarnegaray
/ 23 de octubre de 2022 / 05:33
Alarma escuchar juicios de valor como “se terminó el ciclo económico del gas generado con las reformas liberales”, “el MAS despilfarró la renta gasífera del país” y “en pocos meses no existirán reservas internacionales”; aludiendo a que el marco legal previo a la nacionalización de 2006 fue el que posibilitó el boom económico del gas en Bolivia, argumentando que la renta del gas habría sido despilfarrada en gasto corriente y que con ello las Reservas Internacionales Netas (RIN) estarían muy cerca de desaparecer.
Nada más alejado de los hechos reales y visibles, porque la nacionalización de los hidrocarburos recuperó el control y administración de la industria en sus diferentes fases y se firmaron nuevos contratos con las empresas internacionales, invirtiendo la relación de ganancias a favor del Estado boliviano. Todo ello, permitió incrementar sustancialmente los ingresos estatales por concepto de utilidades e impuestos a los hidrocarburos. Basta con mencionar que el Estado percibió $us 50.000 millones por renta petrolera en 16 años y que el proceso de nacionalización de los hidrocarburos tuvo un costo para el Estado de $us 764 millones por la compra de acciones capitalizadas negociadas y derivados de los laudos arbitrales.
Estos excedentes del gas fueron canalizados a la economía interna a través de inversión pública destinada a infraestructura (carreteras y caminos), área social (hospitales y escuelas) y desarrollo productivo (producción y tecnología); generando un efecto multiplicador y una dinámica interna pocas veces vista en el país, logrando incrementar sustancialmente el PIB en pocos años. A saber, la inversión pública ejecutada entre los años 2006 y 2021 alcanzó $us 47.531 millones, cifra similar a la renta petrolera percibida en el mismo periodo.
Del total de la inversión estatal ejecutada entre 2006 y 2021: $us 18.362 millones fueron destinados a infraestructura, $us 13.663 millones al área social y $us 13.541 millones fueron exclusivamente inversión productiva; en otras palabras, un 28% de la inversión pública ejecutada fue esencialmente de carácter productivo. Con este enorme esfuerzo en inversión estatal, se incidió positivamente en el crecimiento de la producción nacional; el PIB de 2006, que fue de $us 11.521 millones pasó a ser $us 40.703 millones en 2021; en otras palabras, la producción nacional se cuadriplicó en dieciséis años.
Bajo este enfoque desarrollo progresista, el orden macroeconómico es tan importante como la estabilidad social; por ello, los excedentes de la industria del gas contribuyeron y contribuyen a financiar la inversión en educación, salud y vivienda y al sostenimiento de bonos destinados a elevar el consumo de la población más vulnerable (ya sea en dinero o bienes de origen nacional); contribuyendo a que un gran porcentaje de bolivianos salga de la pobreza y se aminoren las desigualdades en la sociedad boliviana. Vale decir, como resultado de este conjunto de políticas, alrededor de dos millones de bolivianos salieron de la pobreza en el periodo 2006-2021 y actualmente más de siete millones de bolivianos se sitúan en la población de ingresos medios.
Respecto a las reservas internacionales, en efecto éstas han descendido desde el año 2014, por una combinación de factores como la reducción en volumen y precio de las exportaciones de gas natural (es decir, por una menor demanda de gas por parte de Brasil) y por el crecimiento de las importaciones (que presionan la balanza comercial). Por ello, es importante mencionar que en 2021 la balanza comercial cerró con un superávit de $us 1.471 millones, lo que supuso menor presión sobre las reservas internacionales y mostró esfuerzos en el proceso de diversificación de exportaciones.
A saber, las reservas internacionales netas disminuyeron de $us 15.123 millones en diciembre de 2014 a $us 4.312 millones en septiembre de 2022; se trataría del nivel más bajo en 16 años. No obstante, las medidas de ampliación de operaciones con oro por parte del BCB han logrado estabilizar las reservas internacionales al alrededor de los $us 4.000 millones; monto que supera en meses la importación y cobertura de deuda externa de corto plazo, cumpliendo con los parámetros aceptados internacionalmente. Al respecto, en septiembre de 2022 la Calificadora de Riesgo Fitch Ratings calificó el “riesgo país” de Bolivia en ‘B’ (con perspectiva estable) señalando entre otras cosas que, si bien las RIN se encuentran bajo presión a la baja, éstas se habrían estabilizado en comparación a años previos.
Por su parte, la política de estabilidad cambiaria orientada al mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda nacional (que ha contribuido exitosamente a los objetivos de controlar la inflación y a una mayor utilización del boliviano) se constituye en otro factor que puede presionar a la caída de las reservas internacionales, siempre y cuando genere desalineamientos del tipo de cambio real; fenómeno que no ha sucedido hasta el momento.
En síntesis, se puede decir que el manejo estratégico de las reservas internacionales como colchón de seguridad ha permitido sobrellevar crisis de liquidez en el transcurso de los últimos 16 años. Asimismo, la agresiva política de inversión pública, como pilar en la expansión de la demanda agregada, ha llevado a superar la crisis del año 2020 y ha podido reactivar la economía.
Finalmente, es importante señalar que cualquier esfuerzo estatal por industrializar los recursos naturales estratégicos (como el gas o ahora el litio) es una aspiración totalmente válida que debe contar con el apoyo permanente de la sociedad en su conjunto.
Un proceso de industrialización propio frenaría cualquier tentación interna o presión externa por delegar la administración o el control de las empresas estratégicas a empresas internacionales; es decir, la única forma de romper el ciclo de privatizaciones y nacionalizaciones es precisamente construir una industria competitiva con aporte de capital mayoritariamente estatal. Para ello, es imprescindible invertir en investigación y desarrollo científico, en la adquisición de tecnología de punta, el contar con recursos humanos especializados, en conseguir socios estratégicos y cumplir objetivos claros en generación de valor agregado a corto, mediano y largo plazo.
 (*)Luis Paz Ybarnegaray es economista.

Reseña del nuevo libro del sociólogo cochabambino Fernando Mayorga, ‘Transiciones’.
Por Luciana Jáuregui J / 16 de octubre de 2022

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Por Boaventura de Sousa Santos / 23 de octubre de 2022

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Por Iván Bustillos / 23 de octubre de 2022
Cuatro mitos sobre la Reforma Agraria que el estudio de Carmen Soliz Urrutia desmantela acertadamente.
Por Rossana Barragán
/ 23 de octubre de 2022 / 05:05
El libro Campos en Revolución. Reforma Agraria y formación del Estado de Bolivia 1935-1964, de Carmen Soliz Urrutia, reposiciona 1952 en el panteón de las grandes revoluciones en América Latina; al hacerlo, la autora revoluciona nuestras visiones y perspectivas. Su análisis desmantela, una tras otra, algunas verdades que se han tenido como asumidas. Para empezar, da fin a las visiones “fúnebres” (lo dijo en una entrevista) e hipercríticas como “réquiem” para una reforma agraria, o los epítetos de revolución o reforma “inconclusa”, “traicionada” y “derrotada”. Aunque es difícil de sintetizar la magnitud de la investigación, es posible vislumbrar algunos de sus mayores aportes a través de cuatro mitos desmitificados.
Primer mito. Que los campesinos se beneficiaron de una medida desde arriba y desde el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que expropió tierras imponiendo un modelo individual de posesión que benefició a una masa de campesinos, sellando, a partir de entonces, su lealtad incondicional y clientelar. Esta perspectiva, con mayores y menores matices, se encontraría en una amplia literatura desde los 50 hasta hoy: desde Richard Patch, Hans Buechler, Jorge Dandler, James Malloy, pasando por los trabajos de los 80 del THOA (Taller de Historia Oral Andina) y Silvia Rivera, Estaban Ticona, Roberto Choque o Waskar Ari, mucho más recientemente.
En contra de esa mirada, Soliz Urrutia plantea que la Reforma Agraria estuvo en gran parte, y durante décadas, en manos de los propios campesinos, de tal manera que el MNR tuvo escaso control. ¿Cómo fue esto posible? Primero, porque los campesinos forzaron la distribución de la tierra más allá de la agenda establecida por el MNR y del propio decreto de Reforma Agraria. Las autoridades estatales terminaron así expropiando propiedades productivas e, incluso, propiedades medianas y pequeñas. Segundo, porque los campesinos desafiaron exitosamente los criterios establecidos para definir la expropiación, que suponía una indemnización, y que en los hechos no hubo ninguna. Tercero, porque los sindicatos agrarios tuvieron la potestad de definir y liderar el proceso de distribución de la tierra.
Segundo mito. Que el término y concepto de Reforma Agraria no tuvo durante largas décadas el sentido unívoco de distribución de tierras. A pesar de que Tristan Marof hubiera escrito Tierra para el Pueblo, el libro demuestra que el término Reforma Agraria enunciaba cosas distintas. Durante los 40, los partidos nacionalistas y de izquierda entendían el término como regulación de las condiciones de trabajo. En otras palabras, era difícil concebir un programa de expropiación. Y aquellos que sí abogaban por ella, no podían exponer cómo realizarla, dada su gran envergadura: definir cuántas propiedades pasarían por el proceso; los mecanismos de compensación, quiénes y cómo pagarían y, finalmente, cuáles serían los procedimientos para la distribución. El POR, por ejemplo, sostuvo que en lugar de conceder tierras a campesinos individualmente, el Estado debía crear granjas colectivas, transformando a los colonos y comunarios en proletarios bajo el paraguas de la administración estatal.
Tercer mito. Que el MNR promovió un sistema de tenencia de la tierra basado en la pequeña y mediana propiedad, buscando erosionar tanto las formas de organización colectiva de las comunidades indígenas como los sistemas tradicionales de autoridad, representando el MNR uno de los esfuerzos más consolidados de las élites para modernizar y occidentalizar a la población indígena de Bolivia.
Soliz Urrutia desmonta esta interpretación de innumerables maneras, desde lo más elemental hasta lo más complejo. Elemental como señalar que el propio Decreto Ley de Reforma Agraria reconoció la “comunidad indígena” y que entre sus objetivos se encontraba no solo el expropiar tierras a los grandes latifundistas, sino también, y aún más, “restituir a las comunidades indígenas las tierras usurpadas por los terratenientes desde 1900”. Carmen reintroduce, por tanto, la lucha de la red de Apoderados Indígenas en la propia revolución de 1953, demostrando que reconquistaron algunas de las tierras por las que habían luchado.
Cuarto mito. Que los sindicatos fueron una imposición occidental, pero que, además, logró convertir a los antiguos pongos de la tierra en pongos políticos del MNR. Soliz Urrutia demuestra que los sindicatos fueron parte de una demanda que comenzó en 1938 y que la organización de cientos de sindicatos sería la expresión no de la fuerza del MNR, sino de los campesinos. Pero, además, los sindicatos agrarios de base mantuvieron un sistema de elección de autoridades que seguía el sistema andino de rotación, lo que demuestra también el propio sello de las formas indígenas de representación política.
Campos en Revolución devuelve a la Reforma Agraria lo que en realidad significó: la enorme conquista de tierras para cientos de colonos y comunarios a partir de 1953, proceso minimizado y hasta tergiversado en la historiografía.
Campos en revolución plantea que el proceso fue definido desde las bases, por las fuerzas comunales y laborales, aunque el MNR tuvo éxito controlando la narrativa oficial sobre la Reforma Agraria, presentándola como moderada, técnica y legal, especialmente en la esfera internacional. Se trata de un aporte ineludible.
(*) Parte de la presentación del libro Campos en Revolución. Reforma Agraria y formación del Estado de Bolivia 1935-1964, de Carmen Soliz Urrutia, efectuada por la autora del artículo en La Paz.
 (*)Rossana Barragán R. es historiadora (*)

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El cabildo, el paro sin fin que se viene en Santa Cruz, están poniendo a prueba la solidez y perspectiva de esta otra élite cruceña liderada por Luis Fernando Camacho
Por Pablo Deheza y Gerson Rivero
Imagen: LA RAZÓN ARCHIVO
/ 16 de octubre de 2022 / 07:07
En noviembre de 2019, la revista Globo de Brasil envió a la periodista Janaina Hirst a Santa Cruz de la Sierra. En ese momento, la irrupción de Luis Fernando Camacho en la política boliviana les parecía un ‘Déjà Vu’ de lo que había pasado con Jair Bolsonaro unos años antes. Hirst detallaba el uso de la imaginería religiosa (la Virgen, la Biblia, el rosario, el Cristo, etc), el discurso anticomunista, el liderazgo mesiánico y la reivindicación conservadora como señales inequívocas de un ‘bolsonarismo’ en ciernes.
Han pasado tres años, una elección nacional y otra subnacional que lo sitúa como gobernador de Santa Cruz.
En el trayecto, una serie de acciones y situaciones que quedarán entre la historia y el anecdotario. Sin embargo, hoy por hoy la coyuntura lo mantiene al frente, nuevamente, de la principal oposición del Gobierno. Esta vez el adversario ya no es Evo Morales, sino Luis Arce Catacora. No es el mismo escenario de 2019, pero se recurre al mismo método: un paro cívico indefinido. Los vaivenes para llegar a esta situación, entre las posturas de uno y otro lado, han resaltado el carácter intransigente del Gobernador cruceño y algunos analistas ya empiezan a hablar del “camachismo” como en algún momento se habló del “banzerismo”.
Aunque la trayectoria de Camacho no llega aún ni a la décima parte del expresidente Hugo Banzer, los paralelismos se dan por el discurso político conservador, su origen de clase y regional, ambos de Santa Cruz; además, por la presencia de algunos personajes en su entorno vinculados en su momento a Banzer o a Acción Democrática Nacionalista (ADN), como el exministro de Gobierno Guido Náyar, la familia Matkovic o su propio padre, José Luis Papi Camacho, señalado como paramilitar durante la dictadura banzerista.
Sin embargo, también hay diferencias que hacen que el ‘camachismo’ sea, hoy por hoy, un fenómeno para estudiar. “A diferencia de la Falange o ADN, el camachismo no tiene proyección nacional”, sostiene el exministro y exrector Reymi Ferreira. “Termina siendo un fenómeno muy local, urbano, un fascismo aldeano que no llega a tener ni siquiera una construcción ideológica”, resume.
El exsecretario de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, lo precisa como un resabio de los sectores tradicionalistas de Santa Cruz.
“Son herederos del tradicionalismo cruceño, que intenta rearticular un modelo, con sus luces y sus sombras, afectado por la modernización, la migración, e incluso por el proyecto político de Demócratas (de Rubén Costas), que era más abierto. De ahí que esta élite se sienta desplazada”, señala Peña. “A eso, sumemos la asunción del MAS, que desplaza a la vieja élite cruceña de la toma de ciertas decisiones. Por ejemplo, antes del MAS, sea quien sea el partido de gobierno, estaba claro que el ministro de Agricultura, Desarrollo Rural, o como se denomine la cartera, tenía que venir del sector agroindustrial cruceño. Con el MAS eso cambió”, explica.
Cuando hablamos de una élite cruceña regionalizada, sin mirada nacional, el politólogo Luis Andia se remite al periodo de la Revolución Nacional gestada en 1952 como un parteaguas.
“Antes del 52, la élite cruceña coordinaba con las élites minero feudales del occidente. Cuando llega el MNR y destruye estas oligarquías, la élite cruceña se mantiene tal cual, mientras que las del occidente se comienzan a adecuar a la modernidad”, explica Andia. “El nacionalismo revolucionario nunca llegó al poder en Santa Cruz, aunque sí llegó a las bases. De hecho, los partidos tradicionales nunca pudieron establecer una fuerza como tal a nivel local, cuando tenían que tomar decisiones sobre Santa Cruz, tenían que negociar directamente con las élites”, rememora el analista.
Esta prevalencia de la élite cruceña, según coinciden todos los consultados se ve interpelada, irónicamente, con el crecimiento del departamento y, sobre todo, del área metropolitana.
El llamado “Modelo de Desarrollo Cruceño” no podría existir sin la participación de miles de migrantes que llegan a cultivar la tierra, trabajar en la construcción, administrar el comercio y hasta el transporte público y privado.
Resulta contradictorio que los discursos conservadores y de rechazo sean contra los migrantes, pero a la vez resulta un elemento aglutinador para la base política de Creemos, el partido creado por el ‘camachismo’.
Calificativos como el de “avasalladores”, “malagradecidos” o “traidores”, o frases recurrentes que refuerzan el criterio de la ‘otredad’, “si no les gusta se pueden ir”, “los nacidos y no nacidos en esta tierra” o “tienen envidia de esta tierra bendecida”, son muy utilizadas, sobre todo en las redes sociales, pero también en ciertos discursos. El más extremo tal vez fue el del presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, cuando, llamó “bestias humanas” a campesinos que bloqueaban una carretera en la Chiquitanía.
El politólogo Dorian Zapata hace notar que pese a ser un fenómeno local, es también un signo de los tiempos y volvemos al ejemplo inicial de esta nota, el ‘bolsonarismo’. Pero también el ‘trumpismo’, el ‘macrismo’ o la aparición de ‘outsiders’ de ultraderecha en Latinoamérica como Antonio Kast, en Chile o Javier Milei, en Argentina.
En Europa también se vive una ola de extrema derecha coronada con la reciente victoria de Giorgia Meloni en Italia, pero con otros triunfos en Suecia, Hungría o Polonia, además de otros fenómenos electorales como Vox en España o Marine Le Pen, en Francia.
“En un estudio del que estoy participando, hemos visto que en el mundo hay muchas incertidumbres que generan respuestas del estómago. En la pandemia (del coronavirus) se vio bastante. En el ‘camachismo’ se ve mucho de ese fenómeno global: política de identidad, defensa de valores religiosos, conservadores y patriarcales”, enumera el politólogo.
“Sin embargo, lo que me parece un factor nuevo es la irrupción de las iglesias evangélicas”, hace notar.
Las páginas de redes sociales de diferentes ministerios religiosos evidencian esta afirmación. Por ejemplo, uno de las más influyentes, la del apóstol Marcelo Salas, un atleta, exluchador profesional convertido en pastor cristiano, realizaba una oración todas las jornadas, durante los 21 días que duró el paro cívico de 2019 que concluyó con la salida del poder de Evo Morales.
En cada video, relacionaba un pasaje bíblico con el movimiento político que finalmente derrocaría a Morales.
En el cabildo previo a las elecciones de 2019 que desembocarían en la crisis, Salas posteó lo siguiente: “Después del Cabildo. ¿Cuál es el siguiente paso? Más allá de todas las resoluciones emitidas en el Cabildo, necesitamos mantenernos unidos en la oración porque en esta lucha nuestro mejor aliado es Dios”.
Luego, instruyó que sus fieles realicen una oración que culminaba de la siguiente manera: “A ti entregamos Dios todopoderoso el presente y el destino de esta nación, reconocemos que de tu mano vamos a derrotar la corrupción, la violencia, el temor y la injusticia. Creemos y confesamos que este 20 de octubre, tú levantas un nuevo gobierno. En el nombre de Jesús. Amén.!!” (sic).
Este apoyo explícito sobrepasa las diferencias religiosas, pues si bien Salas es evangélico, Camacho se asume como católico y durante sus intervenciones lleva un rosario y también en sus intervenciones durante los cabildos de 2019 era secundado por la imagen de una Virgen, dos símbolos característicos de la Iglesia de Roma.
A eso se suma que los cabildos son convocados al pie de la estatua de El Cristo, y los discursos se dan en el Atrio Papal, construido para la llegada del papa Francisco en 2015.
Dorian Zapata aclara que este componente religioso va acompañado de un factor tecnológico que es el ecosistema de las redes sociales.
Técnicamente, tiene un denominativo en inglés, ‘Echo chamber’, que traducido al castellano sería una ‘cámara de eco’. “Todo este mecanismo definido por los algoritmos permite reforzar el discurso pensado por una élite. Es una herramienta muy poderosa que la puede utilizar cualquiera”, concluye.
Todas las características mencionadas se aplican al liderazgo de Luis Fernando Camacho, con la salvedad de que su atrincheramiento en Santa Cruz parece aumentar. Incluso, según Reymi Ferreira, “es cada vez más urbano, con poca raigambre en las provincias y definitivamente sin conexión con lo nacional”.
No obstante, el departamento de Santa Cruz se prepara para un paro cívico indefinido, alentado por el ‘camachismo’, por encima de las dudas de la institucionalidad cruceña agrupada en la Comisión Impulsora del Censo, por encima del alcalde Jhonny Fernández, de la Asociación de Municipios (Amdecruz), el empresariado y, por supuesto, del propio Gobierno nacional.
Es una incógnita si logrará doblar la mano del Gobierno, que parece apostar a esta pulseta para determinar la real correlación de fuerzas en el país en las calles.
En sus diferentes discursos, sobre todo en septiembre, Camacho ha resaltado “la capacidad del pueblo cruceño” de “doblegar al centralismo”. Repitió siempre que pudo las “victorias políticas logradas (a) base (de) protestas” desde Santa Cruz, como la elección de alcaldes en los 80 y de gobernadores ya en este siglo, las regalías petroleras y hasta la renuncia de Evo Morales en 2019.
Si el ‘camachismo’ prospera o avanza solo el tiempo lo dirá.
La realización del Censo en 2023, como quiere la institucionalidad cruceña, se ha convertido en el punto de discordia principal de una nueva crisis política en el país. En un momento en el que el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, iba perdiendo popularidad y credibilidad, la demanda del Censo, secundada por la institucionalidad cruceña a través de la denominada Comisión Impulsora del Censo, ha vuelto a poner en situación de expectativa al líder de la agrupación política Creemos.
Camacho venía de romper su alianza con la UCS, el partido del alcalde Jhonny Fernández, mucho antes del quiebre definitivo entre ambos líderes a causa de las diferencias por la lucha en la demanda del Censo.
El Gobierno central dejó en evidencia su baja ejecución presupuestaria y la ausencia de obras visibles le valió las críticas incluso de disidentes de su tienda política. Además, dos casos de corrupción se ventilan en los juzgados, involucrando a funcionarios cercanos a su entorno en la Gobernación.
El caso más notorio es el de su exsecretario de Salud, Fernando Pacheco, que se encuentra prófugo, tras una denuncia de malversación de fondos del su secretaría.
Asimismo, el director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Alejandro Soljancic, se encuentra detenido por una denuncia de la compra irregular de un carro bombero.
Quedan seis días para que se venza el plazo dado por la Comisión Institucional para que el Gobierno abrogue el Decreto Supremo 4760, que dispone la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda para 2024. Si no, se viene un paro cívico indefinido, en una Santa Cruz, por ahora, dividida.
Según Reymi Ferreira, puede haber dos escenarios desde la perspectiva de la élite cruceña. “Primero, que obtengan su demanda y el Censo se adelante; y segundo, provocar un desgaste, sobre todo económico, a la gestión de Luis Arce, que les permita estar en igualdad de condiciones”.
(*)Gerson Rivero y Pablo Deheza Son periodistas de La Razón

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