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BOLIVIA

¿Qué hacer con los comités cívicos? – La Razón (Bolivia)

Sunday 4 Sep 2022 | Actualizado a 17:36 PM
Sunday 4 Sep 2022 | Actualizado a 17:36 PM
¿Qué hacer con los comités cívicos?
Por Wim Kamerbeek Romero
/ 4 de septiembre de 2022 / 17:35
Comités, posibles lugares de democracia directa desde instituciones independientes. Para el debate.
Casi tres años después de la crisis de octubre y noviembre de 2019, los comités cívicos no tienen el mismo protagonismo de entonces. Con excepción del Comité pro Santa Cruz, que desde el 25 de julio de este año ha paralizado Santa Cruz varios días. Eso sí, como en 2019, las demandas regionales se enfrentan al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y, de nuevo, muestran un país dividido en varias demandas, entre coyunturales e históricas, por la postergación por dos años del Censo que debía llevarse a cabo en 2022.
Pero la política en Bolivia tiene otro componente que a veces se confunde o pasa por alto: el de la gobernabilidad en lo nacional y subnacional. Considero que en Bolivia corre un concepto errado sobre democracia, que se enfoca demasiado en elecciones, que se orienta demasiado a los poderes ejecutivos —repito, sin importar lo nacional o lo subnacional— y que solo agranda la brecha entre gobernantes y gobernados. Con consecuencias quizás demasiado obvias: mal gobierno, corrupción, poca rendición de cuentas, poca confianza política y, más importante, puntos de referencia social sumamente debilitados. Aquí, los comités cívicos podrían ser una salida; con algunas consideraciones.
Entendamos a los comités cívicos como movimientos sociales que interpelan al Estado por demandas regionales y articulan a sectores urbanos, aunque lo rural también forma parte. Podríamos distinguir dos referentes, los movimientos regionales cruceño y potosino. Mientras el primero se forma con el Comité pro Santa Cruz en 1950 (y se activa en las luchas por el 11% de regalías hidrocarburíferas hacia 1957), el segundo se institucionaliza hacia la década de los 70, como producto del cambio de polos de desarrollo en el país, con el Plan Bohan de 1949.
El movimiento cruceño tiene un referente en 1904, con el “Memorándum de 1904. Dirigido al H. Congreso y a la Nación sobre las ventajas del ferrocarril oriental”, que es la base ideológica para la creación de instituciones como el “Comité de Obras Públicas”, la “Corporación Regional de Desarrollo” y, más importante, el Comité pro Santa Cruz; mientras que el movimiento potosino se forma porque el modelo de Estado de 1952 utiliza los excedentes de la minería potosina para fortificar el desarrollo del país —no reinvierte ese excedente en Potosí— y luego consolida un modelo de Estado que no beneficia a regiones periféricas como la potosina.
Si bien son movimientos regionales casi paralelos, revelan diferencias enormes: ambos abogan por un modelo de Estado, pero de tonos distintos. El cruceño aboga, sobre todo, por un “modelo autonómico” —a veces por la descentralización, federalismo o bien, independencia—, donde la planificación económica es nuclear; mientras que el movimiento regional potosino es sobre todo “estatista”, en el sentido de que si bien confronta al Estado nacional, demanda mayor reinversión y presencia estatal. Al mismo tiempo, el movimiento cruceño tiene un fuerte énfasis en la identidad cruceña y está articulado a partidos políticos; el potosino, en cambio, además de estatista, tiene una composición notablemente popular, donde juntas vecinales y mineros son protagonistas.
Desde el MAS y la izquierda se dice con frecuencia que el movimiento regional es conservador, mientras que, al otro lado, los comités cívicos son entendidos como espacios de resistencia frente al Estado (o bien, centralismo). Ambos son concepciones que irían en perjuicio del movimiento regional como tal, pero lo peor, para la democracia. Primero, lo que está implícito en el movimiento regional es una democracia de tipo directa. Segundo, que, si se trata de una democracia directa, se trata de deliberación y consenso, pero también de un contrapoder. Sin embargo, hay distintas formas de democracia directa, y uno de los peligros para la democracia directa es el énfasis en el colectivismo, es decir, que el consenso esté sometido a un “todo mayor”. Benjamin Barber, en Un marco conceptual: política de la participación lo advierte: si la democracia representativa tiene la debilidad de alienar la voluntad política, la autonomía y el autogobierno, a través del sufragio; una democracia directa en la que el individuo y sus intereses estén sometidos a una colectividad simbólica, deriva en conformismo social y subordina la participación política a una abstracción impersonal. O sea, una democracia directa fuerte y participativa —que es una contrademocracia en vez de un pedido por abolir la democracia representativa como tal— permite la autonomía política, individual y/o grupal, a través de un proceso continuo de participación ciudadana, de autolegislación continua, que deja que el individuo, por su libertad, ejerza su ciudadanía plenamente.
Tanto en El buen gobierno como en Democracia y desconfianza, Pierre Rossanvallon explica esto de la contrademocracia y la autoinstitución de la sociedad. En principio, la democracia es institucionalización de la confianza pública que, al mismo tiempo, es la expresión social de una desconfianza, lo que el autor llama “tensión democrática”. Y la respuesta a esta tensión se da por dos vías: a través del sufragio y de los poderes indirectos (poderes diseminados en el cuerpo social que ejercen vigilancia, prevención y juicio sobre lo público). Por otro lado, Rossanvallon explica que la democracia representativa termina inevitablemente en la “presidencialización de las democracias”, que es igual a que lo que entendemos como democracia es en realidad una “democracia de autorización”: poderes ejecutivos que centralizan decisiones sobre otros poderes, y que anulan o debilitan los puntos de referencia sociales.
El caso boliviano se asemeja más a una “democracia de autorización” que a una “democracia de apropiación”, que Rossanvallon especifica también como “democracia de confianza”, donde la confianza pública se restablece por la transparencia, la responsabilidad política, por un gobierno interactivo, la veracidad y la integridad. Es decir, uno en el que la democracia representativa conviva con una democracia directa participativa, que no fomente la cooptación y respete la autonomía política.
Entonces, ¿qué papel podrían jugar los comités cívicos para salvarnos de la “democracia de autorización”? Con reformas, el de instituciones independientes que se preocupen por el funcionamiento democrático, por el buen gobierno, y por el control ciudadano; existen experiencias previas. Si Bolivia quiere salir de la desconfianza pública y apuntar a un mejor gobierno, la democracia directa desde instituciones independientes es la salida, y seguramente los comités cívicos podrían jugar un papel protagónico en esto.
 (*)Wim Kamerbeek R. es politólogo

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Creía que el sistema era reformable y que el socialismo era posible, pero sus reformas fueron inconsistentes.
Por Martín Baña
/ 4 de septiembre de 2022 / 17:34
El 30 de agosto murió a los 91 años el exlíder soviético que impulsó las reformas que, sin proponérselo, acabarían con la Unión Soviética. Hijo del XX Congreso que buscó la desestalinización y considerado un kraiStavrópol, se dio cuenta de que las cosas no funcionaban, pero su plan no tuvo la coherencia ni la energía necesarias para salvar al sistema nacido en 1917 y transformado profundamente por el estalinismo.
Mijaíl Sergueievich Gorbachov nació el 2 de marzo de 1931 en un hogar campesino de Privólnoe, una aldea del krai Stavrópol, al sudoeste de Rusia y cerca del Cáucaso. Sus primeros años se vieron sacudidos por la colectivización, la gran hambruna y las purgas. De hecho, sus dos abuelos fueron enviados al gulag —los campos de trabajo forzado soviéticos—, experiencia que dejó una fuerte marca en el pequeño Mijaíl. Luego de la Segunda Guerra Mundial se unió al Komsomol y permaneció allí hasta 1952. Sus orígenes campesinos y la obtención durante esos años de la Orden de la Bandera Roja del Trabajo le abrieron las puertas de la Universidad Estatal de Moscú, donde estudió la carrera de abogacía.
Entre sus enormes aulas y pasillos conoció a Raísa Titarenko, una estudiante de Filosofía. Ambos se casarían en 1953, siendo aún estudiantes. Ya egresado en 1955, Gorbachov regresó a su región natal para ocupar el cargo de primer secretario del Comité del Komsomol de Stavrópol y, luego pasar a ser el primer secretario del Partido en esa ciudad. No era raro verlo llegar a las aldeas caminando —algo impensado para un apparatchik—, conversar con los campesinos e interiorizarse sobre sus problemas. Hacia 1970 ya había escalado al puesto de primer secretario del Partido del krai de Stavrópol, cargo que lo convirtió automáticamente en miembro del Comité Central. Para fines de esa década retornaría a Moscú para ingresar al Secretariado en 1978 y al Politburó en 1980. Por ese entonces era uno de los miembros más jóvenes del organismo: tenía 49 años (…).
A diferencia de varios de sus colegas del Politburó, Gorbachov era un shestidesiatnik, término que podría ser traducido como sesentista y que era ampliamente usado para hacer referencia a parte de la generación que se volvió social y políticamente activa durante la década de 1960 y que recreó, participó y compartió una particular versión de la tradición de la intelliguentsia rusa, cuestión que estudió Ludmila Kochetkova.
Si por cuestiones generacionales la gerontocracia se había iniciado en la carrera burocrática cuando Stalin todavía estaba en el poder, Gorbachov, en cambio, había comenzado su camino durante el proceso de desestalinización y transformación iniciado por Nikita Jrushchov a comienzos de los años 60. Como miembro de esa generación, se consideraba un genuino marxista y creía que gracias a la introducción de ciertas reformas existía aún la posibilidad de construir un verdadero comunismo.
El problema era la persistencia de los herederos de Stalin, como los llamó Evgueny Evtushenko en su famoso poema de 1962. “Lo atacan desde la tribuna pero por la noche sueñan con sus tiempos”, denunciaba el poeta, mostrando que aún seguían presentes aunque no lo dijeran abiertamente. El impacto que había tenido la lectura del Informe Secreto en los jóvenes sesentistas había sido muy positivo: para quienes ya conocían parte de la verdad del estalinismo, la denuncia de sus crímenes durante el Congreso era una prueba fehaciente de la voluntad a renunciar a la mentira y buscar un cambio verdadero (…).
Cuando Gorbachov asumió el poder en 1985 nadie dudaba de que la Unión Soviética era un sistema que había institucionalizado las diferencias sociales, en el que los miembros de la nomenklatura ocupaban la posición dominante. Tampoco había dudas de que el sistema se encaminaba hacia una crisis profunda si no se realizaban reformas con una relativa celeridad, sobre todo en el campo de la economía. Gorbachov, como antes Yuri Andrópov, lo sabía, y sus primeras medidas apuntaron a remover el país del adormecimiento generalizado. Ese plan terminó conociéndose como perestroika.
En el discurso del secretario general, sin embargo, el proyecto se presentaba no solo como un intento por promover una serie de reformas que mantuvieran con vida a la Unión Soviética sino también, y sobre todo, como un intento de alcanzar los objetivos originales de 1917. Quería dejar en claro dos cosas: que el sistema era reformable y que el socialismo era posible. Pero sus reformas adolecieron de coherencia, se mostraron erráticas y resultaron inconsistentes. En ese contexto, muchos miembros de la élite percibieron cierto desconcierto. Temerosos de que esa situación escalase, algunos comenzaron a defender el viejo sistema y boicotearon cualquier tipo de iniciativa. Otros, por el contrario, buscaron sacar provecho de las herramientas promovidas por Gorbachov no tanto para reformar el sistema sino para, directamente, desmantelarlo. Desde el seno de la elite surgiría una coalición procapitalista que prepararía el camino para la transición hacia una economía de mercado. Los nuevos capitalistas serían los viejos comunistas (…).
Los líderes de las repúblicas soviéticas —y los otros desertores del reformismo de la nomenklatura que los secundaban— estaban decididos a dejar atrás el pasado socialista para abrazar con ansias el futuro capitalista. No estaban solos: detrás de ellos venían economistas entusiastas, intelliguenty desorientados y emprendedores exitosos, todos parte de los grupos privilegiados de la sociedad soviética. Pero el accionar de la elite política fue decisivo para dar el paso.
Una reconversión de la vieja elite comunista a una de nuevo tipo capitalista produciría un cambio de mando pacífico y sin enfrentamientos violentos que tendría sin embargo enormes consecuencias no solo para el viejo espacio soviético sino para todo el mundo. Gorbachov había querido retocar el sistema para acercarlo a sus objetivos iniciales, pero sus reformas —que se guiaron por el viejo modelo instrumental y burocrático del Partido— abrieron la puerta para desmantelar un sistema sin poder reemplazarlo por otro en el corto plazo, como apunta Stephen Cohen. Ahora estaba solo y le quedaba una única opción: el 25 de diciembre firmó su renuncia como presidente y la Unión Soviética se desvaneció en el aire para siempre.
Nota: este artículo es un extracto del libro Quien no extraña al comunismo no tiene corazón. De la disolución de la Unión Soviética a la Rusia de Putin (Crítica, Buenos Aires, 2021).
(*) Tomado de la Edición Digital de Nueva Sociedad. Agosto 2022.
 (*)Martín Baña es doctor en Historia, argentino (*)

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Hoy Chile decidirá si ingresa o no a la narrativa del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano.
Por Farit Rojas Tudela
/ 4 de septiembre de 2022 / 17:33
Hoy, domingo 4 de septiembre, el pueblo chileno participa, de manera inédita, a través de un referendo, en la aprobación o rechazo de su proyecto de Constitución. Se trata de un texto elaborado por la Convención Constituyente chilena conformada por 155 convencionales elegidos por voto popular en mayo de 2021. La nueva Constitución chilena podría caracterizarse, en caso de aprobarse, como parte del llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano.
Los profesores españoles Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau caracterizan al Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (NCL) como el fenómeno en el que se ha dado una radical aplicación de la teoría democrática de la Constitución. Las constituciones del NCL son producto de procesos políticos complejos, en los que se recupera la preocupación por la legitimidad democrática de la Constitución. Se trata de textos constitucionales que surgen en el extrarradio de la academia, producto más de las reivindicaciones de movimientos sociales que de los profesores de Derecho Constitucional. Para los profesores españoles el NCL comenzó con el proceso constituyente colombiano (1990-1991), maduró en el venezolano (1999) y alcanzó su madurez con la Constitución ecuatoriana (2008) y con la Constitución boliviana (2009). Sería de esperar que la Constitución chilena constituya un estadio más en el desarrollo y construcción del NCL.
Las constituciones del NCL se caracterizan por ser largas. La Constitución ecuatoriana, por ejemplo, consta de 444 artículos y 30 disposiciones transitorias, y la de Bolivia, de 411 artículos y 10 disposiciones transitorias (además de una disposición abrogatoria). El proyecto de Constitución chileno posee 388 artículos y 57 disposiciones transitorias. Es un texto constitucional extenso, con un derecho transitorio destinado a amoldar la situación jurídica precedente a las nuevas normas de la nueva Constitución.
Generalmente esta extensión se debe a que las constituciones del NCL se caracterizan por largos catálogos de derechos; por ejemplo, la Constitución boliviana extiende su catálogo de derechos fundamentales del artículo 13 al 107, es decir, casi un centenar de artículos dedicados a los derechos fundamentales. Algo similar sucede con el proyecto chileno: la parte dedicada a los derechos y sus garantías alcanza a casi un centenar de artículos (del 17 al 113), aunque, como sucede con la Constitución boliviana, existen, fuera de ese catálogo de derechos estructurado, el reconocimiento de otros derechos que podríamos llamar derechos constitucionales. En el caso de Bolivia, por ejemplo, la declaración del agua como un derecho fundamentalísimo se encuentra en el artículo 371. El proyecto de Constitución chilena también considera al agua un derecho humano y lo desarrolla en un apartado especial denominado Estatuto de las aguas (artículos 140 al 144).
Estos extensos catálogos de derechos constituyen, en el entendimiento de profesores como Rodrigo Uprimny y Boaventura de Sousa Santos, rasgos de un constitucionalismo transformador, y es que, en el estilo de la Constitución ecuatoriana, la chilena aborda una serie de nuevas caracterizaciones de los derechos, en particular al señalar que la naturaleza es sujeto de derechos. El artículo 103 del proyecto de Constitución chilena señala: la naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia. Asimismo, dice en el artículo 1, el que abre el proyecto de Constitución: la igualdad sustantiva de los seres humanos es indisoluble de su relación con la naturaleza; ello permite asumir, en el artículo 8, la categoría del buen vivir, entendida como la interdependencia entre personas, pueblos y naturaleza como un conjunto inseparable.
Otra de las características del NCL, en particular respecto a las constituciones ecuatoriana y boliviana, es la declaración del Estado como plurinacional. La Constitución ecuatoriana lo establece en su artículo 1: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional, y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”. La Constitución boliviana señala algo similar, también en su primer artículo: “Bolivia se constituye en Un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”. Y el proyecto de Constitución chilena en su artículo 1 afirma que “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”.
Cabe señalar que Ecuador, Bolivia y, en caso de aprobarse su proyecto, también Chile, son estados plurinacionales además repúblicas, pues desarrollan de manera clara la separación entre Estado, por un lado, y forma de gobierno, por otro. La Constitución boliviana señala la forma republicana de gobierno en su artículo 11.
Entonces, junto con los extensos catálogos de derechos, se encuentra la declaración constitucional de Estado Plurinacional; esto va de la mano con el reconocimiento del derecho a la libre determinación de pueblos indígenas, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Cabe recordar que es la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de pueblos indígenas, adoptada el 13 de septiembre de 2007, la que reconoce el derecho a la libre determinación (selfdetermination) de los pueblos indígenas (artículo 4 de la Declaración), lo que permite el derecho a que los pueblos indígenas puedan ser considerados naciones indígenas (artículo 9 de la Declaración).
Esta relación entre los derechos fundamentales que encontramos en los textos constitucionales con los instrumentos internacionales de derechos humanos, es también una característica del NCL. La Constitución boliviana lo señala expresamente en la categoría de bloque de constitucionalidad (artículo 410), que dice que este bloque está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. En una idea similar, el proyecto de Constitución chilena en su artículo 15 afirma que los derechos y las obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario en la misma materia forman parte integral de esta Constitución y gozan de rango constitucional.
En consecuencia, es muy difícil cuestionar a las constituciones del NCL como textos que restringen derechos, aunque es lógico que la garantía de los mismos depende de la puesta en práctica institucional.
Este domingo 4 de septiembre Chile decidirá si aprueba o no su nuevo texto constitucional e ingresa o no a la narrativa del NCL.
(*)Farit Rojas T. es abogado, docente de la carrera de Derecho de la UMSA

Para Bolivia tiene especial interés conocer el proceso constituyente chileno; he aquí una necesaria reflexión crítica. 
Por Iván Bustillos / 21 de agosto de 2022

Es falsa la dicotomía ‘masista vs. cruceño’, como si el cruceño no pudiera ser masista y el masista, cruceño.
Por Gabriel Villalba P / 21 de agosto de 2022

El autogobierno no puede ser lo que ahora se denomina Autonomía Iindígena Originario Campesina.
Por Wilder Molina Argandoña / 21 de agosto de 2022
La Ley de la Coca, la polarización política, la asamblea vs. elecciones y la administración del mercado, los nudos a desatar. 
Que un sector diga no al ‘mercado paralelo’, y otro diga sí, y punto, de ambos lados, expresa factores más de fondo del quiebre de la comunidad cocalera yungueña
Por Iván Bustillos
Imagen: RODWY CAZÓN
/ 28 de agosto de 2022 / 17:21
El jueves 25 de agosto fue emblemático del grado de irresolución que ha alcanzado el conflicto cocalero de los Yungas: nuevamente los convocados, Freddy Machicado y Arnold Alanes, confirmaron su asistencia a la reunión con el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales; a menos de 10 minutos de ingresar, el primero en irse fue Machicado; luego de que su acompañante rompiera ante las cámaras un papel, reiterando que “lo ilegal no se negocia”, Machicado directamente recriminó al ministro: “No somos intransigentes, pero sí vamos a pedir a las autoridades ¡carajo! que se ordenen” , o sea, que si el Gobierno quiere hablar con él, que lo haga en otro horario al de una cita con Alanes; con ese “sujeto”, como acostumbra llamarlo, no tiene nada que hablar. Luego salió Alanes, que más bien ironizó: “Han perdido en cancha. Yo le invito a don Freddy Machicado que se sumen a esta organización, lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Que ya no se fije en la plata, que ya no cuide su bolsillo”.
El propósito indeclinable de unos es cerrar el “mercado paralelo”; el de los otros es su decisión indeclinable de mantenerlo abierto. Estas posiciones irreconciliables expresan desacuerdos y tensiones, ciertamente irresolubles, desde hace al menos cinco años. He aquí un repaso de estos nudos.
UNO. Aunque las autoridades estatales hoy digan que la división cocalera “es un asunto privado”, bien que tuvo que ver en su origen: la Ley 906 General de la Coca, promulgada el 8 de marzo de 2017. Este mismo suplemento, en julio de 2016 daba cuenta del descontento que había entre los dirigentes yungueños ante el anuncio de Evo Morales de incrementar la extensión del cultivo legal de 12.000 a 20.000 hectáreas, pero con la división de 12.000 en los Yungas, 1.000 en Caranavi y 7.000 para el trópico de Cochabamba. Esto desde La Paz se veía como un puro favorecimiento a Cochabamba, pues, señalaba el dirigente de Adepcoca de entonces, Gerardo Ríos, de 3.500 hectáreas en el Chapare, ahora se doblaría su extensión, y para los Yungas se disponía mantener sus 12.000 de siempre. Como se sabe, la Ley 906 al final dispuso 22.000 hectáreas legales en total: 14.300 para el departamento de La Paz, y 7.700 para Cochabamba.
Pero la herida ya estaba abierta. Como testimonia la periodista Daysi Poma, directora de radio La Asunta, “el problema empezó en 2017, con la aprobación de la Ley General de la Coca; generó un descontento, un malestar, sobre la distribución de las hectáreas para el Trópico y para los Yungas. No estaban de acuerdo (los dirigentes), pero habían sido parte de las comisiones para elaborar esa ley”.
Vista la Ley 906 como una agresión por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) y los cocaleros del Trópico, en respuesta a la misma empezaron a formarse los llamados Comités de Autodefensa, y a radicalizarse en 2018, cuenta Poma. Esto explica el antimasismo yungueño, y que hoy día se enfoca contra Alanes “afín al MAS”.
DOS. Como en el país, en los Yungas también se impuso la polarización MAS-Anti-MAS. Al margen de que los protagonistas se declaren o no partidarios de una corriente política, son hechos significativos:
– El 28 de agosto de 2018, la Justicia determinó enviar al entonces ejecutivo de Adepcoca a la cárcel de San Pedro, con prisión preventiva, debido a la muerte de un policía en La Asunta. El 14 de noviembre de 2019, a solo 48 horas de empezar la presidencia transitoria de Jeanine Áñez, Gutiérrez fue liberado, luego de haberse declarado “preso político” del MAS.
– El 31 de julio de 2019, Elena Flores, luego de ser electa por un sector de Adepcoca, encabezó la toma del centro de salud de la institución, para, dijo, ejercer su gestión desde allí, pues el mercado de Villa Fátima en ese momento estaba en manos de otro sector. En marzo de 2020, durante el régimen de Jeanine Áñez, Flores fue detenida por la referida toma.
– A fines de septiembre de 2021, luego de ganar unas elecciones en urnas, el 4 de septiembre, aunque cuestionadas en sus procedimientos, y tras tomar la sede de Villa Fátima, Arnold Alanes es reconocido por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Es desde este momento que ante las autoridades del Estado, en papeles, Alanes es el presidente ‘legal’ de Adepcoca, un hecho que permanentemente señala el dirigente.
TRES. Otro nudo ciertamente irresoluble es la pugna entre las prácticas de democracia interna que encarnan Machicado y Alanes. El cocalero Alanes reivindica que fue electo por las urnas en septiembre de 2021; elecciones que sus adversarios descalifican por no haber sido representativas. “Nosotros somos pues la directiva legal de Adepcoca, ellos son elegidos de un cabildo, una montonera en la calle”, defiende Alanes el proceso electoral por voto que en reiteradas ocasiones se trató de llevar adelante.
En cambio, el dirigente Machicado reivindica la “asamblea como la máxima autoridad” de Adepcoca para constituir su directorio: “De ahí sale este directorio; de acuerdo al Estatuto que tiene nuestra institución, tomando en cuenta el párrafo primero, que (dice que) “la asamblea es la máxima autoridad deliberante dentro de nuestra organización”, enfatizó el dirigente en declaración a radio Panamericana la anterior semana.
El problema con la asamblea es que en Adepcoca se ha convertido más en un acto de fuerza que de representación. Todas las fuentes coinciden en que Adepcoca representa a por lo menos 42.000 productores cocaleros yungueños, y hasta ahora no hubo una sola asamblea que los reúna; es cierto, se aplica la asamblea de representantes de las comunidades, pero aun así este mecanismo de decisión siempre estará en cuestión por la cantidad de gente que cada dirigente logrará reunir.
En un breve repaso de esta confrontación de usos democráticos, la periodista Poma de radio La Asunta cuenta lo que pudo ver:
“El problema empezó cuando Franclin Gutiérrez se ratificó con una minoría de socios, 1.000-1.500 en una asamblea (del 16 de marzo de 2018), cuando el estatuto dice que una ratificación debe ser aprobada con 50% más uno”, lo que significaría más de 21.000 socios presentes.
A fines de agosto de 2018, a raíz de la erradicación forzosa llevada a cabo entonces, con la muerte del teniente Daynor Sandóval en una emboscada en los Yungas, Gutiérrez fue detenido por supuestamente haber sido el autor intelectual del crimen; le sucedió en el cargo Armin Lluta. Pero éste, enfatiza la comunicadora Poma, era “producto de un Comité de Autodefensa, no de una asamblea como tal”.
En julio de 2019, cuenta la periodista, “hubo un momento en que se llegó a una tregua, se les pidió que declinen y que ambos grupos coloquen sus mejores candidatos, y que se vote mediante urnas; ha habido disposición de parte de Elena Flores, pero no así de Armin Lluta. Igual siguió el proceso electoral y ganó con una aplastante mayoría Arnold Alanes”.
CUATRO. Una controversia que hace muy difícil la reconciliación entre Machicado y Alanes es la administración del mercado; este es el verdadero fondo de la pelea, coinciden la comunicadora Poma y el secretario de Relaciones Internacionales de la CSUTCB, Omar Ramírez; mientras Poma habla de al menos 500.000 bolivianos al mes, el dirigente de la Única, a la que, por lo demás, está afiliada Adepcoca, no duda en señalar casi un millón mensual de ingresos del mercado de Villa Fátima.
Para dar un idea de los ingresos de Adepcoca por el actual mercado, Alanes en entrevista con La Razón Radio, da cuenta: “En Villa Fátima hay diferentes cobros; tiene más de 36 puestos de venta, de comideras y otras cosas, y cobran alquiler de 1.000 bolivianos mensual; aquí (en Villa El Carmen) no se cobra nada; otra diferencia, allí cobran carnet de productor o transferencias (de documentación), cobran 1.000 bolivianos, aquí es 300”. En Villa Fátima también existe el cobro de “guía”, una suerte de permiso, “con ese cobro, que nosotros no cobramos, allí, con ese cobro de 20, deben recaudar alrededor de 100.000 bolivianos (al mes)”.
Ahora, lo dice quien lo ha vivido, el dirigente de la CSUTCB Omar Ramírez, que también es cocalero yungueño, directamente acusa: “La economía que mueve Adepcoca, a los socios productores de los Yungas de La Paz, quien les habla es un socio más, no llega ni un solo centavo al socio productor, ni un solo panetón para fin de año; entonces, nosotros los productores, la dirigencia de la CSUTCB estamos muy preocupados por esta situación”.
Irresoluble el conflicto, en las actuales condiciones. La directora de radio La Asunta, Daysi Poma, que vivió y vive de cerca este conflicto, sin embargo, se permite una sugerencia: “Tal vez una salida salomónica por el momento sería que ambos mercados funcionen, porque ninguno de ellos se siente cómodo con el otro, ni la gente de Alanes con Machicado ni viceversa; momentáneamente, para que se calmen los ánimos, cedan los radicales y al final se encuentre el camino a la unidad y la paz”.
 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

Comités, posibles lugares de democracia directa desde instituciones independientes. Para el debate.
Por Wim Kamerbeek Romero / 4 de septiembre de 2022

Haciendo un balance del proceso, los beneficios superan ampliamente sus costos.
Por Omar Velasco Portillo / 21 de agosto de 2022

Creía que el sistema era reformable y que el socialismo era posible, pero sus reformas fueron inconsistentes.
Por Martín Baña / 4 de septiembre de 2022
Un giro clave: del paradigma de explotación ilimitada de los recursos naturales a uno de justicia social y ecológica.
Por Boaventura de Sousa Santos
/ 28 de agosto de 2022 / 17:20
Durante los últimos cien años se ha hablado mucho acerca de transiciones entre tipos de sociedad y entre civilizaciones, y se han construido muchas teorías de la transición. Según el antropólogo francés Maurice Godelier, la transición es la fase particular de una sociedad que encuentra cada vez más dificultades en reproducir el sistema económico y social en el que se funda y comienza a reorganizarse sobre la base de otro sistema que se convierte en la forma general de las nuevas condiciones de existencia. Las transiciones más estudiadas en las ciencias sociales fueron las siguientes: de la edad media a la edad moderna, del feudalismo al capitalismo, del capitalismo al socialismo, de la dictadura a la democracia. En las últimas décadas, con el colapso de la Unión Soviética, las transiciones del socialismo de tipo soviético al capitalismo han sido muy estudiadas. Los signos de los tiempos nos obligan a pensar en dos tipos de transición aún poco estudiados: la transición de la democracia a dictaduras de nuevo tipo; y la transición de época del paradigma moderno de explotación ilimitada de los recursos naturales (la naturaleza nos pertenece) a un paradigma que promueve la justicia social y ecológica, tanto entre los humanos como entre los humanos y la naturaleza (nosotros pertenecemos a la naturaleza). La primera transición apunta a una profunda crisis de la democracia, mientras que la segunda apunta a la profunda crisis de los modelos de desarrollo económico- social que han dominado en los últimos cinco siglos. Son transiciones de signo opuesto porque, si se consuma la primera transición, es difícil imaginar que pueda ocurrir la segunda. Es bueno tener esto en cuenta, pues quien aspire a que se produzca la segunda transición tiene que luchar para que no ocurra la primera. Voy a explicar por qué.
La crisis de la democracia. El modelo de capitalismo que hoy domina es cada vez más incompatible con la democracia, incluso con la democracia de baja intensidad en la que vivimos, una democracia centrada en democratizar las relaciones políticas y dejar que sigan imperando los despotismos en las relaciones económicas, sociales, raciales, etnoculturales y de género. Me refiero a la prioridad de los mercados sobre los Estados en la regulación económica y social; la mercantilización de todo lo que puede generar ganancias, incluidos nuestros cuerpos y mentes, nuestras emociones y sentimientos, nuestras amistades y nuestros gustos; relaciones internacionales dominadas por el capital financiero y los súper ricos. El crecimiento global de las fuerzas de extrema derecha es el síntoma más visible de la profunda crisis de la democracia. Pero hay otros: la facilidad con que la guerra de la información impide el pensamiento y suscita emociones que incitan al conformismo y pasividad ante los opresores o a la rebelión contra los falsos agresores; la elección recurrente de gobernantes mediocres incapaces de gobernar y de pensar estratégicamente; el contrarreformismo conservador de los tribunales y la impunidad de los poderosos; la creación artificial de un ambiente de crisis permanente cuyos costos recaen siempre sobre las clases sociales más vulnerables; y el comportamiento de los partidos de extrema derecha que cuanto más antidemocráticos y violentos son, más suben en las encuestas. No se puede excluir la posibilidad de que el empeoramiento de la crisis socioeconómica lleve al colapso de las instituciones democráticas. Lo que sucedió en Sri Lanka el pasado 9 de julio es una advertencia perturbadora: descontenta con el costo de vida y el colapso de la economía, la multitud invadió el palacio presidencial y el presidente, incapaz de resolver los problemas del país, huyó al exterior. La desfiguración de la democracia es cada vez más evidente. Teniendo como objetivo original garantizar el gobierno de las mayorías en beneficio de las mayorías, la democracia se está convirtiendo en un gobierno de minorías en beneficio de las minorías. Si al comienzo de la invasión de Ucrania se hubiese realizado una encuesta a la opinión pública europea sobre la continuación de la guerra o la negociación inmediata de la paz, estoy seguro de que la respuesta a favor de la paz sería abrumadoramente mayoritaria. Sin embargo, ahí está la continuidad de la guerra con su innegable y, hasta ahora, única certeza: los grandes perdedores son el pueblo ucraniano y los demás pueblos europeos. Nada de esto sucederá en vano. Será bueno señalar de entrada que fueron los gobiernos más autoritarios (Hungría, Turquía) y los partidos de extrema derecha los que menos entusiasmo mostraron por el vértigo bélico y antirruso que los neoconservadores norteamericanos lograron imponer en Europa a través de una guerra de información sin precedentes. Así es como el imperialismo norteamericano, en nombre de la democracia, promueve la autocracia.
Las nuevas dictaduras que se anuncian en el horizonte no prohíben la diversidad política partidaria, más bien eliminan la diversidad ideológica entre las diferencias partidarias. No eliminan la libertad, la reducen a un menú de libertades autorizadas. No hostilizan el ejercicio de la ciudadanía, inducen a los ciudadanos a hostilizarlo o a serle indiferente. No reducen la información, la aumentan hasta el agotamiento por la repetición siempre igual y siempre diferente de lo mismo. No eliminan la deliberación política, hacen que la deliberación sea tanto más dramática cuanto más irrelevante, dejando las “verdaderas” decisiones a cargo de entidades no democráticas, ya sean Bilderberg, Google, Facebook, Twitter, BlackRock, Citigroup, deep state, etc.
La crisis ecológica y el extractivismo. Las regiones del mundo que más intensamente sufren la crisis ecológica son África, algunas islas del Pacífico y algunos países del sur de Asia (Bangladesh), pero donde más se ha discutido al respecto es en Europa y América Latina. Ante la actual ola de calor y sus consecuencias, el Secretario General de la ONU declaró recientemente que la humanidad se enfrenta a una elección existencial: “O acción colectiva o suicidio colectivo”. Ya a fines de mayo de 2020, la temperatura al norte del Círculo Polar Ártico alcanzó los 26 grados centígrados. Un poco más al sur, en Siberia —esa región del mundo que se usa como referencia de algo muy frío—, las temperaturas alcanzaron los 30°C. En 2020, el hielo oceánico glacial del Ártico experimentó la mayor disminución jamás registrada en solo un mes. Entretanto, se está construyendo un nuevo continente, el continente de los plásticos en pleno Océano Pacífico, que se extiende desde California hasta el archipiélago de Hawái. Durante muchos miles de años, los seres humanos se han concentrado en las regiones tropicales y templadas de la Tierra. Si continúa el ritmo actual de calentamiento global, entre 1.000 y 3.000 millones de personas quedarán en los próximos 50 años fuera del nicho climático donde se concentra actualmente la mayor parte de la población mundial: la parte sureste del continente asiático. Uno de los países más gravemente afectado por las inundaciones asociadas a los monzones es Bangladesh, con cerca de una cuarta parte de su territorio inundado, situación que afecta a más de cuatro millones de personas.
La injusticia ambiental es hoy una de las más graves y quizás la menos discutida. El dióxido de carbono (CO2) responsable del calentamiento global permanece en la atmósfera durante muchos miles de años. Se estima que el 40% del CO2 emitido por los humanos desde 1850 permanece en la atmósfera. Así, aunque China sea hoy el mayor emisor de CO2, lo cierto es que, si tomamos como referencia el periodo 1750-2019, Europa es responsable del 32,6% de las emisiones, Estados Unidos 25,5%, China 13,7%, África 2,8% y Latinoamérica de 2,6%. Cada vez es más evidente que la acción colectiva pedida por Guterres no puede dejar de tener en cuenta esta dimensión de la injusticia histórica (casi siempre superpuesta a la injusticia colonial).
Los modelos de desarrollo industrial vigentes desde finales del siglo XVIII se basan en la explotación ilimitada de los recursos naturales. Sus dos versiones históricas, el capitalismo y el socialismo soviético (entre 1917 y 1991), fueron muy similares en su relación con la naturaleza. El productivismo era la otra cara del consumismo, y ambos se basaban en un crecimiento económico infinito. Europa recurrió al colonialismo y al neocolonialismo para apropiarse de los recursos naturales que le faltaban y que abundaban en otras regiones del mundo. En éstas, las élites económicas y los Estados encontraron en la intermediación de la explotación de los recursos naturales una de las principales fuentes de su poder económico. Hasta hoy. En América Latina, este modelo económico se denomina actualmente neoextractivismo para distinguirlo del extractivismo que dominó durante el período del colonialismo histórico. En este continente está abierto el debate sobre la transición de este modelo de desarrollo a otro, ecológicamente sustentable, llamado Buen Vivir, expresión traída al debate por el movimiento indígena. Es éste el que más se ha destacado en la lucha por otra concepción de la naturaleza basada en la idea de que la naturaleza es la fuente de toda vida, incluida la vida humana, y por lo tanto debe ser respetada, so pena de cometer el “suicidio colectivo” mencionado por Guterres. Una de las principales líneas de fractura dentro de las fuerzas políticas usualmente consideradas de izquierda es entre quienes quieren mantener el modelo neoextractivista para generar recursos que mejoren las condiciones de vida de la mayoría de la población empobrecida; y aquellos para quienes este modelo no solo destruye la ya precaria supervivencia de las poblaciones en las regiones donde se explotan los recursos, sino también perpetúa el poder de las élites rentistas, agrava aún más la desigualdad social y produce el desastre ecológico.
En Europa, el debate parece limitarse a las modalidades de la transición energética. Cambiar los modelos de consumo no está en el horizonte. Es una ecología de los ricos que se satisface con coches eléctricos, siempre y cuando cada familia de clase media siga teniendo dos coches, olvidando, además, que las baterías de los coches eléctricos utilizan recursos minerales no renovables (litio). Para la perspectiva dominante, es anatema reducir el consumo no esencial o proponer una economía sin crecimiento.
Mencioné anteriormente que la crisis de la democracia y la crisis ecológica están vinculadas. La guerra de Ucrania, al implicar la profundización de la crisis de la democracia, implica también la profundización de la crisis ecológica. Basta tener en cuenta cómo la crisis de la energía fósil provocada por la guerra evapora todas las buenas intenciones de la transición energética y las energías renovables. El carbón ha regresado del exilio y el petróleo y la energía nuclear se están rehabilitando. ¿Por qué es más importante perpetuar la guerra que avanzar en la transición energética? ¿Qué mayoría democrática decidió en ese sentido?
(*) Traducción de José Luis Exeni Rodríguez.
(*)Boaventura de Sousa Santos es doctor en Sociología, portugués (*)

Para Bolivia tiene especial interés conocer el proceso constituyente chileno; he aquí una necesaria reflexión crítica. 
Por Iván Bustillos / 21 de agosto de 2022

Hoy Chile decidirá si ingresa o no a la narrativa del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano.
Por Farit Rojas Tudela / 4 de septiembre de 2022

Haciendo un balance del proceso, los beneficios superan ampliamente sus costos.
Por Omar Velasco Portillo / 21 de agosto de 2022
Con Eva y Santos hoy día no hay condiciones para hablar de una real renovación política.
Por Rodrigo Pacheco C
/ 28 de agosto de 2022 / 17:19
Las elecciones subnacionales de 2021 terminaron de moldear las características del proceso de reconfiguración del campo político que se presentó en el país durante los últimos años. De manera amplia, lo que estuvo en juego en ellas fue i) la posible consolidación de los liderazgos que emergieron o se revitalizaron al influjo de la crisis política de octubre y noviembre de 2019 y ii) la delimitación del campo de tensión dentro del Movimiento Al Socialismo. Recuérdese que, en el marco de las elecciones, se evidenciaron disputas internas en el MAS.
Así, específicamente, con los resultados de las elecciones subnacionales el campo político se ha reconfigurado de forma parcial en el departamento de La Paz y en el municipio de El Alto. Si bien la genéricamente denominada “oposición” mantuvo el control en ambos gobiernos, las anteriores figuras políticas fueron reemplazadas/desplazadas por nuevos actores que emergieron de la coyuntura de crisis política de 2019 y 2020. Como se sabe bien, aunque con particularidades propias, el liderazgo político de las autoridades electas de esas instancias, Eva Copa y Santos Quispe — este último amparado solamente en la figura de su padre, el líder indianista Felipe Quispe “Mallku”— emergió desde el campo “nacional popular”, en respuesta al bloque de poder representado por el gobierno transitorio.
Recuérdese que esos nuevos actores en el pasado fueron parte o tuvieron cierta cercanía con el MAS y ganaron las elecciones de 2021 en disputas electorales que no respondieron al eje ideológico “masismo vs. antimasismo”, utilizando como vehículo político-electoral a la agrupación ciudadana Jallalla, una organización política sin estructura, ideología y militancia, con la que rompieron relaciones al poco tiempo de ser posesionados como autoridades electas.
Ese fenómeno, principalmente en el caso de Eva Copa, causó expectativa en los analistas políticos y en amplias capas de la sociedad, en tanto que se vislumbró posibilidades reales de que se configure una alternativa al MAS desde el campo nacional popular.
Algunas de las reflexiones, expresadas por analistas políticos en distintos medios, en torno a las características de la actora —“Eva es la antítesis de Jeanine Áñez, pero también de Evo” (Galindo, 2019)—, de su liderazgo y legitimidad —“dispone de capacidad para interpelar al oficialismo desde posturas distintas a la oposición tradicional, así como de legitimidad para disputar la orientación del proceso de cambio” (Mayorga, 2021)—, de su proyecto —“en El Alto hay esperanza y proyecto, eso se llama Eva Copa” (Flores, 2021); “estamos ante un momento constitutivo de una variante del proceso de cambio claramente popular, menos burocrática y sobre todo, menos machista” (De la Fuente, 2020)—, y de su futuro político —“aparece en el firmamento político boliviano como uno de los liderazgos más potentes y con mayor proyección para la próxima etapa del país” (Paz, 2021)—, son indicativas de ello.
Sin embargo, pasado más de un año del cierre del ciclo electoral, esas expectativas parecen haberse diluido al influjo de algunas derivas a las que se vieron expuestas las figuras políticas en el marco del ejercicio de sus funciones como autoridades. Actualmente, son más las voces críticas sobre las autoridades electas que las tendientes a resaltar sus características y las proyecciones de su liderazgo político.
En ese contexto, la pregunta que parece tener mayor relevancia es si Quispe y Copa fueron solamente líderes políticos que le disputaron la representación de lo nacional popular y el poder político al MAS en términos electorales, o si se constituyeron en una suerte de renovación y/o recambio político más profundo para el campo político boliviano y, por tanto, para el campo nacional popular y su horizonte político.
El devenir de los hechos, pasado más de un año del evento político electoral, presenta algunas orientaciones para comenzar a desarrollar una respuesta. En el momento actual, puede ensayarse al menos una hipótesis en torno a la temática —que deberá ser sujeta a evaluaciones conforme el escenario político otorgue mayores insumos de análisis—: Copa y Quispe le disputaron al MAS el poder y la representación de lo “nacional popular” principalmente en términos electorales. De hecho, hoy día no existen las condiciones mínimas para poder hablar acerca de una renovación política profunda; Copa y Quispe no han generado un horizonte o proyecto político propio, tampoco configurado nuevas formas de pensar la sociedad o el Estado, y menos aún logrado posicionar nuevas identidades políticas que trasciendan el “antievismo” y el “aymarismo”.
Si ese es el caso y su disputa fue predominantemente electoral, las causas de ello son múltiples y requieren mayor análisis. Sin embargo, algunas de ellas responden tanto a las particularidades del momento político que vivió el país como a las dinámicas sociopolíticas e incluso electorales propias de los escenarios locales, que delimitaron un marco propicio para la consolidación política de estos actores, donde destacó por ejemplo: i) para el caso de Copa, la capitalización político/electoral de su posición distante con respecto a la “oposición tradicional” y al MAS, en un momento en el que la sociedad daba signos de buscar superar la polarización que revestía a todo el escenario político nacional; ii) para el caso de Quispe, el impulso electoral que le supuso el renovado capital político de su fallecido padre, así como el efecto polarizador de la segunda vuelta que le permitió capturar los votos “antimasistas” del electorado del departamento de La Paz; y, iii) para ambos, la capitalización político/electoral de los sentimientos de pertenencia e identidad colectiva configurados en El Alto y en las zonas rurales del departamento de La Paz a consecuencia de la violencia represiva —masacre de Senkata— y simbólica — quema de la wiphala— que se produjo en el marco del despliegue del proyecto de poder del gobierno transitorio.
Así, la comprensión de Copa y Quispe como liderazgos con la capacidad de trascender su éxito electoral y con posibilidades de diseñar proyectos políticos que signifiquen renovación y disputa de sentidos al MAS también parece haber sido más un fenómeno —¿una esperanza?— sintomático del momento sociopolítico que vivía el país, que algo con posibilidades reales de materializarse en el corto plazo. Recuérdese que la coyuntura de crisis ocurrida en 2019 y 2020 y la dinamización del campo político acaecida en ella activaron la idea de que en el país concluía radicalmente un ciclo político e iniciaba otro. Como sucede con frecuencia, actores políticos, analistas y amplias capas de la sociedad civil en general, proyectaron el nuevo ciclo de acuerdo a sus anhelos, intereses e inquietudes.
 (*)Rodrigo Pacheco C. es politólogo

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