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BOLIVIA

Reclamo sin sentido en Bolivia por la distribución de las regalías petroleras entre los departamentos de Tarija y Chuquisaca. – AméricaEconomía

El incremento en los ingresos petroleros generado por este campo se ha convertido en una fuente de conflicto entre los departamentos de Chuquisaca y Tarija, bajo el argumento del Gobernador tarijeño Oscar Montes, quien afirma que la empresa DeGolyer & MacNaughton se habría prestado a jugar en contra de los intereses de su departamento. Sin embargo, no puede resultar tan sencillo descalificar a una de las empresas certificadoras de campos petroleros más serias del mundo.
El campo Margarita-Huacaya, ubicado en los departamentos de Chuquisaca y Tarija, pertenece al área de contrato “Bloque Caipipendi”, operado por la empresa Repsol Bolivia S.A. Mediante Resolución Ministerial, emitida por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, corresponde a la petrolera YPFB contratar una firma especializada de prestigio internacional que realice el estudio de factor de distribución entre los departamentos de Chuquisaca y Tarija.
La empresa DeGolyer & MacNaughton (D&M), contratata para realizar el estudio, cuenta con más de 150 profesionales a nivel global, entre los que se encuentran ingenieros, geólogos, geofísicos, petrofísicos, estadistas y economistas, entre otros. Además, posee una trayectoria de 80 años de historia y dirige proyectos de LNG en Argelia, Angola, Australia, Egipto, Indonesia, Nigeria, Noruega, Perú, Rusia, y Yemen. Por si fuera poco, ha realizado estudios en 102 países, entre los que destacan Arabia Saudita y Estados Unidos.

Las operaciones de esta empresa son tan grandes a nivel global que es muy poco probable que se preste a hacer un estudio manipulado para perjudicar a Tarija. La acusación del Gobernador Montes es especulativa y responde simplemente a la necesidad de oponerse para demostrar que ha hecho algo al respecto, pero en realidad solo está perjudicando al país y a su departamento, toda vez que este reservorio es de mucho beneficio para el departamento de Tarija: las regalías petroleras de este departamento se incrementarán en 63 millones de dólares durante la gestión 2022.

Tarija es el departamento más beneficiado del país por regalías, y el campo Margarita-Huacaya fortalece esa condición. Chuquisaca también recibirá un incremento en sus ingresos petroleros como consecuencia este nuevo descubrimiento, y no así de quitarle recursos a otro departamento.
La empresa DeGolyer & MacNaughton Corp (D&M) presentó a los representantes y equipos técnicos de las gobernaciones de Tarija y Chuquisaca el informe final del “Estudio técnico del campo Margarita-Huacaya”, para determinar la existencia o no del o los reservorios compartidos entre ambos departamentos y/o actualizar el factor de distribución, en el marco de la normativa vigente.

Los acuerdos son el paso más importante hasta ahora para implementar acuerdos que pusieron fin a semanas de protestas antigubernamentales a principios de este año.
La moratoria se aplicará a bloques en las provincias amazónicas de Pastaza y Morona Santiago, donde no ha habido exploración o producción de petróleo anteriormente | Reuters
Quito. El gobierno de Ecuador y los líderes indígenas firmaron el viernes un acuerdo para declarar una moratoria temporal en el desarrollo de 15 bloques petroleros y suspender nuevos contratos mineros hasta que se establezca una ley sobre consultas comunitarias previas.

Los acuerdos son el paso más importante hasta ahora para implementar acuerdos que pusieron fin a semanas de protestas antigubernamentales a principios de este año.
El presidente Guillermo Lasso, un exbanquero conservador cuya viabilidad de gobierno fue puesta a prueba por las manifestaciones, abrió el diálogo de 90 días con líderes indígenas de tres grupos en julio para discutir los detalles de los acuerdos.

Las manifestaciones dejaron al menos ocho muertos y afectaron severamente a la industria petrolera. Las protestas forzaron recortes en los precios de la gasolina y el diésel, e impulsaron al gobierno a implementar subsidios a los fertilizantes y otras medidas que, según las autoridades, costarán 600 millones de dólares.
La moratoria se aplicará a bloques en las provincias amazónicas de Pastaza y Morona Santiago, donde no ha habido exploración o producción de petróleo anteriormente.
Tendrá una duración de al menos 12 meses mientras se elabora una ley para regular un proceso de aprobación comunitaria con aportes de líderes indígenas.

El gobierno también se comprometió a suspender la entrega de nuevos títulos mineros y licencias ambientales hasta que se establezca una ley similar para ese sector.
«Hemos tenido acuerdos y también desacuerdos, pero eso es diálogo», dijo a los periodistas el ministro de Energía y Minería, Xavier Vera. «Las negociaciones están funcionando y estamos escuchando».
Los grupos indígenas habían pedido una moratoria sobre el desarrollo petrolero en áreas ambientalmente sensibles y alrededor de su territorio. También exigieron la suspensión definitiva de la minería.
Lasso asumió el cargo el año pasado prometiendo un aumento en el petróleo y la minería para apuntalar las atribuladas finanzas del país y crear empleos.

Las discusiones sobre precios máximos para docenas de bienes y otros temas también terminarán el viernes sin acuerdos, mientras que las negociaciones sobre reforma laboral, educación superior y seguridad comenzarán el lunes y durarán un mes.
«Hemos solicitado el inicio del proceso de extradición, nuevos procesos de extradición contra el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, por el caso Operación Atlantic (…) También contra Nervis Villalobos», dijo el fiscal general, Tarek Saab, en una declaración en la televisión oficial.
La investigación se inició luego de que el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, solicitó en agosto al Ministerio Público indagar sobre acuerdos financieros que datan del 2012 con una empresa llamada Atlantic.| Reuters
La fiscalía venezolana dijo el viernes que solicitó la extradición del exviceministro de energía eléctrica, Nervis Villalobos, y que inició un nuevo proceso contra el exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, por su presunta vinculación a un caso de corrupción.
La investigación se inició luego de que el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, solicitó en agosto al Ministerio Público indagar sobre acuerdos financieros que datan del 2012 con una empresa llamada Atlantic.
Ramírez y Villalobos solicitaron a la compañía Atlantic un financiamiento en bolívares pagado en dólares por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en momentos que en el país había un control de cambio. Los fondos en moneda local nunca entraron a las arcas de la petrolera, generando un daño a PDVSA de unos 5.000 millones de dólares, según la denuncia de la Fiscalía.

«Hemos solicitado el inicio del proceso de extradición, nuevos procesos de extradición contra el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, por el caso Operación Atlantic (…) También contra Nervis Villalobos», dijo el fiscal general, Tarek Saab, en una declaración en la televisión oficial.
La solicitud de la Fiscalía es tramitada ante los tribunales venezolanos y luego por el Tribunal Supremo antes de llegar a la cancillería, que es la que comunica la petición a Italia y a España, donde están radicados Ramírez y Villalobos.

Ramírez, quien también fue presidente de la petrolera estatal, había dicho a Reuters en agosto que las acusaciones de El Aissami eran «completamente falsas» y que las pruebas de todas las transacciones financieras durante su mandato fueron auditadas.
Reuters no pudo contactar de inmediato a Villalobos.
Por el caso fue detenido recientemente el exvicepresidente de Finanzas de PDVSA, Víctor Aular.
El fiscal agregó que la solicitud respecto de Ramírez es por el nuevo proceso de Atlantic. Ya Italia negó en enero pasado una petición anterior contra Ramírez por otro caso..

En 2017 un familiar de Ramírez, Diego Salazar, fue detenido en Caracas después que la autoridad financiera de Andorra intervino la Banca Privada de Andorra (BPA) a raíz de una denuncia de Estados Unidos por presuntas malas prácticas, que involucran el lavado de unos 4.200 millones de dólares de fondos de Venezuela.

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