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BOLIVIA

‘Reductio ad absurdum’ – La Razón (Bolivia)

Saturday 20 Aug 2022 | Actualizado a 01:30 AM
Voces
Saturday 20 Aug 2022 | Actualizado a 01:30 AM
Por Sergio Medina
/ 20 de agosto de 2022 / 01:29
El 12 de agosto pasado, el columnista Fernando Flores Zuleta publicó en LA RAZÓN sus impresiones respecto a que la búsqueda de reforma judicial por iniciativa ciudadana sería nada más que una excusa para “empoderar a ciertas clases políticas de tecnócratas de la burguesía en la administración de la Justicia” (sic).
Flores comete sin embargo una serie de errores y falacias lógicas en su razonamiento que es necesario señalar.
El primer error es el de dar el salto lógico de la afirmación del Grupo de Juristas Independientes de que el sistema judicial no sirve (verdad de perogrullo que hasta el propio Gobierno reconoce) a la afirmación de que en consecuencia su reforma implicaría empoderar a “grupos de derecha”. Esta es una falacia de tipo non sequitur, en la que no se entiende, ni se hace el menor esfuerzo por tratar de explicar cómo lo segundo es consecuencia de lo primero.
En el mismo párrafo, el columnista además confiesa que de lo que se trata, al menos para él, es de una lucha política por el dominio de los órganos del Estado, es decir, aboga por la posición peregrina de que la separación e independencia de los poderes públicos es algo malo, un invento “de la derecha neoliberal”. Si bien puede entenderse que, desde ciertas perspectivas ideológicas, la más importante de ellas la marxista y en especial su aplicación leninista, esta separación de poderes puede entenderse como una creatura de las revoluciones liberales burguesas emergentes de la Ilustración (es decir, más de dos siglos antes de que se invente si quiera el neoliberalismo), la alternativa que ofrece esa línea ideológica es la “dictadura del proletariado”, es decir, la muerte de la democracia como la conocemos. Este será posiblemente el escenario deseado para algunos bolivianos, pero dudo que lo sea para la mayoría, pero en todo caso, ese sí sería un cambio mayúsculo a la Constitución, que requeriría una Asamblea Constituyente nueva, pues requeriría la modificación del artículo 12 al menos.
Juzgará asimismo el autor si esto proviene de una “campaña de descrédito a la administración de Justicia”, lo cual raya en la paranoia. Cualquier persona que haya tenido la mala suerte de pisar un tribunal boliviano sabe que la administración de justicia se desacredita sola a diario. Esta afirmación requiere por tanto de evidencia, algo que demuestre que, en realidad, el sistema funciona adecuadamente y que los medios publican libelos difamatorios. Invito al autor de la columna referida a que ofrezca tales evidencias y haga la denuncia como corresponde.
La siguiente falacia en la que incurre Flores tiene que ver con una afirmación de tipo ad hominem, por la que se busca atacar no a los argumentos de la parte opuesta, sino a las personas que los promueven. Así, ataca a José Antonio Rivera, que cualquier abogado de medio pelo reconocerá es una verdadera eminencia del Derecho, pero además con una acusación que encuentro jocosa: lo acusa de “copiarse” de Juan del Granado, por cierto responsable del único juicio de responsabilidades exitoso de la historia boliviana, cuando Del Granado forma parte del Grupo de Juristas y la propuesta se hizo en conjunto, ¡por lo cual es pues lógico que repliquen la misma propuesta!
Y aquí es donde Flores comete la peor falacia de todas las identificadas: Asume que la independencia de los jueces y magistrados, la asignación de mejor presupuesto, la devolución de atribuciones importantes al Consejo de la Magistratura, la revalorización de la justicia indígena originaria campesina y el establecimiento de jueces de paz vecinales se reducen solamente a la selección de magistrados, tras el fracaso ciertamente estrepitoso del sistema de elección directa establecido en 2009. Esta es una falacia de tipo reductio ad absurdum, conocido también como falacia del hombre de paja, por lo cual se busca simplificar el argumento del oponente hasta su expresión más cuestionable, e intentar hacer creer al lector que la totalidad del argumento opuesto es por tanto absurda. Por cierto, no lo es, de cualquier manera: la necesidad de tener un proceso de selección y nombramiento de jueces que impida los niveles de interferencia político-partidaria y devuelva la confianza ciudadana en el sistema es de vital importancia para la supervivencia de nuestra democracia.
En todo caso, celebro que se pida una contrapropuesta “desde el ámbito popular y de clase”, sería muy interesante leerla y analizarla. Por el momento, me quedo con la única propuesta viable que hay.
Sergio Medina es abogado.
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